¿Otra policía más para el narcotráfico?

Recientemente, la diputada provincial Ayelén Acosta (PRO) presentó un proyecto de Ley para crear la Fuerza Policial Antinarcotráfico. La iniciativa pretende que esta nueva policía dependa de la Procuración General y se dedique a la “prevención, disuasión, conjuración e investigación” del narcomenudeo, y eventualmente sirva a otras causas por delitos relacionados al narcotráfico por convenio con la Justicia Federal.

Si hay algo para destacar, es que alguien con un cargo público pretenda que se discuta a nivel provincial una problemática anulada e ignorada en los discursos en el debate político e institucional. Más allá del definido aroma proselitista de la iniciativa, es un punto a favor. Los gobiernos se han desentendido del crecimiento del narcotráfico, la estrepitosa caída de investigaciones y causas judiciales que desbaraten grandes organizaciones y sus multi millonarias inversiones y la pandemia de adicciones que se sufre en miles de familias, y pretenden justificar una política al respecto con el ataque al narcomenudeo, que ha demostrado su fracaso ante la creciente propagación de la oferta de drogas.

Sin embargo, la propuesta de Acosta va en el sentido opuesto a las necesidades que la provincia y sus habitantes tienen en cuanto a esta problemática. Es más de lo mismo: la receta represiva contra los más pobres, sin tocar los grandes intereses detrás del mercado de drogas.

No se observan malas intenciones detrás de este proyecto de Ley, sino, con el mayor de los respetos, el gran desconocimiento que la dirigencia política entrerriana tiene sobre un problema que tiene medio siglo de historia en el mundo, que ya ha demostrado cuáles son los caminos equivocados para solucionarlo y cuáles los posibles rumbos para enfrentarlo: menos armas y más salud y oportunidades.

En una provincia donde ya no hay casi nadie que no tenga un familiar, amigo o conocido que sufra el drama de las adicciones y sus consecuencias, que prefiere barrer bajo la alfombra a sus víctimas y que no da respuesta suficiente desde el sistema de salud, no puede seguir siendo un uniformado con una pistola la única presencia del Estado en los territorios donde más se padece este drama.

Por otro lado, se puede recordar que la Policía provincial tiene una Dirección Toxicología y divisiones en cada Departamento, con efectivos suficientemente formados para investigar a los narcos de cada lugar. También hay delegaciones de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina.

¿Para qué sumar gasto público en una nueva estructura policial cuando, insisto, es una miseria lo que se destina a prevención y recuperación del daño que causa a la salud pública?

Si el narcotráfico crece, a esta altura el problema no es policial, sino, en primer lugar, político y, en segundo, judicial. No se están utilizando los recursos humanos y logísticos para atacar a los grandes proveedores de droga ni mucho menos al delito de lavado de activos provenientes de ese mercado cuyas ganancias abruman. Venimos perdiendo tiempo, recursos y, sobre todo, víctimas, con la persecución a los más débiles, obstruyendo las investigaciones hacia los poderosos del negocio, que resultan impunes. Este ha sido el resultado de la Ley de Narcomenudeo, en Entre Ríos y en las demás provincias donde se ha implementado, como Córdoba y Buenos Aires.

El abogado paranaense y responsable del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo, publicó un artículo en Revista Mate donde desmenuzó el proyecto de Ley de Acosta y, entre otras cosas, explicó: “Entre las normas del proyecto encontramos facultades delegadas a las fuerzas que la historia y la experiencia demuestran prejuiciosos: atropellos e invasiones desmedidas a la intimidad, injustificadas o justificadas exclusivamente en el “olfato policial”, que se traducen en demoras y arrestos basados en estereotipos de clase, de raza o condición socioeconómica”.

Y acerca de las consecuencias de lo actuando en la provincia desde 2018, sostuvo: “El limitado campo de acción que tienen las competencias provinciales impide extender la investigación a toda la trama interviniente en un posible ‘kiosco’ de droga, como los distribuidores mayoristas de las sustancias. Esto genera un círculo vicioso que funciona de la siguiente manera: se buscan a las personas de más bajos recursos para la distribución minorista y una vez atrapadas por el sistema penal, son fácilmente fungibles o intercambiables por las estructuras más organizadas. Al mismo tiempo, es extraño que la investigación ascienda sobre el resto de los eslabones de la cadena”.

Entonces, en buena hora que la Legislatura provincial empiece, al fin, a discutir esta problemática; pero piensen, lean, conversen y averigüen antes de levantar la mano.