A raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado. Se intenta determinar, entre otros puntos, si no hay más personas involucradas. Se sospecha que el administrador recibía los fondos del CGE y los transfería a su cuenta ya que tenía las claves.
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada
Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada
1 de septiembre 2025 · 13:04hs
Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada
Foto: APF
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La jueza de Garantías de Paraná. Paola Firpo, dispuso este lunes ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, que está imputado del presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. Se investiga si el imputado desviaba fondos públicos para pagar sueldos y aportes previsionales de los docentes que se desempeñaban en cuatro establecimientos educativos públicos de gestión privada que dependen del Arzobispado de Paraná.
La investigación comenzó a partir de la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte de las escuelas que administraba Godoy. En la audiencia de este lunes, la querella particular en representación del Arzobispado, en manos de Leopoldo Lambruschini, y Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, solicitaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre la cuenta del imputado. La defensa, a cargo de Ricardo Mulone, se opuso al pedido y argumentó que su asistido no reviste carácter del imputado porque no se le tomó declaración indagatoria. Adunó que podría haber otras personas involucradas y hay que investigar, indica APF.
La medida comprenderá el período 2019 y agosto de 2024, cuando se realizó la denuncia. Así, hizo lugar al pedido de la querella y desistió del de Fiscalía que pretendía que el periodo sometido a investigación comprenda hasta la actualidad.
Firpo recordó la audiencia que se realizó el 30 de agosto del año pasado en la que dispuso no hacer lugar al mismo pedido de que formuló en esta audiencia, no obstante sugerir una serie de medidas alternativas que Fiscalía llevó adelante. También añadió que en agosto de 2024 la investigación era incipiente y se solicitaron iguales medidas pero respecto de las escuelas que administraba el sospechoso.
Firpo le manifestó a la defensa que en el momento en que se permitió al Arzobispado constituirse como querellante hubo un señalamiento sobre su asistido. Recordó que la constitución como querellante no es un trámite sencillo, que prevé condiciones, y destacó que Godoy pudo defenderse en todo momento.
Si bien las acusaciones difirieron respecto del período sobre el que debe posarse la lupa investigativa, coincidieron en la necesidad de determinar si el sospechoso solo realizaba transferencias hacia una cuenta de su titularidad o lo hacía hacia otras. También se podrá determinar si no hubo terceros involucrados en la maniobra que se investiga, ya sea como coautores o partícipes.
En este sentido, en la audiencia se expresó que junto a Godoy había otra persona que tenía las claves de acceso a las cuentas de las escuelas, pero se indicó que aquella se la dio voluntariamente al sospechoso. Lo que se trata de determinar, al menos en el caso de aquella, es si hubo un accionar negligente, por amistad o confianza, o uno connivente.