El drama de dos de los sobrevivientes de la tragedia sanitaria que llegó a juicio oral

El caso de miles de pacientes que se contagiaron de VIH Sida y Hepatitis C, entre 1979 y 1991, dejó al descubierto la posible negligencia de un grupo de médicos y planteó la responsabilidad del Estado en lo que refiere a los sistemas sanitarios de control. Las consecuencias fueron fatales para un millar de personas, y a los sobrevivientes, los condenó a tener que cargar con enfermedades que continúan deteriorando lentamente su salud.

Entre los afectados se encuentran dos entrerrianos, oriundos de Concordia, que habían contado en primera persona cómo había sido su calvario, desde el momento en que se contagiaron siendo pacientes de la Fundación Argentina de la Hemofilia, el dolor de ser protagonistas de una tragedia colectiva y el largo proceso que demandó el comienzo del juicio oral y público.

Tres personas comenzaron a ser juzgadas el 12 de agosto en los tribunales de Comodoro Py: los médicos Pedro Raúl Pérez, Miguel de Tezanos Pinto, y el abogado Eduardo Viedma, quienes dirigían la Fundación de la Hemofilia. Según se conoció, los tres están acusados por el delito de Contagio Doloso, es decir por no haber realizado los controles pertinentes en concentrados de coagulación que aplicaron a pacientes y podrían recibir una condena de hasta 15 años.

Sobrevivir sin justicia

A mediados de los 80 recién se comenzó a tener la sospecha de los primeros contagios en pacientes hemofílicos que estaban siendo estudiados en la Academia Nacional de Medicina, y que por esa razón recibieron concentrados de sangre importados desde Estados Unidos. “Hugo Adrián Cardozo declaró que recién en 1996 se enteró de casualidad a través de una médica que estaba contagiado de Hepatitis C”, reveló a UNO el abogado que representa a la víctimas, Gonzalo Giadone.

El profesional aseguró que esta causa se inició en 2005 a partir de la denuncia de familiares de un hemofílico, Fabián Castro. Así se puso en marcha un derrotero judicial con muchas idas y vueltas, la intervención del cuestionado Claudio Bonadio –dictó el sobreseimiento de los imputados y declaró prescripto el caso– y la reactivación de las actuaciones por disposición de la Sala 1 de Casación Penal.

Tiempo después debió intervenir la Cámara Federal Porteña, a los fines de rechazar un nuevo sobreseimiento de Bonadio.

Finalmente, el expediente quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos y la fiscal María Alejandro Mangano, lo que permitió que en 2018 se pidiera la elevación a juicio de la causa. “No hubo justicia durante 30 años, no hubo una investigación seria hasta que intervino la Cámara de Casación Penal, que en 2015 anuló los sobreseimientos dictados por Bonadio en cuatro oportunidades. Se espera que haya una condena porque esto fue una tragedia sanitaria y en la cual hay varios responsables. Estamos empezando por los responsables médicos y ejecutivos de la Fundación, pero no se olvide que acá están los laboratorios implicados: hay funcionarios que pueden ser responsables”, evaluó el letrado.

En su tesis acusatoria uno de los aspectos centrales es que “se permitió la entrada de un producto con capacidad infectante, que ingresaba directamente a la Fundación de la Hemofilia sin ningún tipo de control. Acá hay una cadena de responsabilidades. Estamos por la primera parte todavía, teniendo en cuenta todo el tiempo que se ha perdido”.

En su reflexión planteó que la lucha de fondo es lograr una condena, pero además una reparación económica.

“Mucha gente murió”

Después de 30 años de tanta angustia, el concordiense Hugo Adrián Cardozo, todavía convive con esa extraña sensación de que se ha perdido mucho tiempo. Y que aún así es posible lograr justicia. Él y su hermano Eduardo son hemofílicos, por lo que periódicamente necesitaban realizarse transfusiones de sangre por carecer del factor VII (que interviene en la coagulación de la sangre). Así se contagiaron de Hepatitis C.

“Murió mucha gente por este tema y de una vez por todas creeríamos que se va a hacer justicia. Nosotros hace muchos años venimos sufriendo con esto, venimos soportando muchas cosas y te soy sincero, no sé cuántos años vamos a durar nosotros”, dijo con brutal sinceridad.

Después quiso explicar lo inexplicable: saber en qué momento fueron infectados, y las características del tratamiento recibido. “Esto abarca un período que va de 1979 a 1991. Nosotros primero nos tratábamos en la Academia Nacional de Medicina (ANM), en Buenos Aires, que tenía una sede en la Fundación de la Hemofilia. En esa época nos llamaban dos veces al año para hacernos estudios, sin saber para qué. Nos llevaban al laboratorio fuera de la ANM. Nunca nos informaron para qué nos hacían tanto estudios; éramos chicos y mis viejos no estaban preparados para saber de qué les hablaban”, le confesó a UNO.

Adrián asegura que la hepatitis genera diferentes tipos de trastornos, como por ejemplo el lento deterioro del hígado y a ello se le suman diversos tipos de infecciones. Explicó que tanto él como su hermano están expuestos a una eventual complicación del cuadro. Y lamentó que las perspectivas a futuro no sean alentadoras: “Tenemos el virus, pero por ahora no está activo, el tema es que cuando se despierta te mata”.

La familia Cardozo agradeció el accionar del juez Ramos por haber reactivado la causa, algo fundamental para lograr la reparación de las familias de las víctimas y todos los que sobrevivieron a esta tragedia colectiva. En el juicio que continuará el 26 de agosto con los primeros testigos, se estableció que los hermanos Cardozo declaren el próximo 2 de septiembre. “No es fácil, mi hermano anda con muletas. Pero estamos haciendo todo lo posible para que de una vez por todas esto se termine y que quedemos medianamente bien parados por nuestras familias”, advirtió.