La religiosa será indagada el próximo miércoles y la decisión judicial se tomó luego de las declaraciones de dos ex carmelitas, que confirmaron lo denunciado por la Revista Análisis de la Actualidad, en cuanto a los excesos cometidos en el convento como así también la actitud de la religiosa de prohibir la salida de jóvenes de la congregación.
Habló el defensor de la madre superiora del convento allanado
"Lo que ellas llaman mortificación, como el uso de cilicios, son cuestiones privadas y ahí está el eje de la cuestión", afirmó Miguel Ángel Cullen.
4 de septiembre 2016 · 10:40hs
Foto UNO/Archivo
Luego de que el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, decidiera imputar por el delito de privación ilegítima de la libertad a la madre superiora María Isabel, del convento de las Carmelitas Descalzas, uno de sus abogados defensores, Miguel Ángel Cullen, se refirió al tema.
Por decisión del Arzobispado de Paraná, Cullen actuará en la defensa de la madre superiora junto a Guillermo Vartorelli, y tras conocerse la imputación de su defendida, el abogado realizó declaraciones periodísticas.
Al respecto, ahondó su postura justificando los excesos cometidos en el convento: "Me parece que se pone en eje una discusión que se va a dar, seguramente, que es si el Estado puede intervenir o no en cuestiones que tienen que ver con las decisiones privadas, como ingresar a un convento de este tipo, que se llama de clausura y que tiene más de 600 años".
Vale recordar que la madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá quedó imputada por el delito de "privación ilegítima de la libertad en dos hechos" que establece una pena de prisión de dos a seis años, y por ende fue citada a declarar en instancia indagatoria para el próximo miércoles a la mañana.
La determinación la adoptó el fiscal después de analizar en profundidad las extensas declaraciones testimoniales de dos ex carmelitas descalzas que transitaron por el convento en los últimos años. Una de ellas estuvo más de diez años y la restante permaneció por espacio de más de dos décadas. Ambas declararon por casi seis horas en Tribunales el viernes pasado y no solamente ratificaron el uso de cilicios, látigos, mordazas y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones.
Además ampliaron numerosos detalles en torno a sus traumáticas vivencias en el convento y en especial en el período en que se hizo cargo la hermana María Isabel, quien hace diez años es la principal responsable. La identidad real de la religiosa es Luisa Toledo y desde 1991 está en Nogoyá, después de su paso por el convento de Concordia.
En tanto, se estudia la posibilidad de imputarle también -quizás más adelante- la aplicación de tormentos o torturas, como así también el delito de reducción a la servidumbre. Este establece que "serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro a quince años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella".
Pero además, desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche del viernes declararon varios de los policías que participaron del allanamiento al convento, después de la actuación de oficio de la justicia. La mayoría de ellos habrían revelado incluso la serie de amenazas proferidas por la madre superiora al momento de la tarea judicial en la dependencia religiosa.
El fiscal Uriburu trabajó paso a paso con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche y adoptó la decisión de imputar a la madre superiora después de analizar las pruebas pertinentes, a lo que se sumaron los extensos testimonios de ex carmelitas y de otras personas que atestiguaron en el expediente. También colabora permanentemente en la estrategia judicial el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, con quien Uriburu mantuvo reuniones en el edificio tribunalicio de Nogoyá en los últimos días.
"Por lo que he leído en los medios se cuestiona mucho lo que ellas llaman mortificación, como el uso de cilicios, pero esas son cuestiones privadas y creo que ahí está el eje de la cuestión", afirmó el abogado.
Al respecto, ahondó su postura justificando los excesos cometidos en el convento: "Me parece que se pone en eje una discusión que se va a dar, seguramente, que es si el Estado puede intervenir o no en cuestiones que tienen que ver con las decisiones privadas, como ingresar a un convento de este tipo, que se llama de clausura y que tiene más de 600 años".
Vale recordar que la madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá quedó imputada por el delito de "privación ilegítima de la libertad en dos hechos" que establece una pena de prisión de dos a seis años, y por ende fue citada a declarar en instancia indagatoria para el próximo miércoles a la mañana.
La determinación la adoptó el fiscal después de analizar en profundidad las extensas declaraciones testimoniales de dos ex carmelitas descalzas que transitaron por el convento en los últimos años. Una de ellas estuvo más de diez años y la restante permaneció por espacio de más de dos décadas. Ambas declararon por casi seis horas en Tribunales el viernes pasado y no solamente ratificaron el uso de cilicios, látigos, mordazas y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones.
Además ampliaron numerosos detalles en torno a sus traumáticas vivencias en el convento y en especial en el período en que se hizo cargo la hermana María Isabel, quien hace diez años es la principal responsable. La identidad real de la religiosa es Luisa Toledo y desde 1991 está en Nogoyá, después de su paso por el convento de Concordia.
En tanto, se estudia la posibilidad de imputarle también -quizás más adelante- la aplicación de tormentos o torturas, como así también el delito de reducción a la servidumbre. Este establece que "serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro a quince años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella".
Pero además, desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche del viernes declararon varios de los policías que participaron del allanamiento al convento, después de la actuación de oficio de la justicia. La mayoría de ellos habrían revelado incluso la serie de amenazas proferidas por la madre superiora al momento de la tarea judicial en la dependencia religiosa.
El fiscal Uriburu trabajó paso a paso con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche y adoptó la decisión de imputar a la madre superiora después de analizar las pruebas pertinentes, a lo que se sumaron los extensos testimonios de ex carmelitas y de otras personas que atestiguaron en el expediente. También colabora permanentemente en la estrategia judicial el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, con quien Uriburu mantuvo reuniones en el edificio tribunalicio de Nogoyá en los últimos días.
Fuente: Análisis Digital