Henley & Partners, la firma creadora de los "pasaportes dorados" e investigada internacionalmente por esquemas de fraude y lavado de dinero, asesoró a funcionarios argentinos y ofrece en sus redes la comercialización de la nacionalidad argentina a cambio de dólares, encendiendo alarmas sobre la soberanía nacional.
La empresa británica detrás del negocio de venta se ciudadanía propuesta por el Gobierno
Un estudio británico con oscuros antecedentes opera detrás del negocio de la "ciudadanía por inversión" impulsado por Luis Caputo
En París, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Diego Santilli, anunció oficialmente la puesta en marcha del programa de "ciudadanía por inversión".
El anuncio en París y el esquema de venta de pasaportes
Desde la Embajada argentina en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Diego Santilli, anunció oficialmente la puesta en marcha del programa de "ciudadanía por inversión". La propuesta permite a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía argentina a cambio de un desembolso directo de 350.000 dólares o la suscripción de un bono estatal por 800.000 dólares.
Durante la presentación, Caputo celebró la medida afirmando que la Argentina "es un faro de libertad e inversión en el mundo".El esquema financiero contempla además extender la ciudadanía al grupo familiar del inversor mediante un pago adicional de 100.000 dólares por cada adulto y 25.000 dólares por cada hijo menor de 18 años.
Con un pasaporte que permite el tránsito libre por 170 países y el respaldo de la tercera economía de América Latina, la medida representa un caso excepcional en el mercado global, donde las naciones de mayor peso económico suelen vender permisos de residencia pero no la nacionalidad de forma directa.
Para sustentar el sistema, el Poder Ejecutivo dictó el DNU 366/2025, que modificó la Ley 346 de Ciudadanía para incorporar la naturalización por "inversión relevante" sin requerir residencia previa, creando además la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión bajo la órbita del Ministerio de Economía. Posteriormente, el Decreto 524/2025 reglamentó el trámite asignando la evaluación de solicitantes a la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Renaper y el Registro Nacional de Reincidencia.
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La firma británica Henley & Partners tras bambalinas
Pese a que desde las oficinas del Ministerio de Economía niegan contactos directos y sostienen que la idea surgió en un viaje a Sun Valley, los registros oficiales de la Casa Rosada y las publicaciones de la propia consultora británica Henley & Partners demuestran un trabajo conjunto de más de un año y medio.
El mismo día del anuncio, la empresa —que se autodefine como la líder mundial en "ciudadanía por inversión"— lanzó en su sitio web y redes sociales la comercialización del programa argentino en cuatro idiomas, incluyendo un formulario de contacto y una línea telefónica en Zúrich.
Su CEO, Juerg Steffen, valoró públicamente la oportunidad de colaborar con el Gobierno argentino mediante talleres y reuniones preparatorias. Asimismo, la firma difundió fotografías de sus directivos dentro de la Casa Rosada junto al texto: "Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires".
Los registros de visitas a la sede gubernamental confirman al menos dos reuniones clave de Steffen con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en fechas sugestivas: apenas dos semanas después de la firma del DNU 366 y dos semanas antes de la emisión del decreto reglamentario.
En el ámbito interno del Ejecutivo, diversas fuentes coinciden en que la iniciativa es "toda de Caputo" y de su asesor Juan Pazo, exfuncionario con controversias patrimoniales que hoy asesora a la nueva agencia encargada de validar las solicitudes.
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Antecedentes turbios: fraude, lavado de dinero e interferencia política
La irrupción de Henley & Partners en el país genera profunda preocupación debido a los antecedentes de la firma a nivel internacional, caracterizada por operar en ambos lados del mostrador al asesorar a Estados y cobrar comisiones a los postulantes.
El escándalo de Malta
En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló definitivamente el programa de "pasaportes dorados" de Malta (valuados en 640.000 dólares) por las irregularidades en la concesión de ciudadanías. En dicho negocio, Henley obtuvo comisiones por 55 millones de dólares. La trama maltesa ya había desencadenado una severa crisis política en 2017 tras el asesinato de la periodista investigativa Daphne Caruana Galizia.
Clientes vinculados a delitos graves
Investigaciones del consorcio OCCRP revelaron que la consultora gestionó pasaportes en paraísos fiscales caribeños para empresarios involucrados en causas judiciales. Entre sus clientes figuran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad (detenido en EE. UU. por lavado de dinero), el oligarca ruso Ruben Vardanyan y el petrolero nigeriano OluwaSeun Ogunbambo, prófugo de la justicia por contrabando y lavado.
Vínculos con Cambridge Analytica
Un comité del Parlamento británico investigó al presidente de la empresa, Christian Kälin, por presuntas alianzas con Alexander Nix (ejecutivo de SCL / Cambridge Analytica) para financiar campañas políticas en microestados caribeños como San Cristóbal y Nieves a cambio de cupos de pasaportes. Nix es el mismo consultor que admitió haber operado en la Argentina en 2015 para propiciar un cambio político.
Riesgos para la soberanía argentina y la seguridad nacional
El despliegue de este programa implica una alteración sustancial del concepto constitucional de la ciudadanía y plantea graves riesgos para la soberanía nacional.
Mercantilización de la nacionalidad
Como señaló el constitucionalista Sebastián Guidi, la reforma eliminó o encareció burocráticamente los canales históricos de naturalización —basados en residir dos años, formar una familia, ejercer la docencia, fundar industrias o prestar servicios a la Nación— para sustituirlos por un único criterio: el poder adquisitivo del solicitante.
Sin exigencia de residencia ni producción
Las diputadas opositoras Florencia Carignano y Paula Penacca presentaron un proyecto de ley para derogar los artículos incorporados por el Ejecutivo. Carignano denunció que el esquema permite obtener el pasaporte argentino con una simple transferencia bancaria de 350.000 dólares, sin obligación de residir en el país, producir o generar un solo puesto de trabajo.
Vulnerabilidad institucional
La entrega de la ciudadanía plena a capitales extranjeros sin arraigo ni controles rigurosos abre las puertas a personas investigadas globalmente por delitos financieros, convirtiendo el pasaporte argentino en un instrumento de evasión y refugio.
A pesar de los descargos de Henley & Partners sosteniendo que solo "compartió experiencias" y negó las investigaciones por fraude, las pruebas documentales y los posteos comerciales de la propia firma muestran un entramado donde la nacionalidad argentina ha quedado supeditada a un negocio millonario



















