Compatibilizar planes y trabajadores registrados en empleo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto con sus entidades asociadas se encuentra impulsando el proyecto de ley presentado por la senadora Nora del Valle Giménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara baja nacional. La norma aborda una problemática de larga data, que afecta a diversas economías regionales que se nutren de trabajadores temporarios en los picos de cosecha, por ejemplo.

En ese sentido la iniciativa tiene por objeto brindar mejores condiciones laborales y sociales para los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito agropecuario de las pequeñas y medianas empresas comprendidas en la Ley Nº 24.467, por el plazo de dos años.

Desde 2021 está vigente el Decreto N° 514/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, que determina la posibilidad de que los trabajadores temporarios no pierdan los planes sociales.

“Hoy está vigente el decreto donde era compatible el trabajo formal con la continuidad de los planes. Sin embargo, tenemos varias experiencias de los que han inscripto personal y luego sufrieron la pérdida de los planes sociales. Es decir, se compatibilizan pero el sistema no está adecuado al decreto”, contó Fernando

Borgo, productor e integrante de la comisión directiva de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier).

El impacto en la cosecha es directo: hay menos mano de obra disponible. “Hay menos trabajadores que otros tiempos, es más difícil conseguir”, reconoció acerca de lo que se veía hasta hace un tiempo: los colectivos llenos que llegaban a las quintas en plena época de cosecha –como la actual– hoy no son más de la mitad.

Es que aparentemente sucede también que muchos trabajadores directamente no quieren correr el riesgo de perder los planes sociales ante esta situación.

El proyecto de ley en cuestión intenta normar sobre esta situación que afecta a diversas economías regionales.

Por ello CAME viene realizando reuniones federales. La segunda de ellas para abordar esta iniciativa será hoy en la ciudad de Córdoba. Fecier viene participando activamente de esta campaña.

La iniciativa propone, por ejem- plo, que trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos no perderían los beneficios de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. En tanto que quedarían excluidos de los beneficios previstos por esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con discapacidad, los trabajadores rurales (temporarios y eventuales) que perciban una remuneración igual o superior al importe equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

La idea es que el trabajo agrario cuente con un marco legal similar al vigente en el ámbito de la construcción. Ello para fomentar el trabajo rural en tareas de carácter cíclico o estacional mediante la compatibilización del empleo registrado con los planes o programas sociales.

En el caso del citrus se rige por la legislación ya no solo del trabajo agrario, sino de lo contemplado y bajo cobertura del sindicato de la fruta.

“Un dato no menor es el nivel de empleo que generan las economías regionales, que dan trabajo a alrededor del 70% de la mano de obra rural, estimándose en unos 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha (con gran movilidad interprovincial, correspondiendo muchos de ellos a los llamados trabajadores golondrina)”, plantea la propuesta en debate.

“Una posible solución a este problema podría haber sido el Plan Empalme (Decreto Nº 304/2017), pero el mismo jamás funcionó como debía y los trabajadores, luego de finalizada la relación de dependencia deben padecer entre dos y tres meses de espera para cobrar la asistencia social que les corresponde por ley. La situación planteada contribuye a que miles de familias del interior de nuestro país persistan en una injusta situación de vulnerabilidad, viendo limitadas sus posibilidades de progresar a través de la realización de un trabajo registrado que les permita generar nuevos ingresos que sin duda dinamizarían el consumo interno y movilizarían la rueda de la economía en cada uno de los pueblos de nuestro país”, añade.

Sin registros, los trabajadores no cuentan con beneficios de una obra social, aportes jubilatorios, seguro por desempleo, cobertura por accidentes de trabajo (ART), entre otros beneficios. Por su parte, para las pymes esta situación genera inseguridad jurídica en el vínculo laboral con sus trabajadores y la convivencia con un ambiente laboral precario que no beneficia a ninguna de las partes.

Trabajo conjunto

El dirigente y productor entrerriano recordó a UNO que se viene haciendo un importante trabajo en conjunto en la Provincia, entre la Fecier, el Sindicato de la Fruta, la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Anses y las carteras de Trabajo de Entre Ríos y de la Nación.

Liderada esa mesa de negociación por la ministra de Gobierno entrerriano, Rosario Romero, alcanzó algunos logros, como el sellado de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que permitió que se redacte un anexo al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para que los trabajadores de poda, raleo y cosecha, de carácter temporarios, no sufran recortes de beneficios sociales.

Asimismo, en esa labor conjunta se busca lograr un sistema de altas y bajas más ágil, sea con tarjeta magnética u otras metodologías que permitan una fácil y rápida inscripción de los trabajadores, en tiempos de la cosecha del citrus.