Una lección para la discusión del narcomenudeo

El mes pasado el gobernador Gustavo Bordet anunció el envío a la Legislatura de un nuevo proyecto de ley sobre narcomenudeo. Como el narcotráfico es un delito federal, se requiere esta norma para que la Provincia pueda atacarlo en el nivel de los kioscos de droga. Para ello hay que derogar el fiasco de 2014 que terminó en una declaración de inconstitucionalidad por parte del juez federal de Paraná Leandro Ríos que nadie cuestionó, salvo declaraciones mediáticas.

Para la Policía de Entre Ríos, tal legislación sería de utilidad para dar respuesta al reclamo de vecinos sobre los que venden a la vista de todos, pese a que el kiosco que se desbarata sea reemplazado en horas.

En la Justicia provincial esperan que la nueva ley permita crear un área específica para la persecución de la venta de droga en baja escala. Esto demandaría más dinero de los entrerrianos para cargos e infraestructura para las investigaciones: una nueva caja para una finalidad cuestionada, cuyos resultados son de dudosa efectividad.

A su vez, existe otro riesgo que nadie admite públicamente, pero sí muchos lo hacen en privado: que integrantes de la Policía utilicen esta facultad para voltear un kiosco en beneficio del competidor; o que les otorgue más poder y acceso a información calificada que podría ser utilizada por algunos con fines ilícitos. El reciente juicio a la banda llamada de los "narcopolicías" evidenció que afirmar esto no es descabellado y que las internas policiales están a la orden del día.

La realidad señala que detener al transa de la cuadra no resuelve nada de fondo. Puede solucionar una coyuntura complicada que exceda a la venta de droga, como la violencia. Como el caso de Pokemon, uno de los tantos vendedores del barrio Paraná XVI, cuya bandita andaba a los tiros a diario. Pero los kioscos siguieron abiertos las 24 horas.

Ahora, hubo dos hechos que hirieron de gravedad la nueva iniciativa. Primero, la investigación del Juzgado Federal de Paraná y la Delegación de la Policía Federal que desbarató la banda de los Celis, luego de muchos años de impunidad. La clave fue apuntar lo más alto posible en la cadena de mando de la organización, con una pesquisa a largo plazo, tareas de inteligencia e interceptaciones telefónicas, con la dinámica necesaria para no perderles el rastro. Con los escasos recursos con que cuenta la Justicia Federal se logró mucho, y dicen que esta historia aún no terminó. A la vista queda que en esto sí vale la pena invertir nuestros recursos. Una verdadera lección, como las que se dieron antes con el caso de el Gordo Nico Castrogiovanni, o el de Hugo Ceola- Cachete Viggiano (¿Barrientos?), estos últimos en una investigación de la Dirección Toxicología provincial. Segundo, el proyecto de ley que presentó el senador nacional entrerriano Pedro Guastavino para derogar la ley que facultaba a las provincias perseguir el narcomenudeo. El legislador peronista admitió, una década después de la sanción de aquella ley, el fracaso de la misma en las provincias donde se implementó. ¿Insistirán los distintos sectores políticos de la provincia en perseguir el eslabón débil de la cadena narco? ¿O pondrán energías en reclamar los recursos e instrumentos necesarios para golpear bien arriba?

PD: La política sanitaria del Estado en la asistencia a quienes padecen adicciones es ínfima, casi testimonial.