Ilarraz y Pacayut, dos casos que esperan el fin de la feria judicial

Después de la feria de la Justicia, que concluye el viernes 26, el centro de todas las miradas judiciales estará puesto en las decisiones que tome la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, que tiene que resolver en torno de la causa contra el cura Justo José Ilarraz, acusado de abuso sexual; y de Félix Abelardo Pacayut, el exlegislador condenado por corrupción, quien estaría imposibilitado por enfermedad de ir a la cárcel a cumplir la pena.

El inicio de la feria judicial extendió las resoluciones que deberán tomar los camaristas Miguel Giorgio, José María Chemez, Hugo Perotti y el juez Correccional, Daniel Malatesta (integra la Sala pero solo en el caso Pacayut).

Apelación
El viernes 13 de junio se realizó la audiencia de Apelación solicitada por los abogados del sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de menores que iniciaban la carrera religiosa en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1984 y 1994.

La investigación judicial endilga a Ilarraz el delito previsto en el artículo 125 del Código Penal, bajo el rótulo Promoción a la corrupción de menores agravada, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión. Pero para la defensa del cura ese delito ya prescribió, por cuanto han transcurrido más de 20 años entre los hechos y la denuncia que fue realizada en setiembre de 2012 por la revista Análisis.

Tras la resolución del juez de Instrucción Alejandro Grippo de rechazar el planteo de prescripción, los abogados Jorge Muñoz y el Juan Ángel Fornerón, que ejercen la defensa de Ilarraz, cuestionaron la argumentación de Grippo para mantener abierto el expediente. “No son delitos contra los derechos humanos”, sintetizaron los letrados, que consideran que se está hablando de abusos y no de delito de lesa humanidad. Una vez más, Fornerón y Muñoz pidieron el sobreseimiento del sacerdote.
Este planteo fue rechazado por el fiscal Rafael Cotorruelo, quien destacó la tarea del juez de Instrucción, y afirmó que la resolución se ajusta a la actualidad del Derecho Penal. El fiscal sostuvo que “son graves violaciones a los derechos humanos y no delitos de lesa humanidad”. El próximo paso, sea cual fuese la resolución, será ante el Superior Tribunal de Justicia.

La causa no se ha detenido a pesar de que hay una apelación por resolver. Durante los días previos a la feria judicial, el juez Grippo escuchó al vicario general de la diócesis de Concordia y exvicerrector del Seminario Arquidiocesano de Paraná, Alfonso Frank, quien confirmó los abusos. En 1995 en la iglesia San Cayetano citaron a declarar a una de las víctimas contó el testigo que ofició de escribiente, mientras que Silvio Fariña Vacarezza era el oficial de Justicia.
Frank explicó cuál fue su intervención en el caso y confirmó lo que dice en las actas: que escuchó la confesión de la primera víctima que habló. Corría 1995. Después aseguró que no tuvo más participación.

Ilarraz está acusado de abusar de menores cuando ejerció en el Seminario el cargo de prefecto de Disciplina y director espiritual de menores pupilos. La defensa apuesta a que la causa se declare prescripta por el paso del tiempo. Sin embargo, hasta el momento esto parece que no será así. Los querellantes reclaman que Ilarraz ya sea indagado.

Exámenes médicos
El 27 de junio, la Sala Primera de la Cámara Penal de Paraná, integrada por Giorgio, Perotti y Malatesta, resolvió la integración de una Junta Médica que se integrará por dos profesionales médicos con especialidad en cardiología y un médico clínico, conforme a la lista de peritos inscriptos en la Mesa Única Informatizada.

La misma tendrá por objetivo dejar debidamente aclarado, en función de la enfermedad o dolencia física que padece el condenado Abelardo Pacayut, si su alojamiento en un establecimiento carcelario le impediría recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia. La Junta tendrá un plazo de 10 días corridos, a partir de su conformación para emitir su dictamen.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de Pacayut a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva impuesta oportunamente por la Sala I de la Cámara Penal de Paraná.

La resolución se tomó haciendo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal a fin de no consagrar un posible privilegio en favor del condenado por su estado de salud. También se impuso al condenado, como medida cautelar, la prohibición absoluta de salida del país y de alejarse de la jurisdicción del tribunal.
Además se intimó a los condenados Abelardo Félix Pacayut y Ruth Klein, al pago de la multa establecida. Entre Pacayut y su mujer tienen que pagar unos 65.000 pesos.
La situación del exhombre fuerte de la política entrerriana es muy compleja porque en diciembre de 2012, junto a su hermano y otros cinco procesados fue condenado por el desvío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a la construcción de la terminal fluvial de puerto Ibicuy. En caso de quedar firme el fallo de los ATN tendrá dos condenas por cumplir en la cárcel.

Coimas en el Senado

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) reanudará una vez culminada la feria, el juicio oral contra el expresidente Fernando de la Rúa (1999/2001) por el escándalo de los supuestos sobornos en la Cámara alta en 2000.

El TOF3 quiere determinar si, como sostiene la Fiscalía, el gobierno de De la Rúa pagó 5 millones de pesos/dólares para que en abril de 2000 senadores peronistas votaran a favor de la Ley de Flexibilización Laboral.

De la Rúa, su exministro de Trabajo Alberto Flamarique, el extitular de la SIDE Fernando De Santibañes y el “arrepentido” ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto están acusados de pagar los sobornos, mientras los exsenadores peronistas Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda están imputados de haberlos cobrado.

El proceso contra Emilio Cantarero, el exsenador cuyo nombre inició la causa, fue suspendido por cuestiones de salud del imputado. Y otro acusado, el exjefe de los senadores radicales José Genoud, se suicidó.

Hasta ahora todos los imputados han negado la existencia de los sobornos y también varios de los testigos, algunos de ellos ex funcionarios, e incluso el expresidente Eduardo Duhalde, quien aseguró que tenía “la convicción de que ese hecho no existió”.
El testimonio más comprometedor lo aportó el camionero Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo y encargado de oficializar que esos presuntos sobornos habrían ocurrido en aquel momento.