El Gobierno pedirá que se habilite la feria judicial para tratar la ley de medios

El gobierno pedirá este miércoles, en el primer día hábil del año, que la Cámara Federal Civil y Comercial Federal habilite la feria judicial de enero para resolver con “celeridad” la causa planteada por el grupo Clarín contra la Ley de Medios.

La presentación la hará a primera hora la Jefatura de Gabinete de Ministros que, con el patrocinio de la Procuración General del Tesoro –el cuerpo de abogados del Estado- se sumará al reclamo realizado la semana pasada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

El pedido de habilitación de feria llega luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum solicitado por el Poder Ejecutivo para avocarse a la cuestión de fondo de la constitucionalidad de dos artículos de la norma, y simultáneamente confirmó la extensión de la medida cautelar que mantiene bloqueada la ley para el grupo Clarín.

El máximo tribunal reclamó “celeridad” a la Cámara pero no le fijó plazos, a diferencia de lo que hizo con el juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien declaró constitucional los artículos 161 y 45 de la ley.

La apelación del grupo Clarín bloqueó nuevamente la implementación de la ley para sus medios, dejando la resolución del tema en manos de la Cámara, que es la misma que ya había fijado la cautelar suspensiva.

Con el pedido de habilitación de feria el Gobierno busca que en enero se cumplimenten trámites procesales para que, cuando en febrero se reinicie la actividad tribunalicia, la Sala I de la Cámara esté en condiciones de resolver si la ley es constitucional o no.

El tribunal quedó integrado por sorteo para atender los temas durante enero por los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, los dos primeros integrantes de la Sala I que debe resolver la cuestión de fondo y que fueron denunciados por el Gobierno por no apartarse luego de asistir a un evento en Miami organizado por el grupo Clarín.

Si accede al pedido oficial debería requerir al Grupo Clarín los fundamentos de su apelación al fallo del juez Alfonso, para lo que tienen 10 días hábiles, y luego que cada parte le conteste a la otra, para lo que también cuentan con 10 días.

Fuentes judiciales se manifestaron sin embargo pesimistas en torno a que la Cámara acepte el pedido atento a las señales que la propia Corte Suprema emitió sobre el expediente cuando, al negarle el per saltum y ratificar la cautelar, no habilitó días y horarios, dando carácter urgente a la resolución.

El ministro de Justicia, Julio Alak, denunció la semana pasada que "la estrategia final del grupo Clarín es extender la cautelar hasta las próximas elecciones" con la esperanza de que se modifique la composición del Congreso y “se deroguen los artículos" de la norma cuestionados por grupo, propietario de más de 200 licencias.

Pese a rechazar tomar el expediente en sus manos, la Corte estableció que el plazo de un año de adecuación al máximo de licencias permitidas fijado por el artículo 161 ya está vencido.

Esta salvedad hace que, apenas se resuelva la eventual constitucionalidad, la AFSCA podría aplicar la ley de oficio y sin comenzar a contar un año, como pretendía la Cámara Civil y Comercial Federal que ahora tiene el expediente en sus manos.

A más de tres años de haber sido sancionada por el Congreso nacional, la ley de servicios de comunicación audiovisual volvió a ser trabada por una medida cautelar lograda por el Grupo Clarín, aunque esta vez en un escenario distinto: la justicia de primera instancia ya sentenció que todos los artículos cuestionados por el multimedios son constitucionales.

El 14 de diciembre, el juez Alfonso resolvió que los cuatro artículos de la Ley de Medios cuestionados por el Grupo Clarín eran constitucionales y ordenó levantar la medida cautelar que trababa la entrada en vigencia plena de esa norma.

Esa sentencia de primera instancia era lo que había reclamado la Corte Suprema de Justicia al opinar que debía resolverse “la cuestión de fondo”, para que se terminara el juego de las cautelares a las que había puesto como plazo máximo el 7 de diciembre.