A horas del tratamiento en el Senado de una iniciativa impulsada por el Gobierno para allanar el camino a la explotación minera e hidrocarburífera en zonas de glaciares, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó, como de réplica, un proyecto de ley para reforzar el actual Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial integrado en la actual Ley de Glaciares.
Senado: presentan contraproyecto en defensa de los glaciares
En el Senado el Gobierno buscará cambiar la Ley de Glaciares, transferir control a las provincias y eliminar trabas a la explotación de megaminería
25 de febrero 2026 · 11:43hs
La iniciativa de la Casa Rosada, respaldada con vehemencia por gobernadores de provincias cordilleranas exportadoras de minerales y rechazada enérgicamente por organizaciones ambientalistas, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de derribar barreras para la inversión en el sector.
El oficialismo buscará el viernes próximo en el recinto de la Cámara alta aprobar el proyecto que elimina prohibiciones de explotación en zonas periglaciales.
En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994. Con la reforma, se les transfieren a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo al mínimo la injerencia de la administración central.
La ley 26.639, que está vigente desde su sanción a finales de 2010, además de prohibir la exploración y explotación económica en glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
El proyecto de Valdés recupera esta impronta de protección y la refuerza, con criterios bien restrictivos para el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares, manteniendo la prohibición absoluta en glaciares.
El objetivo de esta ley de presupuestos mínimos es consolidar un estándar de protección ambiental mínimo en todo el país y preservar a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo turístico.
En la iniciativa del diputado peronista quedan expresamente prohibidas “las actividades de exploración, prospección y explotación minera, tanto metalífera como no metalífera, incluidas las realizadas mediante métodos subterráneos o a cielo abierto”; como así también “la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional”; y “la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y ambiente periglacial”.
En tanto, las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran prohibidas “deberán someterse obligatoriamente a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa, pública y vinculante”.
Solamente estarán exceptuadas de esta obligación las tareas de rescate por emergencias aéreas o terrestres, las actividades científicas que no dejen desechos en los ambientes, y las actividades deportivas, “incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente”.
En el artículo referido a las sanciones, se listan los castigos ante infracciones a la ley, que van desde el mero apercibimiento, pasando por multas económicas de 100 a 100 mil salarios mínimos, la suspensión de 30 días a un año, hasta el cese definitivo de la actividad.
“El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, argumentó Valdés.
En Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas.
"En un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere la coordinación entre Nación y provincias, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de considerar de manera sistémica la preservación ambiental cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones", apuntó Valdés en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa se embebe también en los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París y retoma advertencias de organizaciones ambientales que vienen señalando los riesgos de flexibilizar la normativa vigente en plena crisis de cambio climático, como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima.
Valdés indicó que la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de las poblaciones cordilleranas y de las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares, que podrían ver afectadas tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante la expansión de actividades extractivas sin controles adecuados.
“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluyó el legislador de Unión por la Patria, que busca consolidar un marco normativo robusto frente a cualquier intento de retroceso en la protección de uno de los bienes estratégicos más importantes del país.