Derechos Humanos
Lunes 26 de Septiembre de 2016

Lesa humanidad: un testigo y una denuncia de 1984 complicaron a Céparo

Se inició este lunes el juicio al represor Atilio Ricardo Céparo, integrante de la patota de la Policía de Entre Ríos durante la dictadura, acusado secuestrar y torturar a una mujer.

En el inicio del juicio por delitos de lesa humanidad contra Atilio Ricardo Céparo, el exmiembro de la Policía de Entre Ríos, de 67 años, fue comprometido por el testimonio de un hombre que dijo haber sido testigo presencial de la detención ilegal de una mujer en la cual participó el acusado, el 23 de septiembre de 1976, dentro del sanatorio La Entrerriana de Paraná. Además, la Fiscalía aportó una documentación de alto valor para la causa: una denuncia realizada por la víctima semanas después de recuperada la democracia, en 1984, donde ya mencionó a Céparo como integrante de una patota de la Policía que actuaba en la capital entrerriana durante la dictadura.

Céparo, quien se abstuvo de declarar en esta primera jornada de debate, está acusado de secuestrar (privación ilegítima de la libertad) y torturar a una mujer el 23 de setiembre de 1976, en calidad de coautor. En esos años era oficial ayudante de la Policía provincial, donde se desempeñaba en la Dirección de Investigaciones. Una de sus seis hijas mujeres es esposa del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Lilia Carnero e integrado por Noemí Berros y Roberto López Arango. El fiscal es José Ignacio Candioti, el defensor es José Ostolaza y los abogados querellantes, en representación de la agrupación H.I.J.O.S. son Marcelo Boeykens y Sofía Uranga.

En primer término declaró Lionel López, quien relató que, en septiembre de 1976, se encontraba en la clínica La Entrerriana acompañando a su mujer que estaba internada con una grave enfermedad, cuando llegó Céparo, a quien conocía de vista de la ciudad de La Paz, y se llevó detenida a la víctima, una enfermera que se desempañaba en la terapia intensiva.

López aseguró que estaba a escasos metros de esa escena y que el policía, vestido de civil, golpeó la puerta, intercambió unas pocas palabras con la enfermera y le ordenó: "Acompáñeme". En ningún momento mostró una orden de detención. Asimismo, el testigo reconoció sin dudar al acusado en la sala de audiencias.

Según el testimonio de López, quien estuvo varios meses en la clínica acompañando a su esposa, luego de siete u ocho días la enfermera retornó a su trabajo. Al reencontrarse, ella llorando lo abrazó y le dijo que "la había pasado muy mal, que la habían torturado y golpeado y que lo que había vivido no se lo deseaba ni a su peor enemigo". La mujer estaba "muy demacrada y más delgada de lo habitual".

Amenazas

Asimismo el testigo ratificó lo ya declarado sobre las amenazas que dijo haber recibido de parte de la familia del enjuiciado. Señaló que recibió llamadas con la característica de La Paz (03437), de números desconocidos, que él atribuyó a intimidaciones de la familia de Céparo. También dijo que estos llamados comenzaron un día después de que Céparo fuese detenido y que también fueron a su casa, aunque no abrió la puerta. A todo esto agregó que recibió una carta documento de una de las hijas del encartado, Francia Céparo, donde se lo intimaba a ratificar o rectificar sus dichos. El temor que sentía –afirmó– continúa todavía.

Un hallazgo en fiscalía

Al inicio del debate el fiscal Candioti aportó una prueba de gran valor a la causa: una denuncia realizada por la víctima en enero de 1984 ante el secretariado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El papel había sido guardado por el fiscal Juan Varisco Bonaparte –fallecido en 1995– junto con muchas otras denuncias realizadas al recuperarse la democracia y reunidas por la Comisión Bicameral que funcionó en ese tiempo. Días pasaos lo encontró el personal de la Unidad de Derechos Humanos de Paraná del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia ante la APDH fue radicada el 18 de enero de 1984, luego de que se publicara un aviso en El Diario convocando a presos políticos. El relato que ahí se expresa es igual al que hizo en 2012, cuando se inició la causa que ahora está en juicio oral y público. Por ejemplo, allí se expresa que quien la detuvo fue un oficial de la Policía de Entre Ríos, vestido de civil, de apellido Céparo, quien la condujo a la Jefatura Departamental que funcionaba en calle Córdoba. Luego fue llevada a la Comisaría de San Agustín y de allí fue sacada "a la madrugada y con los ojos vendados, pero antes de que le pusieran la venda pudo ver a Céparo nuevamente".

Fue introducida a un vehículo –continúa ese relato– y sometida a vejámenes por parte de una persona. Nuevamente en la Jefatura fue sometida a torturas con picana eléctrica durante una hora y media, mientras la interrogaban y le preguntaban por sus amistades. Más adelante, el mismo Céparo le pidió disculpas por lo que le había pasado.

Día 2

Este martes el juicio seguirá con la declaración de la víctima, de quien por el momento se resguarda la identidad. Esta testimonial se tomará en su domicilio particular, un pedido del equipo del Programa de Protección a la Víctima, debido al estado de vulnerabilidad en que se encuentra. Luego, ya en el TOF, se escucharán otros testimonios.

No se acuerda

El represor se negó a declarar ante el Tribunal, por lo cual se leyó su indagatoria en la etapa instructoria de la causa. En esa oportunidad, dijo no recordar el hecho y aseguró no conocer a la víctima. Como hacen habitualmente los acusados de delitos de lesa humanidad, alegó que "no tenía poder de decisión", que quien estaba a cargo era "Ricardo Marín" y que él no intervenía en detenciones porque se dedicaba a "la parte administrativa".

En la audiencia de este lunes también declaró Cecilia Arcaute, quien tuvo contacto con la víctima por ser esposa del abogado Juan María Garayalde, defensor de perseguidos políticos. Ya en aquella época supo primero de la detención y luego de las torturas con picana que había sufrido la enfermera en dependencias de la Policía provincial.

El tercer testimonio fue el del médico Ramón Evaristo Ghiacchi, quien trabajó con la mujer en un centro de estudios renales de Paraná y ya en 1986 conoció por boca de ella de sus padecimientos, inclusive del uso de la picana en la zona genital.

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