La falta de avance en la creación en Entre Ríos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura sigue siendo un tema presente en la agenda política. Si bien el mecanismo se aprobó por ley, todavía resta que se designen a las autoridades que lo integrarán. Hace algunos días se realizó un encuentro entre funcionarios, legisladores y organismos de Derechos Humanos con representantes del Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. La comisionada ante ese organismo oficial, Diana Conti, se refirió a los ejes centrales que se abordaron, pero dejó en claro que es momento de “no postergar acciones, tampoco de generar incertidumbres o ansiedades”.
Diana Conti reclamó por el Comité para prevenir la tortura
La integrante del órgano nacional cuestionó que la norma no se ejecute en Entre Ríos. Dijo que la discusión excede el tema presupuestario.
2 de octubre 2020 · 20:24hs
De esa manera defendió la instrumentación de “los mecanismos locales de prevención de la tortura” a los que definió como “imprescindibles”.
La funcionaria admitió que respecto de la situación de los distritos provinciales donde todavía no se conformó el mecanismo, “el plenario del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura aprobó hacer una resolución que emplace a las jurisdicciones provinciales para que en marzo de 2021 tengan creado por ley los mecanismos locales para la prevención de la tortura. Si no lo hacen el Comité Nacional va a hacer uso de facultad para proponerle al Consejo de Prevención de la Tortura la designación de los organismos que cumplan esa función, hasta que cada gobierno lo implemente”.
En relación a la forma en que se implementaría dicha resolución, la exlegisladora explicó: “Tuvimos un enorme apoyo del gobierno nacional, en el Presupuesto que se va a trabajar. La pandemia hace que no gastemos fondos en algunas actividades presenciales, por eso esto nos permitió atesorar fondos para otras cuestiones. En la discusión respecto de esta resolución, es que estamos preparados no con grandes montos, pero en el caso que las jurisdicciones no lo hagan se van a sostener las redes de la prevención de la tortura”.
En declaraciones a la Radio Comunitaria Barriletes de Paraná, Conti también interpeló al gobernador: “No puede abandonar esta cuestión por un tema presupuestario, ya que cinco, seis o siete contratos legislativos bastan para que un movimiento nacional, popular, de defensa de los derechos humanos, como los que tenemos en cada provincia funcione previniendo la tortura”.
La representante del Comité también se explayó sobre la posibilidad que se avance en la creación de este espacio, pero con cargos ad honorem. Sobre esa inquietud consideró que “no debe ser ad honorem, sino que además el mecanismo local de prevención de la tortura va a interactuar con la responsable de Salud Mental, como se realiza a nivel nacional. El trabajo del Comité no es de denuncia, sino cooperativo para intentar generar pensamiento, sentimientos, doctrina, para la práctica humanitaria en los lugares de encierro. Para todo se necesita un presupuesto; corramos la discusión del dinero, porque no es esa la discusión real. La discusión real es que en tiempos de pandemia los lugares de encierro tienen menos comunicación con el afuera. Por lo tanto, custodiarlos, controlar las buenas prácticas se hace más difícil”.
Conti también reparó que en el marco del aislamiento social las fuerzas policiales que tienen la función de hacer cumplir con esa medida y que en ese contexto “muchas veces se exceden en el control. Pero también están presionadas por el poder político para que cumplan. Entonces los mecanismos locales de la prevención de la tortura eran necesarios y se hacen aún más imprescindibles, en una tarea cooperativa para elevar el rango de la vigencia de la dignidad humana en la República Argentina. Así lo tienen que entender los gobiernos provinciales, las legislaturas y obviamente para cumplir esa función hace falta presupuesto; los presupuestos humanos los ponemos nosotros, los presupuestos económicos lo tiene que poner la política”.
Al hacer referencia a la experiencia de trabajo del Comité señaló que se inspeccionaron tres provincias de distinto color político, como fueron los casos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Además sostuvo que en período se continuaron con los controles en Neuquén, Tucumán y en varias provincias. “Fuimos haciendo recomendaciones nacionales que se pueden encontrar en nuestra página web, que han tenido incidencia real tanto con el defensor de la Tercera Edad, con la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, que son los órganos con los que actuamos. Además incidimos en Sistema Penitenciario Federal, debido a la retención de detenidos en comisarías, lo que generó un caos. De la misma manera trabajamos con los jueces en los hábeas corpus para el trabajo sobre cupo carcelario y haciendo un asesoramiento sobre cómo descongestionar las comisarías. Hay mucho trabajo silencioso”.