Benítez, el locador peronista en Tribunales

En el ambiente judicial entrerriano siempre llamó la atención la escasa aparición pública del defensor general Maximiliano Francisco Benítez. Se trata de la máxima autoridad de los defensores oficiales o públicos en la provincia, aquellos a los que recurren los pobres que no cuentan con recursos suficientes para pagar un abogado particular, cuando se ven inmiscuidos en asuntos judiciales, sean penales o familiares, por ejemplo y principalmente.

Más allá de lo que se podría catalogar como un "perfil bajo" de "Maxi", como todos lo llaman en Tribunales al funcionario, defender a los pobres en público podría resultar comprometedor para las autoridades políticas de la provincia. En realidad, esa sería justamente la función de tal rol institucional. En otras jurisdicciones del país ocurre que el defensor general sale a "pelearse" con la Policía que persigue a los pobres en la calle, con los fiscales que entorpecen garantías constitucionales, con el gobierno responsable de la situación de marginalidad de los justiciables. En Santa Fe, por ejemplo, al defensor general Gabriel Ganón le está costando un cercano juicio político votado por la Legislatura, el hecho de haber alzado su voz ante las injusticias. Pero en Entre Ríos, las relaciones políticas siempre pueden más y nunca se saben hasta dónde llegan, aunque en realidad, puertas adentro, todos lo saben muy bien.

La historia cuenta que en tiempos de juventud y no tanto, Benítez era un activo militante peronista en Concordia y supo ganarse la confianza y amistad de quienes, con el tiempo, accedieron a importantes espacios de poder.

Pero el salto al ámbito judicial, específicamente a la defensoría de pobres y menores, lo dio cuando Hernán Orduna accedió a la intendencia de Concordia. Desde entonces, el abogado no paró de crecer y subir peldaños hasta convertirse en defensor general de la provincia, cargo al que juró en 2009 ante el Superior Tribunal de Justicia (aunque ya lo ejercía desde dos años antes), tras la aprobación del pliego en el Senado y el decreto del Poder Ejecutivo, en manos de Sergio Urribarri. El entonces gobernador se garantizaba "uno de los suyos" en un área sensible del edificio de calle Laprida 250, donde supo cosechar buenas amistades durante sus dos mandatos, principalmente en el STJ.

Tal vez uno de los episodios más controvertidos protagonizado por Benítez fue aquel de mediados del año pasado, cuando interpuso un recurso de amparo contra el paro de 48 horas impulsado por los tres gremios docentes de Entre Ríos, en reclamo de mejoras salariales, "en nombre y representación de los niños , niñas y adolescentes de la provincia". No hacía falta ser un politólogo para entender esta acción como un favor al gobierno, ya que nunca se conoció un amparo similar presentado por el defensor general cuando muchos de esos mismos niños, niñas y adolescentes asisten a clases en condiciones calamitosas.

Pero, según se indicó a El Versátil, la despreocupación por ocultar estas amistades políticas del defensor quedan en mayor evidencia cuando se observa un contrato de alquiler rubricado en Concordia, en el cual aparece como Locador Benítez Maximiliano Francisco y como Locatario Urribarri, Mauro. Es decir que el defensor le alquila su casa de la Capital del Citrus al actual ministro de gobierno de la provincia. ¿Le exigirá mes adelantado, comisión y actualización semestral del monto por inflación, como deben pagar los inquilinos en esta provincia?