Tras orden de desalojo a carribar, solo resta la sentencia de la Justicia

Dueño y trabajadores del carribar Al Paso se manifestaron ayer frente a Tribunales, donde se realizó una audiencia por el litigio que el titular mantiene con la Municipalidad de Paraná por la ocupación del espacio público en la Costanera Baja.

Al término de la audiencia, que no logró ningún acuerdo, Núñez dijo que el municipio incumplió su promesa de reubicarlos en otro predio y rechazó la propuesta de dejarlos trabajar esta temporada de verano y luego desmantelar. "Nos dan cinco meses para desarmar pero no tienen un lugar. Quieren que pongamos carpa y seamos ambulantes", expresó. Sostuvo que unas 20 familias dependen de su negocio.

Ante la consulta de UNO, el fiscal municipal Francisco Avero indicó que el tema se encuentra judicializado, como consecuencia del operativo desarrollado por el municipio en noviembre de 2017, con el propósito de recuperar un espacio público que es patrimonio de todos los paranaenses.

El responsable del carribar Al Paso resistió la medida, mientras que el resto de los locales que se habían instalado en el lugar fueron removidos. Hubo distintas presentaciones judiciales, como amparos que fueron rechazados por la Justicia. Desde la comuna se hizo notar que en ningún momento del proceso judicial en que quedó envuelto este trámite administrativo se dejó constancia de algún permiso de habilitación o uso, como alguna vez expresó el dueño.

"La Justicia ya dio la orden de desalojo, y durante estos últimos días y hoy solo se realizaron audiencias para intentar acercar alguna solución. Para que no sea traumático, propusimos que durante el verano continúe, pero finalmente se retire, algo en que se mostraron intransigentes", sostuvo Avero, que remarcó que el carribar está ocupando un espacio público. Además, acotó que está "desvirtuada" la situación, ya que un carribar debería ser móvil, y en este caso se trata de una edificación en plena Costanera Baja del Parque Urquiza. "Los inspectores ni siquiera pueden realizar los controles bromatológicos, porque no los dejan", agregó.

Por su parte, Núñez, quien el año pasado resistió el desalojo y golpeó a una funcionaria municipal, dijo que durante este tiempo de prórrogas sostuvo a las familias con un puesto de tortas fritas y que la comuna les incumplió la promesa de darles otro lugar a ellos y a los otros carribares que desalojaron. En 2017 la comuna desalojó los carribares, pero Núñez resistió la medida y se generó un conflicto judicial.

En diciembre de 2017 la Justicia rechazó el amparo interpuesto por Núñez y avaló a la comuna. En la oportunidad el vocal del tribunal de Apelaciones, Hugo Perotti, rechazó el planteo en la causa "Hugo Núñez c/Municipalidad de Paraná", y además le fijó el cobro de las costas y los honorarios de los profesionales que intervinieron en la presentación judicial. En la presentación, Núñez hizo saber que la acción de la comuna era irregular, por lo que "fue una intolerable violación de los derechos constitucionales habida cuenta de que no es real la ocupación ilegal, tal como adujo la Justicia de Faltas".

Tras varios argumentos dados por la comuna y el amparista, el juez entendió: "No le asiste razón al amparista, puesto que la Municipalidad no tuvo un accionar ilegítimo, habida cuenta que actuó tal cual lo marca la Constitución".

Perotti insistió en que los puntos críticos que hizo el comerciante no se lograron verificar "por cuanto la Municipalidad no violó ninguna norma, en más, al leer lo actuado y descargos, observo un obrar legítimo, como también la reticencia del amparista a cumplimentar lo exigido por la comuna".