El Congreso de la Nación recibió ayer dos proyectos que prevén el castigo con penas de prisión a los clientes de la prostitución. Uno será debatido en el Senado nacional y establece la sanción sólo a los clientes de víctimas de trata. El autor de la iniciativa es el senador Aníbal Fernández (FPV). Mientras que el segundo proyecto, de Diputados, es más amplio y, en consecuencia, más polémico. Impone penas de seis meses a tres años de prisión a toda persona que pague “por el uso sexual de una persona”. Es decir, incluye a todos los clientes que desembolsen dinero por sexo.
Carranza: “Es una pena que se confunda trata de personas con prostitución autónoma”
La representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina criticó duramente el proyecto que impone penas de prisión a clientes que paguen por sexo. “Las trabajadoras sexuales seguimos siendo perseguidas. No ví listas de pronexetas presos con los cierre de prostíbulos”, dijo. Escuchá el audio.
4 de abril 2013 · 11:09hs
En diálogo con radio 97.1 La Red Paraná, Claudia Carranza, secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) consideró una pena que se siga confundiendo la trata de personas con la prostitución autónoma, no regenteada. “La prostitución autónoma es una profesion y tienen que liberarla del tema del delito”. En su opinión, los legisladores deberían comenzar a asesorarse y entender, y sobre todo, diferenciar estas cuestiones.
“Están prohibiendo cuestiones que no son prohibidas en Argentina”, dijo y recalcó que las leyes prohibitivas no han funcionado. En ese sentido trajo a colación el cierre de las whiskerías. “¿Cerraron realmente a partir de la Ley? No. Siguen funcionando, se sigue trabajando y esto tiene que ver con la demanda desde el trabajo sexual. Guste a quien le guste, el trabajo sexual tiene una función social, es una necesidad básica del ser humano”, consideró Carranza.
La secretaria de Ammar insistió en que les preocupa como asociación la confusión que hay entre lo que implica la trata de personas y la prostitución autónoma. “El gobierno no puede legislar sobre que hacen las personas con su dinero”, dijo y propuso, en todo caso, un debate público.
“Las trabajadoras sexuales seguimos siendo perseguidas y castigadas. No ví listas de pronexetas presos con los cierre de prostíbulos”, indicó que contrapuso el “desarraigo y la falta de trabajo de las compañeras, porque no hubo una inclusión real de ellas al mundo laboral”. En este sentido, aseguró que desde el Consejo Municipal de la Mujer, que se inauguró en la ex pensión 14 de Paraná no se les brindó ayuda a las mujeres que quedaron desocupadas a partir del cierre de los prostíbulos.