El Poder Judicial de Entre Ríos, a través de un convenio firmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lleva entregadas desde 2018, un total de 8.249 armas, en el marco de un programa de saneamiento de todos los juzgados de Transición en la provincia.
Desde 2018 el Poder Judicial entrerriano lleva entregadas 8.249 armas
La medida es parte de un convenio con la Anmac para sanear todos los juzgados de Transición de la provincia. Aún quedan 300 secuestradas
3 de septiembre 2019 · 19:16hs
Agentes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) se encuentran trabajando en la sede de los Tribunales de Paraná, en el Área de Efectos Secuestrados. El objetivo de la comisión del organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es retirar 3.007 armas. Así concluye el saneamiento de todos los juzgados de Transición de la provincia de Entre Ríos.
Protocolo
El proceso que se lleva adelante es a partir del protocolo firmado el 8 de agosto de 2018 por el presidente del STJ, Emilio Castrillon, con la Anmac, y tiene como antecedente el convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmado en 2015 por parte de la entonces presidenta del máximo tribunal, Claudia Mizawak.
El acuerdo, rubricado por el funcionario, estableció los procedimientos, pasos y plazos que confluyeron en el perfeccionamiento de la entrega de los elementos calificados como “materiales controlados” y sujetos a destrucción.
De esta manera, el STJ aprobó el procedimiento de entrega, retiro y traslado de armas para ser destruidas por la Anmac.
Al momento, en sede de Tribunales de Paraná en el Área de Efectos Secuestrados quedan 300 armas que corresponden a causas en trámite.
La Anmac tiene como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones asignadas por dicha ley de creación.
Entre sus funciones está la de efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente, en todo el territorio nacional, de todo material controlado en el marco de las leyes Nº 20.429, Nº 25.938, Nº 26.216 y Nº 27.192.
En el convenio firmado por la Justicia entrerriana se consigna que se dispondrá el “material procesado, en cajones de madera correspondientemente loteados a la espera del traslado definitivo para su destrucción”.
Además se aclara que el proceso de destrucción final del material se realizará a través de la fundición “en alto horno”.
El procedimiento además requiere de una clasificación de las armas según sus características: en este caso se las dividió en armas largas y cortas.
Según informes privados, indican que en el país hay 1.618.877 armas registradas ante la Anmac, de las cuales el 84% pertenecen a civiles y que se estima que hay otra cantidad similar de armas ilegales y/o no registradas.
La política gubernamental en la materia se planteó como objetivo en los últimos años reducir la cantidad de armas entre la población civil.