Empresarios presentaron un nuevo estudio técnico con el boleto a 40 pesos

Con la reunión del Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), se inició a contrarreloj el proceso de discusión de aumento del boleto de colectivo urbano en el marco de la seria crisis que atraviesa el transporte público en Paraná. La modificación de la escala de tarifas, un nuevo golpe a los sectores con menores recursos –que son los que utilizan este servicio– es una de las salidas transitorias o circunstanciales para impedir que el 5 de agosto la ciudad vuelva a quedar sin colectivos.

Aún así, no bastará para darle sustentabilidad a un sistema que cruje desde que el Estado nacional decidió eliminar los subsidios, a partir del 1º de enero. Es un “parche” para evitar el conflicto inminente, pero es una postergación solo por un par de meses, de un problema estructural no solo de Paraná sino en todo el interior del país.

En la reunión del SITU los empresarios presentaron su último estudio de costos: en la solicitud formal elevada al municipio a principios de junio la evaluación técnica, elaborada conforme a lo normado en el contrato de concesión, había dado alrededor de 35 pesos. Ahora, con el reciente otorgamiento del aumento salarial a los choferes –dado por la Secretaría de Trabajo de la Nación– del 20% retroactivo a junio y 16.000 pesos de compensación a pagar en tres meses, la tarifa plana dio un valor de 40 pesos.

“Elevar a 40 pesos es imposible, además de que no se condice con el servicio que se presta”, dijo a UNO el concejal Enrique Ríos (FPV). Explicó que a esa tarifa se llegó –según la explicación de la concesionaria– contemplando la actual estructura de subsidios, con el aporte del 17% por SUBE, y un 50% por parte de la Provincia.

“Se va a trabajar en el estudio de costos, pero no se puede cargar en el costo total del usuario”, remarcó el edil.

Del encuentro del SITU participaron todos sus integrantes: funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, de los tres bloques del Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, y solo se ausentó el representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), entidad que anunció su renuncia a participar en el órgano.

Ríos marcó como dato sustancial del encuentro el dictamen de rechazar cualquier modificación unilateral del servicio por parte de las empresas Mariano Moreno y ERSA, tal como pretendían en la presentación realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación en el Procedimiento Preventivo de Crisis. Allí se pretendía un recorte de servicios y de frecuencias, entre otras medidas, para equilibrar costos operativos.

Por otro lado, se decidió avanzar en una nueva reunión, el lunes, haciendo extensiva la invitación a participar a la Secretaría de Transporte de la Provincia y a los representantes de los cuerpos ejecutivos y legislativos de las localidades del área metropolitana que utilizan el servicio de Paraná, como Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito. El objetivo es evaluar alternativas para sumar recursos; el secretario general del municipio, Eduardo Solari, expresó que la Provincia “debe hacerse cargo” y realizar más aportes, teniendo en cuenta el Pacto Fiscal firmado con la Nación. Pero la oposición en el municipio le aclaró que el gobierno provincial viene cumpliendo conel 50% de subsidios acordados.

Tampoco es alentador que prosperen más fondos de la Nación, cuando ha venido discriminando fuertemente a Paraná en sus subsidios con relación a otras localidades, a través de un fondo compensador para tal fin que utiliza de modo discrecional el Ministerio de Transporte de la Nación.

En el camino

En estos días, cada uno de los bloques políticos (Cambiemos, FPV y UNA) harán sus propios estudios técnicos. Una nueva suba del boleto –además de la quita de los 2,80 pesos desde agosto– parece inminente e inevitable. Si ello permitirá destrabar el conflicto entre UTA y las empresas –que expira el 5 de agosto– dependerá de las decisiones del intendente, Sergio Varisco, y de la actuación del Concejo Deliberante, que es quien tiene la potestad para definir la tarifa de colectivos.

En un escenario complejo, con soluciones que solo servirán para patear el problema por un par de meses –en septiembre habrá un nuevo ajuste salarial, además de otros incrementos de costos–, el intendente puede determinar por decreto un aumento de tarifa, basado en la cláusula 7ª del contrato de concesión, que lo habilita a decidir el valor del boleto cuando opere un incremento del 10% o más de suba salarial para los choferes, por ejemplo.

Caso contrario, el proceso requerirá más pasos: tras un dictamen del SITU, el Ejecutivo considerará ese estudio y lo elevará para su tratamiento en el Concejo Deliberante. A partir de allí se deberán alcanzar acuerdos políticos, algo que hasta ahora poco ha ocurrido.

La posibilidad de quitar o reducir las tarifas subsidiadas –boleto estudiantil, obrero y jubilado– solo es posible mediante modificación de ordenanzas, ya que ese cuadro está establecido en el marco regulatorio del servicio.

Sesiona el Concejo, pero no trata la tarifa

Para las 9.30 está convocado a sesionar el Concejo Deliberante de Paraná. Se había adelantado que el tema transporte público iba a tener la participación del fiscal municipal Francisco Avero para responder ante el modo de tutelar los derechos y obligaciones de los usuarios y del interés municipal. Pero trascendió ayer que no estaría presente.

Por otro lado, representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná volverá a hacer uso del espacio Voz y Opinión Ciudadana.

Se abordará lo sucedido días atrás a raíz del paro de cinco días de los trabajadores de la UTA, que dejaron sin servicio público a la ciudad. Pero no habrá avances en torno al nuevo y actual conflicto.