Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

El juez federal en lo Civil Patricio Maraniello, quien habilitó la cautelar del Gobierno para que no se difundan audios grabados de Karina Milei en la Casa Rosada, tiene ocho denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Seis de éstas están en la Comisión de Disciplina que preside el abogado César Grau, de las cuales cinco son por acoso sexual, laboral, y maltrato laboral. El resto de las denuncias son por desconocimiento del derecho. En uno de esos expedientes fue notificado hace 10 días, para que pueda para ejercer su defensa por escrito o designar abogado si así lo quisiera.

El juez tiene una página web con noticias sobre premios recibidos y un frondoso currículum con más de 20 libros publicados y donde se destaca como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y además es profesor de Derecho Constitucional en la UBA.

LEER MÁS: Censura previa: constitucionalistas cuestionaron el fallo que prohibió publicar los audios de Karina Milei

El juez, dijeron sus allegados, niega todas las acusaciones y señala que son todas una falacia. A diferencia de lo que se debate en la Comisión de Acusación del Consejo, que puede promover un juicio político, en la de Disciplina se debaten sanciones menos graves, como por ejemplo el descuento de parte de su sueldo.

Según el procedimiento, Maraniello fue notificado el 19 de agosto pasado, y desde entonces tiene un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente.

Casos

Entre los expedientes en curso por abuso sexual, que son cinco, se destaca el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar en su juzgado.

La mujer relató que aceptó salir con el magistrado fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo. Pero en esa ocasión -según su denuncia- fue víctima de tocamientos y besos no consentidos. Luego se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación, declaró.

En otro de los expedientes, una agente de su juzgado declaró haber recibido mensajes por redes sociales de parte del magistrado, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos fuera del ámbito laboral.

La víctima sostuvo que los episodios continuaron en el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que la llevaron a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral.

El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.

Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

Los cargos son presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

El sindicato que nuclea a trabajadores judiciales se refirió a la situación de vulnerabilidad de la empleada, hija de un camionero (situación que el juez le habría hecho notar en tono peyorativo), su carácter de trabajadora interina, su necesidad de ese empleo para subsistir y su condición de estudiante de derecho, primera generación universitaria en su familia.