Cristina y el fiscal Luciani apelaron el fallo Vialidad

El fiscal federal Diego Luciani y la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, apelaron respectivamente este lunes el fallo que en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 por el caso de la obra pública, ante el vencimiento del plazo que es este miércoles a las 9:30 horas. Las apelaciones deberán ser analizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

La vicepresidenta reclamó a la Cámara que la absuelva por considerar que fue "injustamente condenada" con "graves errores y arbitrariedades" y que existe "un supuesto de enorme gravedad institucional".

Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado, Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por "administración fraudulenta" con "inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos".

El veredicto "no cuenta con pruebas directas", advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas.

"Se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables", agregaron.

Según los defensores, durante el juicio -que se extendió por tres años- "quedó ratificado e estado de inocencia" de la ex mandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Y recordaron que el TOF2 rechazó "más del 80 por ciento de la prueba ofrecida" por la defensa, en particular pericias "ineludibles" en estos juicios y que esa decisión fue ratificada por la sala de Casación "integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos", se remarcó en alusión a encuentros de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y el ex presidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos.

Los abogados de Cristina argumentaron que los magistrados actuantes "evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes (y) asumieron una posición acusatoria".

La Defensa adelantó también que, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales que correspondan en materia de derechos humanos.

En diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina Kirchner. Junto con la vicepresidenta fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

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Luciani

Por su parte, los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron en una presentación de 525 páginas que se agrave la condena de la ex presidenta por el delito de asociación ilícita, por el que en el juicio fue absuelta, y que se sume a la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La Fiscalía planteó que “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.

En su apelación, Luciani no solo pidió que Cristina sea condenada por asociación ilícita, sino también Báez, López y Periotti, y que se revoquen las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro.

“La contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”, señaló Luciani y agregó que no entiende por qué no se condenó por asociación ilícita.

“No lo entendemos porque las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita. Para que se entienda bien, se trataba de un ´traje a medida´ y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un ´traje estrecho´ o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción en la Administración pública”, sostuvo y calificó como “inadmisible” que no se haya condenado por asociación ilícita.

Con las apelaciones presentadas -resta que las presenten otras partes, que tienen tiempo hasta este miércoles a las 9:30 horas- los jueces remitirán el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal.

Allí un primer paso es que se confirme la integración de Casación. En la causa interviene la Sala IV con los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

Según reseñó Infobae, luego el tribunal deberá convocar a una audiencia con todas las partes para que escuchar sus argumentos. Con lo extenso y complejo del expediente y por los plazos, todo indica que la decisión no será este 2023 de elecciones presidenciales, sino que quedará para el año que viene.