Juicio por la obra pública: para el fiscal hubo "una matriz de corrupción extraordinaria"

El fiscal Diego Luciani sostuvo este lunes que hay una "enorme prueba relevante" para formular acusación en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Luciani, al formular su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, consideró que entre 2003 y 2015 funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

"Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares" y que tuvo "en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos", argumentó el fiscal.

Luciani agregó que "al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país", con "ausencia absoluta" de controles.

El fiscal comenzó su alegato con una crítica a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en su alegato final el mes pasado pidió absolver a todos los acusados por falta de pruebas: "No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable".

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Foto: La Nación

Alberto como prueba

Durante la primera de las nueve audiencias en las que tiene previsto hablar, el fiscal Luciani pidió que se reprodujera la declaración del presidente Alberto Fernández del 15 de febrero de 2022, cuando se presentó en el juicio como testigo propuesto por la defensa.

Aquel día, el titular del Ministerio Público le preguntó al mandatario si conocía a Lázaro Báez y si estaba al tanto de la actividad a la que se dedicaba. Fernández contestó: “Puedo contar en detalle el único diálogo que tuve: 'Bueno días, mucho gusto'. Nunca más hablé. Y nunca más lo vi, nunca más lo crucé, nunca más lo vi en Casa Rosada. En los años de Néstor Presidente, iba con mucha frecuencia a Olivos y en mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea”.

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El fiscal quiso conocer más detalles sobre el día en que se vieron Fernández y Báez, y el Presidente explicó que fue en Calafate: “Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. Yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté”.

Para Luciani, esta declaración corrobora una sospecha de la Fiscalía que incluso fue mencionada por la propia Cristina Kirchner en su indagatoria: la amistad entre Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

“El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque”, aseguró Luciani durante en la primera jornada de alegato.

La causa

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Lázaro Báez, dueño de "Austral Construcciones"; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

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También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare"