La mayoría de las mujeres que están encarceladas en Entre Ríos cumplen penas o están con prisión preventiva por delitos de narcotráfico o narcomenudeo. No es un dato sorprendente ya que es la realidad que se repite en todo en el país. Lo que sí pareciera ser una información para que las autoridades tomen cartas en el asunto es que casi todas ellas fueron alcanzadas por el accionar punitivo del Estado mientras cumplían un rol totalmente fungible dentro del gran negocio de las drogas: el transporte de drogas, así como la venta al menudeo en un contexto de pobreza.
Mujeres, narcotráfico y cárcel
Por José Amado
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
Dieron domiciliaria a una mujer procesada por vender drogas en Gualeguay.
Este encarcelamiento “a un ritmo inquietante” fue advertido por la Organización de Estados Americanos respecto de la situación en Latinoamérica. Y se puede constatar, por ejemplo, en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, donde hace una década la población femenina rondaba las 35 personas y hoy supera las 90.
El fallo en el que la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná Noemí Berros dictó el sobreseimiento de una mujer que estaba procesada por almacenamiento de droga que su pareja le había “aguantado” a un narco de Concordia (cuya noticia fue publicada por UNO el domingo), cita el informe titulado “Mujeres, contrabando de estupefacientes y vulnerabilidad. Análisis de jurisprudencia”, en el cual se señala que “conforme los datos arrojados en el año 2017 por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), los delitos vinculados con la normativa sobre estupefacientes cometidos por mujeres ascienden a 1.718. Le siguen en frecuencia el robo y/o tentativa: 696 y los homicidios dolosos: 479”.
El trabajo de Patricia Guzmán, Silvia García de Ghiglino, Alejandra Zarza y Delfina De Césare se concentra en particular en el delito de contrabando, teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres, tanto argentinas como extranjeras, que son detenidas tanto al ingresar drogas en el norte del país como en las rutas hacia los grandes centros urbanos, como sucede en Entre Ríos en la 14 o la 12.
Al respecto, mencionan: “Es evidente que las mujeres participan, a diferencia de los varones, casi exclusivamente en su traslado con el propósito de introducirlos o sacarlos del país a cambio de una pobre retribución. Ello así, este colectivo se ubica en uno de los últimos eslabones de la cadena, y por ende, el que se encuentra en un nivel de mayor vulnerabilidad dentro de las redes internacionales del tráfico de sustancias ilícitas. Son las que adquieren mayor visibilidad y quedan detenidas, pero al carecer generalmente de información son personas totalmente fungibles, su trabajo puede ser hecho por otras, quedando generalmente impunes las personas incluidas en los niveles más altos de las organizaciones dedicadas al narcotráfico”.
Asimismo, más allá del rol que cumplan o el tipo de delito por el cual fueron encarceladas, mencionan que la pobreza y la indigencia las ubica en una posición en la cual sufren un castigo mayor: “La situación de pobreza es un indicador de vulnerabilidad que puede estar presente tanto en varones como en mujeres comprendidos en el último eslabón de la cadena del narcotráfico ya mencionado, pero en ellas se da el agregado del rol que desempeñan en virtud de su género, que las posiciona en un lugar de discriminación en una sociedad aún patriarcal. Surge de los informes del Indec que más de siete de cada 10 personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres, lo que da cuenta de la feminización de la pobreza”.
El caso mencionado sucedido en Concordia en agosto de 2022, por el cual detuvieron a la mujer junto a su pareja, un hachero a quien le pagaron 35.000 pesos para guardar unos 10 kilos de marihuana, reflejó este panorama. Allí se ponderó el contexto de familia patriarcal en la cual el hombre tuvo el dominio de la situación (incluso él se hizo cargo de la droga y desvinculó a su mujer) donde la esposa no tenía ninguna chance de oponerse a la decisión de guardar la droga en la vivienda.
Asimismo el informe, que analiza distintos casos del país, subraya que las mujeres enfrentan más dificultades de resocialización que los varones a la hora de conseguir trabajo luego de atravesar una condena carcelaria.















