La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dio a conocer un una información relacionada con el comportamiento de los contribuyentes de esa repartición que prestan servicio al Estado provincial. El informe contabiliza 4.893 proveedores, de los cuales 3.909 cuentan con Certificado de Libre Deuda extendido por el organismo, mientras que 884 lo han hecho con Certificado de Regularización de Deuda.
Casi 5.000 proveedores del Estado regularizaron su situación tributaria
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) extendió el certificado de libre deuda a todos los proveedores que no registran deudas con la administradora para poder cobrar sus acreencias ante el Estado provincial.
11 de julio 2012 · 10:58hs
El Certificado de Libre Deuda se extendió a todos los proveedores que no tenían deuda con la administradora para poder cobrar sus acreencias ante el Estado provincial. Fue creado mediante resolución de ATER y tiene una validez de 180 días. Este instrumento fue una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial para que aquel prestador que tuviera acreencias con el Estado tenga, al momento de cobrar sus facturas, sus impuestos al día.
Del mismo modo, 884 proveedores recibieron el Certificado de Regularización de Deudas con el mismo plazo de validez, lo que implica que el contribuyente regularizó su situación con la ATER a través de un plan de pago. Se generaron 1.747 planes de los cuales a fines de junio 1.646 se encuentran vigentes y 101 están caducos, es decir que el originante no cumplió con la pauta de pago establecida.
La información se relaciona con el comportamiento de los contribuyentes en la medida de que antes de fin de año cada uno de ellos necesitará la renovación del instrumento para seguir cobrando por sus prestaciones; por lo que desde la ATER se definió no emitir ningún certificado de regularización al contribuyente que incumplió con el anterior. Si eso ocurre el proveedor deberá pagar lo que adeuda al contado como única vía para recibir un nuevo Certificado.
Estas medidas apuntan a profundizar la política tributaria de la provincia basada en términos de equidad y justicia distributiva. Es decir, aquellos que reciben beneficios al venderle al Estado deben ser los primeros, al igual que los funcionarios públicos, en cumplir con sus tributos al día.