La fiscalía que interviene en el juicio oral que se le sigue a la ex secretaria de Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, pidió este martes que la exfuncionaria kirchnerista sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por haber utilizado dinero público para pagar gastos personales y familiares.
Piden prisión para la extitular de Ambiente Romina Picolotti
El fiscal pidió 3 años y 9 meses de cárcel para la exfuncionaria de Ambiente y que devuelva 7 millones de pesos por gastos injustificados que se le atribuyen.
1 de septiembre 2021 · 17:11hs
El fiscal Diego Luciani solicitó además que quien fuera abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que sigue el juicio por videoconferencia desde Estados Unidos, devuelva a las arcas públicas casi 7 millones de pesos ($6.941.170,50), el valor actualizado de los gastos injustificados que se le atribuyen.
En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.
Puntualmente, se le imputó la utilización de fondos públicos para la adquisición de pasajes aéreos para su madre, sus hijos, su esposo, la prima de éste, y allegados, algunos de los cuales se desempeñaban bajo su órbita. Estos gastos eran rendidos contablemente bajo el concepto de “desarraigo” o carecían de justificación por tratarse de traslados ajenos a la actividad de la Secretaría. Finalmente, se le endilgó la contratación de vuelos privados en aviones chárter, también con fines ajenos a las funciones de la dependencia.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Romina Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas sin justificación, pasajes de avión para familiares y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal Luciani.
La secretaria de Ambiente entre julio de 2006 y diciembre de 2008, presentó su renuncia tras ser denunciada en 2007 por supuesta malversación de fondos públicos a raíz de presuntos gastos irregulares, realizados mientras ocupaba el cargo. Había sido designada en el cargo por el presidente Néstor Kirchner tras ganar notoriedad por su actuación como abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en el conflicto por la instalación de la celulosa Botnia en Uruguay.
El caso, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, fue investigado por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán y pasó a juicio oral en el 2015.
El 15 de septiembre, los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel escucharán el alegato de la defensa y se prevé que dicten su veredicto antes de fin de mes.