Oscar Alberto Barbieri, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Paraná, dijo este sábado que confía en que las negociaciones con los diputados y diputadas del Frente de de Todos "llegarán a buen puerto", en referencia al debate del proyecto para que el Puerto Nuevo de la capital entrerriana pase a manos del municipio. El sindicalista espera que se preserven espacios concretos para las actividades de los trabajadores.
Traspaso de Puerto Nuevo: Barbieri confía en la negociación
El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento destacó el compromiso de la diputada Osuna de preservar la tarea de los trabajadores de Puerto Nuevo.
12 de noviembre 2022 · 13:24hs
La iniciativa legislativa establece la transferencia del predio a la Municipalidad de Paraná, la cual deberá realizar la regeneración del espacio, respetando el acceso al río y el patrimonio arquitectónico y cultural. Además, según se anticipó, habrá modificaciones para garantizar la participación de los trabajadores cuando se trate en el recinto.
Barbieri socializó un video del tratamiento, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación General. Allí se escuchan las intervenciones de la diputada Blanca Osuna y del diputado Marcelo Casaretto.
En breves declaraciones enviadas a UNO, Barbieri señaló: "El video que he socializado en cuanto a la presentación del proyecto de ley de traspaso de la Dirección Nacional de Vías Navegables, Distrito Paraná Medio, es para rescatar el compromiso de la compañera Blanca Osuna de espacios concretos para nuestras tareas, amarre de embarcaciones y otras labores especificas".
En las últimas horas los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización ante el avance del proyecto, por entender que corre riesgo su lugar de trabajo y sus herramientas. Incluso Barbieri pidió diálogo a la diputada Osuna.
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Sin embargo, en esta oportunidad el dirigente destacó el diálogo en torno al proyecto: "Existe con los legisladores/as de Frente de Todos un marco de diálogo y negociación que seguramente llegará a buen puerto". Y agregó: "Nuestra organización siempre se caracteriza por el diálogo, como también ejercitamos el derecho constitucional de peticionar, reclamar y manifestarnos en defensa de los derechos de nuestros representados".
El tomar la palabra en la comisión de Presupuesto, la exintendenta de Paraná afirmó: "Este enclave de la zona portuaria, los barrios aledaños, el desarrollo cultural, recreativo y deportivo deben ir de la mano con la activa participación del sindicato de puertos y vías navegables". Y agregó: "Ese sindicato ha sido, y lo va a seguir siendo, un interlocutor clave para el desarrollo y la puesta en marcha de lo que define esta norma".
"No estamos hablando de ninguna manera de un espacio para un negocio inmobiliario. Es importante que esto quede claro para quienes administren este lugar y para el texto propio de la ley", indicó la diputada, quien expresó su interés en que "los trabajadores puedan continuar desarrollando su labor". En ese sentido, se comprometió a incorporar modificaciones durante la sesión en que se trate la iniciativa, "para el reaseguro de este aspecto en particular".
El proyecto de Osuna, que retoma uno anterior de Mayda Cresto, aclara en su artículo 2 que la transferencia del Puerto Nuevo "se efectúa con el cargo a que la beneficiaria (la Municipalidad de Paraná) realice tareas de regeneración e integración urbana del predio en el marco del Plan Maestro Integral del Área Costera de Paraná". Y pone como condiciones: garantizar el libre acceso y circulación al espacio público y al río; respetar el patrimonio arquitectónico y cultural y articular con la labor educativa de la Escuela Técnica N° 100.
El Poder Ejecutivo nacional, dice el texto, tendrá 60 días para adoptar las medidas pertinentes para concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio. En tanto, la Municipalidad deberá cumplir con el cargo que se le impone en un plazo de diez años; si no lo hace el inmueble volverá a manos del Estado nacional.
