Donde caen los muertos

A raíz de lo acontecido en el conourbano bonaerense con la cocaína adulterada que ya causó decenas de muertes y centenares de personas afectadas proliferan los debates sobre cómo encarar el problema, aunque lo que se escuche sea una mezcla de ignorancia y prejuicios.

El tema es muy sensible y requiere el más serio debate que otorgue la palabra a especialistas en el tema y a sus víctimas, y que propicie cambios en las leyes y en las políticas que rigen los incontables y transversales aspectos de esta problemática del sector de la Salud, judicial, policial, cultural, educativo y de los derechos individuales, sin caer en estigmatizaciones.

A las personas que consumen sustancias ilegales se las suele catalogar como delincuentes cuando el tema es muchísimo más complejo. Cuando se habla de adicciones hay mucha hipocresía respecto a lo que son sustancias legales e ilegales ya que los consumos problemáticos que encabezan las estadísticas como los mayores causantes de daños a la salud individual y social son el alcoholismo y el tabaquismo, productos de consumo legal. En tanto que las leyes que tiene como finalidad atenuar sus efectos no se cumplen. Basta con pasar de noche por algún kiosco de Paraná para ver cómo menores compran alcohol sin ningún tipo de restricciones, a pesar de las ordenanzas, y salen manejando autos y motos delante de los móviles policiales sin que nadie haga absolutamente nada, y aun cuando Paraná tiene tolerancia cero de alcohol al volante.

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Respecto de las drogas ilegales es necesario desmenuzar el actual sistema punitivista y la conveniencia -o no- de una legalización. Evaluar cómo funcionan sistemas legales en otros países y estudiar seriamente la viabilidad de crear uno propio, tomando en cuenta las características sociales, sanitarias y económicas de Argentina. Evaluando con seriedad y en base a estudios si con un sistema de producción, distribución y comercialización, con control de calidad como cualquier medicamento, con supervisión social y estatal, no se acabaría con las innumerables y desastrosas consecuencias de la delincuencia narco. Asimismo, y en paralelo, crear una red sanitaria y de contención social para asistir eficientemente a las personas con consumos problemáticos. Es decir, un Estado que no solo provea en forma segura la sustancia sino también que imparta educación sobre los riesgos de su consumo; que contenga y rehabilite a quienes caigan en excesos. Y en este punto, a no rasgarse las vestiduras, ya que nadie cuestiona que desde el Estado se den “consejos” a los ludópatas que dejan sus sueldos en los casinos de la provincia, por ejemplo.

Otro punto clave es hablar sobre el cumplimiento de leyes como la de Salud Mental (Ley Nº 26.657) y de Consumos Problemáticos (Ley Nº 26.934). Ésta última dispone tratamientos gratuitos a toda persona que caiga en conductas que afecten su salud física, psíquica o sus relaciones sociales y considera consumos problemáticos al alcohol el tabaco, las drogas, el juego, la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier otro consumo compulsivo y sin control, diagnosticado por un médico. Esta ley implica que se debe brindar tratamiento en efectores de salud públicos y que éstos deben estar cubiertos por obras sociales, en caso de tenerlas. Pero, en los últimos tiempos se escucharon muchos testimonios de familias que se quejan por la falta de centros de contención para estas personas y la soledad en la que luchan las familias buscando el camino de la rehabilitación.

Como ya se expresó el problema es muy complejo por lo que hay que debatirlo en todos los ámbitos y escuchar -en forma abierta y los más despojada de prejuicios posible- a quienes vienen estudiándolo desde distintas ramas del conocimiento para modificar de la mejor manera la Ley de Drogas que rige en Argentina desde el siglo pasado, ya que está perimida y avanza sobre derechos reconocidos en la reforma constitucional de 1994. E incluir en esa reforma integral a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) cuyo desempeño también está cuestionado.

Otro ítem de un eventual debate debería enfocarse en un modelo de reducción de riesgos y daños que no es tenido en cuenta en Argentina toda vez que el Estado incumple con leyes como la de Salud Mental y la de Abordaje de Consumos Problemáticos.

Por último, una discusión seria no puede soslayar al narcotráfico. Y en este punto cabe preguntarse si hay voluntad y espalda política para eso. A nadie escapa que la detención de “El Paisa” fue un circo mediático para aquietar las aguas y que este sujeto es un transa más de los que operan en cualquier barrio argentino. El narcotráfico necesita policías, funcionarios, jueces, fiscales, medios, bancos, financieras, desarrolladores, testaferros, lavadores y gobiernos. Los narcotraficantes invierten en campañas políticas y nunca van a la cárcel. En las celdas solo hay “soldaditos" o "mulas", gente pobre.

Es clave basarse en evidencia científica, en estadísticas en sus contextos, en estudios sobre la realidad territorial y las circunstancias económicas y socioambientales de los consumos problemáticos. Aplicar paradigmas para tutelar derechos, salvar vidas, mitigar los daños e ir solo contra los reales delincuentes. Como se dijo más arriba es una problemática sensible que genera rispideces. Y en Argentina es otro tema más que cae en la grieta, donde cada bandería política abreva agua para su molino y la preocupación central parece ser el lado de la General Paz en el que caen los muertos.