En marzo se inaugurarán las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El artículo 63 de la Constitución Nacional establece que el periodo legislativo ordinario va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, independientemente que el presidente pueda prorrogarlo o convocar a sesiones extraordinarias, atribuciones expresadas en el artículo 99 de la Carta Magna. Durante ese espacio temporal se redactan, analizan y debaten -en comisiones y en el recinto- los proyectos de ley para regir la vida pública del país y de los ciudadanos, y es el período en el que trabajan los diputados y los senadores nacionales, en representación de la ciudadanía.
El trabajo de representar al pueblo
Ahora bien, en 2022, principalmente por la polarización política agigantada por “la grieta”, los numerosos desacuerdos políticos y la falta de mayorías parlamentarias, los quorum fueron más bien escasos y el resultado legislativo fue de una “sequía” comparable con la ambiental.
Según datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el desempeño global parlamentario promedio decreció en la última década. En efecto, el período de sesiones ordinarias de 2022 fue el de menor producción de leyes desde 1983, con solo 36 textos sancionados entre ambas cámaras. En tanto, el año de mayor producción fue 2014, con 191 leyes sancionadas. Si se analizan los datos de los últimos cinco años, el promedio fue de 54 leyes al año, el peor número desde el retorno de la democracia. Entre los motivos de esta tendencia se señalan la falta de mayorías necesarias para que las iniciativas sean votadas y lleguen a ser ley y, relacionado a este punto, la falta de acuerdos o alianzas para lograr quorum en un ámbito que es esencialmente de negociaciones y concesiones políticas. Esta cuestión se acentúa en los períodos electorales donde cada quien hace su juego, sin importarles las necesidades del pueblo. Por el contrario, muchas veces la agenda legislativa se enfoca en cuestiones sectoriales e inoportunas que poco tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a la población representada. Otro punto fundamental es la escasa “producción legislativa”; hablando mal y pronto, la falta de trabajo de los legisladores y del propio Poder Ejecutivo Nacional, que también envía proyectos para debatir y sancionar.
El Senado, por ejemplo, con 72 integrantes, tuvo escasa actividad en el recinto durante 2022: se reunió 13 veces -contra 31 sesiones realizadas en 2020- en un período en que los “temas estrella” fueron el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y el atentado a la vicepresidenta. Y hubo hasta una fractura de bancada oficialista. En todo 2022 hubo una sola sesión ordinaria con un frondoso orden del día, pero quedaron pendientes de aprobación varios proyectos sociales que venían con media sanción de Diputados.
Por su parte, la Cámara baja, con 257 bancas, sesionó 14 veces. En el informe anual del Índice de Calidad Legislativa elaborado para Parlamentario figuran los diputados que más hablaron en el recinto, y los que menos. Muchos solo abrieron la boca para votar. Una diputada tiene un conteo de dos palabras en todo el año: “Sí juro”. Otra, acumula un récord de tres años sin pronunciar palabra.
El trabajo de representar al pueblo es bastante bien pago, si se lo compara con cualquier sueldo. Sus dietas, esas que muchos ganan sin que se les conozca la voz- fueron descongeladas en noviembre de 2022 y tendrán actualización automática este año con la paritaria de los legislativos. Al operar el último aumento de 30% un diputado pasó a cobrar unos $457.000, más $30.000 de viáticos y $90.000 por desarraigo; y un senador $496.000, más $25.000 por gastos de representación y $74.000 por desarraigo. Si bien por descuentos de obra social y jubilación reciben menos en mano, es bastante más que lo que perciben muchos trabajadores que deben sostener dos o tres empleos para llegar a fin de mes.