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Denuncia contra Macri: el juez ordenó medidas

El juez hizo lugar al pedido del fiscal que imputó a Macri, Bullrich y Aguad. Bolivia dio detalles y mostró el material represivo enviado.

Lunes 19 de Julio de 2021

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa en la que se investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019 por parte del gobierno de Mauricio Macri, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

Mientras tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte Gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Aseguró que se trata de "tráfico ilícito de municiones", un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

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Del Castillo ratificó además que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, e informó que ya se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía" que son parte de las 70.000 balas de gomas que salieron desde Argentina con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.

En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según detalló el funcionario, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”.

El ministro de Gobierno aseguró que parte del armamento que llegó a Bolivia la mañana del 13 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado, estaba autorizado para reforzar la custodia de la embajada argentina, aunque precisó que “llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”.

El funcionario boliviano indicó que parte del armamento fue entregado a la policía de su país y “gran parte también fue entregado a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacres de Sacaba y Senkata”, cometidas con posterioridad al golpe de Estado.

"Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal", completó el ministro boliviano, en una conferencia donde se exhibió parte del material incautado, tanto armamento enviado por Argentina como por Ecuador a Bolivia.

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Bolivia exhibió parte del material enviado por el gobierno de Mauricio Macri.

Bolivia exhibió parte del material enviado por el gobierno de Mauricio Macri.

Medidas de prueba

En Argentina, el juez López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte "de inmediato" el original de la carta que figura como recibida "en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019".

Además, pidió que informe "con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada", consignó la agencia Télam.

En ese sentido, solicitó que Cancillería "remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019" y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay papeles secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.

El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.

También solicitó los "registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)".

Además requirió "al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas" aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave. También solicitó los datos personales de los encargados de carga y descarga.

El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para "tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados", informaron fuentes judiciales.

López Biscayart también dispuso que se requiera al responsable de la ANMAC que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes.

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya designó abogado defensor, el letrado Julián Curi.

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