Denuncian a Javier Milei por promocionar universidad ligada a Benegas Lynch

La Coalición Cívica denunció a Javier Milei por usar su investidura para promocionar a una universidad privada ligada a Alberto Benegas Lynch

12 de marzo 2025 · 09:56hs

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro radicaron la denuncia en la Oficina Anticorrupción. Junto a otros ocho diputados nacionales presentaron un proyecto de repudio al acusar al presidente Javier Milei de violar la ley de Ética Pública. Hablan de "conflicto de intereses" y "uso indebido de recursos públicos". Es por usar la investidura presidencial para promocionar a una universidad privada ligada a Alberto Benegas Lynch.

Los diputados nacionales afirman que el presidente utiliza la imagen y los atributos de mando presidenciales para promocionar la “Beca ESEADE - Presidencia de la Nación” de una entidad educativa privada ligada al economista Alberto Benegas Lynch (hijo), en lo que configura otra posible violación de la Ley de Ética Pública después del escándalo por la criptoestafa $Libra.

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Por este nuevo hecho irregular, que supondría "un conflicto de intereses y un uso indebido de recursos públicos”, cinco diputados nacionales del partido fundado por Elisa Carrió, entre ellos los denunciantes, presentaron un proyecto de declaración de repudio firmado conjuntamente por sus pares Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, Fernando Carbajal de Democracia para Siempre y Natalia Sarapura de la UCR.

En los últimos días, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), institución fundada por el académico venerado por Milei Alberto Benegas Lynch (hijo), lanzó una campaña de publicidad en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires y en su portal web para promocionar el otorgamiento de 30 becas bonificadas para aspirantes a programas de grado y posgrado, con la singularidad de que lo hizo utilizando la imagen del presidente portando la banda (uno de los atributos de mando).

Pero además, el presidente utilizó su cuenta oficial de Instagram el pasado 2 de febrero para promocionar la Beca ESEADE.

“Más allá de la identificación de la mencionada institución con los ideales que sostuvo el Presidente Milei durante su vida profesional, resulta innegable que se hizo uso de la figura presidencial y los atributos de mando, elementos inescindibles de la máxima autoridad nacional”, indicaron los firmantes del proyecto de repudio.

En 2022, antes de que fuera presidente, el ESEADE ya había distinguido a Milei con el Doctorado Honoris Causa, lo cual para los diputados opositores “expone una vinculación particular entre el Presidente de la Nación y la institución educativa mencionada, con afinidades que van más allá del contenido académico, llegando hasta una vinculación personal con el fundador del establecimiento”.

Entre los argumentos para sostener la violación de la Ley de Ética Pública y el Código de Ética Pública en la función pública, los legisladores hicieron hincapié en el hecho de que la propia ESEADE reconoce que “la beca será asignada por un consejo académico y validado por la Presidencia de la Nación”.

“Así planteado, puede presumirse que no solamente es la figura emblemática del Presidente la que aporta contenido a la campaña publicitaria, sino que también existe un mecanismo de participación del Gobierno Nacional, en la decisión final de selección entre los candidatos a obtener la beca”, afirmaron.

“A esta altura del relato, no hay dudas que la promoción de una institución privada mediante el uso de la investidura presidencial podría interpretarse como un conflicto de intereses y un uso indebido de recursos públicos (en sentido amplio), lo cual afectaría la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, advirtieron los diputados.

Según señalaron, "desde el punto de vista de la legalidad, lo hasta aquí relatado amerita que la intervención de la figura presidencial en la difusión de la beca mencionada, sea analizada a través del conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades que la Ley de Ética Publica le impone a los funcionarios de todos los niveles del Estado argentino, conjuntamente con las disposiciones del Decreto 41/1999 Código de Ética de la Función Pública".

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