Narcomenudeo

Consumir drogas y vender para consumir

La problemática del consumo de drogas se cruza con la mayoría de los casos de narcomenudeo en la provincia.

Jueves 09 de Junio de 2022

El fin de semana concluyeron con allanamientos y detenciones dos investigaciones por narcomenudeo que se tramitaban en Paraná y en Victoria, con personajes conocidos y con antecedentes por venta de drogas en ambas ciudades. En la capital provincial se trató de Claudia Bernal, una mujer que desde hace un par de décadas reincide en el mismo delito (así como algunos de sus familiares); en la Ciudad de las siete colinas el arrestado fue el cantautor popular Arnoldo Valentini, más conocido como El Canoero. Ambas causas tienen en común un rasgo que se observa repetidamente en numerosas causas por narcomenudeo tramitadas en la Justicia provincial: los acusados son consumidores y reincidentes.

No son casos iguales. Por un lado, Bernal ha vendido drogas en Villa Mabel durante mucho tiempo, y ha pasado largos años en prisión. Nunca ocultó el problema del consumo de drogas. Y además, en la unidad penal la ingesta legal de psicofármacos no hace otra cosa que generar una nueva adicción. Ahora estaba con prisión domiciliaria por otra causa pendiente, y volvió a ser detenida por comerciar bochitas de cocaína con un kiosco de pantalla. Por otro lado, El Canoero aseguró (en la primera causa que tuvo en la Justicia Federal) que comenzó a consumir sustancias a partir de un padecimiento llamado enfermedad de Horton, que produce severos dolores de cabeza, entre otros síntomas. Cumplía la condena en su casa donde, según la acusación de la Fiscalía, continuaba vendiendo.

Ambos casos tienen imputados con esa característica regular que se observa en imputados de casi todos los procesos judiciales por narcomenudeo en la provincia: la adicción a las drogas (para otros llamada consumo problemático). Hace dos semanas asistí a una audiencia donde un muchacho de 32 años aceptó cuatro años de prisión por venta de dosis de droga al menudeo en Viale, y dijo que era consumidor habitual de esas mismas sustancias (además de arrastrar una historia trágica).

La Justicia definirá si cometieron el delito de venta de drogas, que tiene una pena mínima de cuatro años de prisión. Porque envenenar a la gente no se perdona por tener un padecimiento de salud mental. Pero el problema de la venta de drogas (que el Estado dice querer resolver) no parece menguar con la implementación de una ley provincial que ataca al eslabón más débil del fabuloso negocio del narcotráfico. De hecho, los números refieren lo contrario.

En cuatro años hubo, aproximadamente, 1.500 detenidos (35% mujeres); 1.300 allanamientos y otro tanto de intervenciones; secuestraron alrededor de 250 kilos de marihuana y unos 40 de cocaína, así como más de 20 millones de pesos, entre otros elementos. La inversión en el área Toxicología de la Policía provincial fue importante, se sumó equipamiento, se capacitó a policías, en los departamentos se crearon divisiones y se sumaron perros para la detección de drogas.

Un punto insoslayable a favor de la Ley de Narcomenudeo ha sido la disminución de los conflictos territoriales por la venta de drogas (más en Paraná que en Concordia). Pero que esos grupos dejen de tirarse tiros como antes no implicó necesariamente que dejen de vender drogas.

No obstante, la oferta de drogas en las calles nunca dismuniyó. Por el contrario, desde la pandemia aumentó. Fundamentalmente porque quienes abastecen esos kioscos de droga permanecen intocables y, conforme pasan los años, crecen, se multiplican y perfeccionan sus modos organizativos, sus estructuras económicas y sus estrategias financieras.

Mientras tanto, los que siguen cayendo son, mayoritariamente, aquellos cuyo primer contacto con las drogas fue el consumo, luego la adicción y, final y erróneamente optaron por vender para seguir consumiendo.

La respuesta del Estado sigue siendo penal, punitiva, en vez de sanitaria. Las políticas públicas para la atención a adictos está cada vez más relegada. Y en esto no tienen nada que ver las discusiones que surgieron en torno a la Ley de Salud Mental, porque ni siquiera alcanzan los lugares y los profesionales (que los hay y de alto nivel en la provincia) para dar una respuesta a la problemática.

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