La estadística de la violencia de género en la Corte

La Oficina de Violencia Doméstica recibió durante el último año 15.246 denuncias en las que la mayoría de las víctimas, un 76%, son mujeres. Los datos del organismo de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que desde su creación, en 2008, atendieron casi 130.000 casos. Del total de casos denunciados desde setiembre de 2016 a igual mes de este año más de la mitad fueron calificados como de riesgo medio y moderado, y un 35% como alto o altísimo, de acuerdo a consideraciones de la agencia de noticias Télam divulgadas ayer. De las denuncias de violencia familiar efectuadas en los últimos 12 meses, 768 fueron presentadas por mayores de 60 años que, en seis de cada 10 casos, cohabitan con la personas que las agredieron. Las denuncias de mujeres por violencia familiar (76%) se reparten entre mayores y menores de edad, mientras que del 24% restante en casi dos de cada tres casos la agresión fue contra niños.

En ese contexto, también ayer se supo que diputados del socialismo y de Libres del Sur presentaron un proyecto para contemplar la licencia por violencia de género, que propone otorgar de tres a 30 días hábiles administrativos por año a las mujeres afectadas, con percepción íntegra de sus haberes en ese lapso. La licencia podrá pedirse incluso para casos de violencia intrafamiliar o al interior de las fuerzas armadas y de seguridad, acompañando el pedido siempre de una denuncia policial o el inicio de un sumario administrativo, según corresponda, de acuerdo a los fundamentos del proyecto. En el primer caso, la licencia se otorga por un plazo de tres días hábiles con un máximo de 30 días hábiles administrativos por año calendario, que serán definidos en base a la evaluación del personal médico y psicológico de los centros de atención y asistencia a la víctima.

Si bien en 2009 se sancionó la Ley Nº 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los diputados reclaman ahora ampliar la norma y avanzar, por ejemplo, en un esquema universal de licencias que promueva la coparentalidad, como un sistema de cuidados federal o la creación de lactarios en todos los espacios en donde trabajen.