La UBA va a la Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad en su Consejo Superior iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, exigiendo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición Salarial. Aunque el Gobierno promulgó la norma, su implementación fue suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento correspondientes.

La decisión de la casa de altos estudios se enmarca en un contexto de fuerte crisis presupuestaria que afecta al sistema universitario nacional y a la UBA en particular. Según se indicó en la resolución aprobada, la universidad reclama que se asignen de forma urgente los recursos presupuestarios previstos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

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Desde la UBA advierten que la medida adoptada por el Gobierno nacional (promulgar la ley pero postergar su implementación) constituye una vulneración del orden constitucional.

"Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación", señala el texto de la resolución.

Asimismo, agregan que: "Implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley".

El Consejo Superior subrayó que la normativa fue aprobada por el Congreso y reafirmada por ambas cámaras, con el objetivo de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales en todo el país y asegurar la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes.

En ese sentido, la universidad denunció el deterioro de sus condiciones presupuestarias. Según detalla el comunicado: "El sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida".

Además, la institución remarcó que la ley contempla la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y otras actividades académicas, por lo que su no aplicación tendría consecuencias graves para el desarrollo del sistema universitario.

"Su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis, según se expresa en los considerandos de la resolución. Además, la Ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina".