-Desde muy joven te interesaste a fondo por el tema de la dictadura militar y sus consecuencias, y la publicación de este libro parece ser el corolario de tan larga dedicación. ¿Hay alguna razón particular para la vocación que sentís por aquella época tan oscura y a la vez determinante?
-Así es, y aunque he investigado acerca de otros temas en las primeras etapas de mi carrera (problemas de historia latinoamericana, el movimiento obrero y las izquierdas en los años 30 y 40, las culturas militantes en los 70), hace más de veinte años que me ocupo de estudiar la última dictadura militar. Estoy bastante convencida de que, si bien el trabajo de investigación es eso, justamente, una tarea profesional, hay un punto en donde los temas que investigamos tienen algo “nuestro” o se vinculan con nuestras propias biografías. Viví la dictadura en parte en el exterior (en un exilio familiar por razones económicas y no políticas) y en parte en la Argentina siendo adolescente, y mis vivencias y recuerdos de esa época oscura me impulsaron a asumir desde aquellos años un firme y sostenido compromiso ético y político con la memoria, la verdad y la justicia. Sin embargo, una puede adherir a ciertas causas, pero no necesariamente se convierten en temas u objetos de investigación. En mi interés por estudiar la dictadura incidió mucho el hecho de que casi no existían trabajos de investigación sobre lo que había sucedido en esta ciudad durante la dictadura y cuando fui invitada en 1999 a participar de un libro que abordaría la historia de Rosario en el siglo XX elegí trabajar ese período, luego se convirtió en el tema de mi tesis de doctorado y de mi primer libro (Dictadura, represión y sociedad en Rosario, publicado en 2008) y, aunque en todos estos años han cambiado mis preocupaciones, énfasis e hipótesis de trabajo, sigo trabajando sobre ello. Es un tema que no deja de convocarme a investigar, reflexionar y escribir, y este último libro que acaba de ser publicado por Siglo XXI condensa o sistematiza mis investigaciones e interpretaciones sobre la problemática, así como también la de numerosos especialistas que en estos últimos quince o veinte años han contribuido a renovar el conocimiento y los estudios sobre el período.
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Gabriela Águila: rigor investigativo.
Marcelo Bustamante / La Capital
-“El del 24 de marzo fue uno de los golpes más anunciados y esperados de la historia nacional”, afirmás. ¿La dirigencia política aguardaba y abonaba el golpe militar, entonces? ¿O padecía de impotencia, simplemente? Y también escribís: “…el golpe fue en general bien recibido, tanto en el plano nacional como el internacional”. ¿“Bien recibido” significa, acaso, que la mayoría de los argentinos le dio su apoyo?
-Efectivamente, la documentación de archivo y la prensa del período muestran que los preparativos del golpe de Estado eran ampliamente conocidos por sectores políticos y empresarios, algunos de los cuales tenían contactos asiduos con las Fuerzas Armadas, por la cúpula eclesiástica que fue informada antes del golpe de los planes para derrocar al gobierno, por el gobierno de los Estados Unidos y diplomáticos de ese y otros países, que reconocieron rápidamente a la Junta Militar, y también por los medios de prensa, donde se publicaban casi a diario rumores y especulaciones respecto del momento exacto en el que se iba a producir, registrando además que el gobierno de Isabel había perdido la mayor parte de sus apoyos y de su legitimidad social y política. En lo que refiere a la sociedad argentina, las evidencias documentales y los estudios disponibles dan cuenta que al momento del golpe las críticas o las resistencias si es que existieron fueron imperceptibles y que predominaron expresiones de apoyo difuso, como sostiene el historiador Daniel Lvovich. Al respecto, una de las cuestiones que me interesaba analizar en el libro era, por un lado, cuáles fueron las actitudes y comportamientos de la sociedad que vivió el período, pero también cómo variaron a lo largo de la dictadura. Desde una mirada general y panorámica, lo que se advierte es que los mayores niveles de aceptación política y social hacia el gobierno militar se registraron en los primeros años, mientras que las expresiones de resistencia activa fueron muy limitadas en gran parte debido a la represión y el terror, aunque sí existieron manifestaciones organizadas por grupos minoritarios en torno a la denuncia por las violaciones a los derechos humanos, así como conflictos en el mundo del trabajo si bien defensivos localizados y de distinta envergadura. Hacia 1979 comenzaron a hacerse visibles indicios de que el poder militar y también el consenso que había acompañado al golpe de Estado se estaba erosionando, y sobre todo a partir de 1981 cuando se inicia una nueva fase de la dictadura con la asunción del general Viola se incrementaron los cuestionamientos al gobierno de facto, provenientes desde diversos sectores sociales, políticos y sindicales, agudizados por el deterioro de la economía que se hizo evidente en esa coyuntura. El incremento de los conflictos sindicales y también de la actividad político-partidaria con el surgimiento de la Multipartidaria en julio de 1981 (cuando los partidos mayoritarios clausuraron sus expectativas respecto de negociar con el poder militar) así como otros datos, por ejemplo la creciente visibilidad y acompañamiento social y político al movimiento de derechos humanos o la emergencia de fenómenos y expresiones culturales críticas, dan cuenta de la emergencia de un nuevo clima político y social. Como bien se sabe, los cuestionamientos al gobierno militar se profundizaron luego de la derrota en guerra contra Gran Bretaña en 1982, para adquirir modalidades más explícitas, activas y organizadas, que acompañaron la transición hacia las elecciones y el fin de la dictadura.
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La portada del libro, editado por Siglo XXI.
Al respecto me interesa señalar que esta cuestión, la de las actitudes o comportamientos sociales o las relaciones en dictadura y sociedad, es uno de los temas más complejos de abordar, en gran parte por la disponibilidad de fuentes documentales. Y que si bien se trató de un régimen eminentemente represivo caracterizado por las violaciones masivas a los derechos humanos, lo que hace que no podamos eludir los efectos de la violencia y el miedo tanto en términos subjetivos como sociales para explicar esos comportamientos, de otra parte la imagen de una sociedad paralizada por el terror no resulta totalmente verosímil, en tanto se registró una variedad de actitudes sociales frente al régimen militar que fueron desde la adhesión activa, la conformidad o la apatía, hasta la disidencia y la oposición abierta y que no puede ser explicada únicamente apelando a ese factor. El libro justamente se ocupa de mostrar cómo fueron variando los comportamientos sociales y cómo lo que sucedía en la base de la sociedad incidió en las distintas etapas y también en el margen de maniobra del gobierno militar.
-Hubo alrededor de seiscientos centros clandestinos de detención en el territorio nacional durante la dictadura, que además creó la singular y ominosa figura del “desaparecido”. ¿Sabía la población del país lo que estaba ocurriendo y lo avalaba, en función de lo que la socióloga Paula Canelo llama “consenso antisubversivo”?
-Qué se sabía respecto de la represión clandestina y la desaparición de personas durante los años de la dictadura es otro de los grandes temas a analizar y la respuesta tiene más de una entrada. Como se advierte por ejemplo en fuentes diplomáticas o en archivos desclasificados de los Estados Unidos, al menos en ciertos círculos políticos nacionales e internacionales había información desde antes del golpe sobre la decisión de las Fuerzas Armadas de utilizar métodos represivos que provocarían violaciones masivas a los derechos humanos, lo que no impidió que los gobiernos de esos países reconocieran o apoyaran a la Junta Militar. Cuando la represión se intensificó y aumentó el número de víctimas pero también de sobrevivientes, la información circulante sobre los secuestros, torturas y desapariciones que se estaban registrando se amplió notablemente como resultado de las denuncias realizadas por exiliados y organismos de derechos humanos en el país y en el exterior, y esto fue recogido e investigado por organizaciones humanitarias internacionales. Tal como sucedió con Amnesty International, que visitó el país en que visitó el país en noviembre de 1976 y publicó un primer informe crítico donde se denunciaba la existencia de miles de prisioneros, muertos, desaparecidos, así como el uso de torturas y otros delitos, producto del accionar represivo ilegal y publicó una primera lista de más de quinientas personas desaparecidas o, más significativa aún por su impacto a nivel internacional, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en septiembre de 1979, que documentó miles de casos de violaciones a los derechos humanos en todo el país. Por otro lado, la prensa reseñaba a diario “enfrentamientos” en general con el saldo de varios “subversivos” muertos, detenciones, allanamientos e incluso la desaparición de personas y, aunque la información estaba restringida y en general se publicaban comunicados oficiales del Ejército o la policía acerca de esos hechos, una parte importante circulaba y podía leerse en todos los diarios del país. Finalmente, muchos de los operativos represivos se realizaron a la luz del día, en la calle, en los barrios y en los lugares de trabajo, se conocía que tal o cual vecino, compañero o compañera de trabajo o personas más o menos allegadas habían sido detenidas o se las habían llevado las fuerzas de seguridad, y este ejercicio de la represión más o menos abierto y público coexistió y se articuló con las prácticas clandestinas. Todo ello pone en cuestión la imagen que habitualmente se tiene acerca de que la represión fue totalmente invisible o se mantuvo oculta, y obviamente convoca a preguntarse por lo que la sociedad “sabía” o avalaba, como planteás en tu pregunta, respecto de lo que estaba sucediendo. Y no hay respuestas concluyentes: si se sabía lo que estaba sucediendo o sólo parte de ello, qué relación hay entre ese saber y las actitudes sociales frente al régimen militar, si no pronunciarse abiertamente frente a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad expresaba apoyo o temor, etcétera.
Lo cierto es que, si analizamos las dinámicas políticas del período, sólo cuando el gobierno militar empezó a perder apoyos y legitimidad en gran parte por los efectos de la crisis económica (digamos hacia fines de 1980-1981), las denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos se amplificaron socialmente y el problema de los derechos humanos adquirió una visibilidad que no había tenido en los primeros años de la dictadura. Como contrapartida, la sostenida presencia de algunos elementos discursivos muy utilizados por el régimen militar como la denominada “campaña antiargentina” que, se afirmaba, estaba organizada desde el exterior para desprestigiar al país o que las Fuerzas Armadas se habían visto obligadas a librar una “guerra” contra la subversión apátrida o el terrorismo, también sostenidos por distintos espacios político-partidarios, empresariales o eclesiásticos al menos hasta 1982, dan cuenta de la difusión así como de la persistencia en el tiempo de los argumentos legitimadores de la represión utilizados por los militares y su gobierno. Pero si las Fuerzas Armadas y sus aliados los sostuvieron hasta el final de la dictadura y también en los años posteriores, por otro lado lo que se observa es que en el período que siguió a la derrota en la guerra de Malvinas y en el espacio público y político se impuso cada vez más abiertamente una posición crítica hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, de las que aparecían como evidencias inequívocas el descubrimiento de fosas con cadáveres NN halladas en algunos cementerios o las declaraciones de algunos “arrepentidos” que habían formado parte de los grupos de tareas que confirmaban las denuncias de los sobrevivientes. Como se sabe, fue en la posdictadura o en los primeros tramos del gobierno de Alfonsín cuando los posicionamientos críticos se tornaron en una condena abierta, a partir del hondo y amplio impacto social y político que tuvo primero la presentación del informe Nunca más elaborado por la Conadep en 1984 y luego la realización del Juicio a las Juntas, en 1985.
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Martínez de Hoz, con Videla.
-La economía es una de las claves del autodenominado “Proceso”. El extenso ciclo de Martínez de Hoz como ministro implantó el neoliberalismo y les dio un duro golpe a los trabajadores. ¿Representaba ese ideario a las tres fuerzas, conducidas respectivamente por Videla, Massera y Agosti?
-José Alfredo Martínez de Hoz estuvo cinco años al frente del Ministerio de Economía, una permanencia que contrasta no sólo con el resto de los ministros del gobierno militar (el otro funcionario que también batió un récord de permanencia fue Albano Harguindeguy, ministro del Interior desde 1976 a 1981), sino también con las gestiones económicas de otros gobiernos tanto militares como democráticos en el siglo XX. Eso sólo fue posible por el apoyo sostenido del presidente Videla y de la facción mayoritaria del ejército, sobre todo cuando comenzaron a generalizarse las críticas provenientes de distintos sectores afectados por las políticas económicas implementadas.
Martínez de Hoz era un empresario ligado a círculos liberales y a poderosos grupos empresarios, que compartían con los militares el diagnóstico de que el modelo económico vigente estaba agotado y debía ser reemplazado por otro, basado en la apertura irrestricta de la economía, el libre mercado y la preeminencia del sector financiero. Y aunque contaba con amplios apoyos en ámbitos económicos nacionales e internacionales, la gestión ministerial debió enfrentar quejas y cuestionamientos hacia sus políticas y medidas por parte de diversos sectores y organizaciones sindicales, políticas y empresariales del agro y la industria, a medida que se hacían sentir sus efectos sobre la estructura socioeconómica, críticas que provenían también de quienes valoraban en forma positiva otras políticas del gobierno militar, en particular su accionar en la denominada lucha contra la subversión.
En lo que refiere a las Fuerzas Armadas, el proyecto de Martínez de Hoz fue cuestionado por sectores corporativistas y nacionalistas que organizaron el Ministerio de Planeamiento, encabezado por el general Díaz Bessone, un proyecto que terminó fracasando; por la Armada y el almirante Massera, quien se manifestó públicamente y también entre bambalinas contra la política económica o por el propio general Viola, quien asumió la presidencia en 1981 y luego de la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía designó a un economista muy crítico de esas políticas. Como se advierte también en otros aspectos y líneas implementadas durante esos años, la política económica fue una arena de disputas y tensiones dentro del gobierno militar.
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Mundial 78: utilización de los sentimientos populares más genuinos.
-El Mundial de 1978 fue acaso el punto culminante de la popularidad social de la dictadura. El festejo por la selección triunfante les permitió a los jerarcas del régimen mostrarse distendidos en público mientras compartían la euforia de la gente. ¿Soñaron en ese momento con una perpetuación en el poder, o tenían planeada la retirada después de la concreción de sus principales objetivos?
-La respuesta a esa pregunta es gran parte especulativa, porque no sabemos a ciencia si soñaron o no perpetuarse en el poder en ese momento en particular. Lo que sí puede decirse es que desde los documentos iniciales y en distintas declaraciones los jerarcas del régimen militar plantearon que el Proceso de Reorganización Nacional no tenía plazos sino objetivos. Lo dice Videla en distintos momentos, en 1976, en 1977: las Fuerzas Armadas volverán a sus funciones profesionales cuando se hayan cumplido los objetivos fijados al momento del golpe de Estado. Pero una cosa fueron los ambiciosos objetivos que se plantearon los golpistas y otra bien distinta las posibilidades o el margen que tuvieron para cumplirlos, tal como se manifestó en las previsiones de la Junta Militar de permanecer en el poder al menos hasta 1984. Como es sabido los militares debieron dejar el gobierno bastante antes de lo que esperaban, luego del fracaso militar en la guerra contra Gran Bretaña, que se sumaba a otra serie de crisis y conflictos en materia económica, social y política, que aceleraron los tiempos de la salida constitucional.
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Las Madres fueron ejemplo de resistencia civil ante el horror.
-Y hablando de objetivos, en cierto momento asegurás que la dictadura cumplió muchos de aquellos que se había planteado. Me gustaría que especificaras cuáles son aquellos que se plasmaron.
-Las Fuerzas Armadas y los civiles que las acompañaron tenían objetivos tan ambiciosos como diversos, que enunciaron en documentos, discursos y declaraciones desde el momento del golpe de Estado. El más proclamado fue el de restablecer el orden y reorganizar la Nación, cerrando una etapa de caos, desgobierno y corrupción, todos elementos que habían caracterizado al período previo al 24 de marzo de 1976 y que habían favorecido a juicio de los militares el surgimiento y desarrollo de la denominada subversión. La condición necesaria para imponer el orden era, en primer lugar, la acción represiva con el objetivo de aniquilar la acción subversiva pero también disciplinar a la sociedad. Entonces la denominada lucha contra la subversión es decir, el objetivo más estrictamente militar fue el elemento que cohesionó a las Fuerzas Armadas y sobre el que se establecieron con más claridad las coincidencias y acuerdos, a diferencia de lo que verificó con otras líneas y planes del gobierno militar. Fue un elemento clave para la legitimación del golpe y un núcleo discursivo fundamental del régimen militar, y además la cuestión sobre la que se edificaron gran parte de los apoyos al gobierno militar hasta los años finales de la dictadura.
El otro objetivo central del golpe fue la reestructuración de la economía, vinculada con la implementación del plan de Martínez de Hoz. Pero incluso sin minimizar la profundidad y el impacto de las políticas económicas y sus efectos, los análisis sobre la gestión económica coinciden en señalar que la política seguida adelante en esos años se caracterizó por el pragmatismo y la heterodoxia, por la superposición de medidas contrapuestas, a la vez que muchos de los lineamientos y objetivos iniciales contrastaron con su aplicación práctica. Y podríamos sumar otro conjunto de objetivos de los golpistas que se enlazaban con la pretensión de “cerrar definitivamente un ciclo histórico”, y referían al funcionamiento del sistema político y la relación con los partidos, la política sindical y laboral, el disciplinamiento social, las políticas educativas y culturales, etcétera, cuya implementación mostró vaivenes y contradicciones a lo largo de la dictadura.
Entonces, y como trato de mostrar en el libro, con la excepción del despliegue represivo que se ejecutó a sangre y fuego con el objetivo del “aniquilamiento de la subversión” (y, con todo y su amplitud y profundidad, se trató de una represión de carácter selectivo), en muchos terrenos se implementaron políticas fragmentarias o limitadas en el tiempo y, asimismo, la ejecución de sus propósitos fue contradictoria y errática, como expresión de las diferencias e incluso de proyectos diversos que dividieron al gobierno de las Fuerzas Armadas a lo largo de esos años.
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Galtieri en la Plaza: un instante trágico.
-Otro momento cargado de poderosas contradicciones se da en 1982, con la invasión de las Malvinas, cuando Galtieri es ovacionado en la plaza. ¿Fue un error de cálculo, un manotazo de ahogado, una apuesta a la redención o una simple locura?
-Interpretar la guerra de Malvinas, un acontecimiento de enorme relevancia en la historia de la dictadura militar y sin dudas de la historia reciente argentina, es y ha sido otro tema controversial. La guerra ha sido analizada e interpretada de diversas maneras y yo descartaría algunos elementos para explicarla, como el mesianismo o la locura. De hecho, existe una consistente producción académica que se centró en el estudio del conflicto, en su dimensión militar pero también política y social, en sus protagonistas y en sus efectos sociales a escala nacional y local, que han enriquecido mucho el conocimiento disponible y las interpretaciones sobre la problemática. Sin eludir este debate historiográfico, la guerra puede ser vista como un intento de la dictadura de recuperar apoyos o legitimidad, erosionados entre otras cuestiones por los efectos de la crisis económica que había impulsado episodios de protesta social tal como se verificó en la marcha del 30 de marzo de 1982.
Por otro lado, en tu pregunta hacés referencia a la ovación a Galtieri en la Plaza de Mayo, un elemento que no habría que perder de vista y que ya se había verificado también con Videla en el contexto de las celebraciones del Mundial de 1978 (cuando salió al balcón de la Casa Rosada y fue ovacionado por cientos o tal vez miles de jóvenes que festejaban el triunfo argentino al grito de “dale Flaco”), y se repitió el mismo 2 de abril de 1982 en otras ciudades como Córdoba o Rosario, donde el intendente de facto Alberto Natale también recibió “vivas y aplausos” en las escalinatas de la Municipalidad, como refieren las crónicas periodísticas de la época. Estos episodios de “consenso activo” no fueron moneda corriente durante la dictadura, pero sí se registraron en algunas coyunturas como estas que menciono, vinculadas con reivindicaciones nacionalistas y contribuyeron a legitimar a la dictadura así fuese en forma efímera. Al fin y al cabo, la evolución de la guerra y la derrota a manos de Gran Bretaña profundizaron la crisis y deslegitimación del gobierno militar, y condujeron a la dictadura a un punto de no retorno y la posterior salida constitucional.
-Veo que optás por no referirte a la “dictadura cívico-militar”, sino que desde el título del libro aludís a la “dictadura militar”, sencillamente. ¿Por qué?
-La definición de dictadura cívico-militar no es nueva, aunque sí lo es su amplia utilización en ciertos ámbitos como el activismo de los derechos humanos, los medios de comunicación e incluso el lenguaje cotidiano. Esa nominación hace referencia a la activa participación o corresponsabilidad de sectores civiles en el golpe militar de marzo de 1976, poniendo en evidencia un elemento negado u olvidado desde los años de la transición: que la dictadura no fue sólo obra de las Fuerzas Armadas y que éstas se encontraban profundamente insertas en el contexto social y político del cual eran parte. Pero además la definición alude no sólo a la presencia de civiles en los elencos del gobierno instalado en 1976, sino sobre todo a los beneficios económicos que recibieron individuos y grupos a través de negocios con el Estado, así como a la activa colaboración de sectores empresarios, miembros del clero, de la Justicia o de los medios de comunicación en la legitimación ideológica y política del golpe militar, e incluso como copartícipes de delitos de lesa humanidad.
Más allá del hecho de que todas las dictaduras del siglo veinte tuvieron apoyos civiles o complicidades políticas de diverso calibre (en tal sentido, calificarla como cívico-militar sería, pura y simplemente, redundar en una de las características que ostentaron otros regímenes autoritarios y, por ende, no sería una nota específica de la de 1976-1983), en el caso de la última dictadura sabemos que la participación de los civiles en la estructura del régimen militar fue heterogénea, más amplia en algunos niveles como el ámbito municipal, a la vez que la presencia de las Fuerzas Armadas, o el grado de militarización del poder, fue muchísimo más elevada en términos numéricos y de responsabilidad en los altos mandos del Estado que la de los civiles. Por otro lado, y aun registrando la participación activa de sectores de la sociedad civil en la elaboración de proyectos y políticas del gobierno militar, a título individual o como representantes de grupos intelectuales, políticos o corporativos, es necesario señalar que los tiempos y la ejecución de golpe, los objetivos del régimen y las líneas y estrategias políticas implementadas fueron definidas por las Fuerzas Armadas más que por los civiles que los acompañaron. Ello fue así incluso con el plan económico, el ámbito donde más claramente operaron los civiles dentro del gobierno militar, en tanto la aplicación de la política económica de Martínez de Hoz y la continuidad del elenco económico y de sus líneas de acción, dependieron del apoyo que le brindaron Videla y otros comandantes a costa de la oposición de los “duros” dentro de la Junta Militar. Incluso si se analiza la mayoría de los apoyos sociales, políticos, institucionales y/o corporativos al golpe, en algún momento casi todos los sectores entraron en colisión con el régimen militar, plantearon críticas e incluso se enfrentaron con el gobierno por algunas de las políticas implementadas. Finalmente, el que representó el principal objetivo del golpe de Estado, el aniquilamiento de la denominada “subversión”, fue diseñado, comandado y ejecutado por las Fuerzas Armadas y, aunque cosechó un amplio caudal de apoyos sociales y políticos y contó con la participación, colaboración o complicidad de los civiles, ésta no puede equipararse ni de lejos con el involucramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado. Este conjunto de elementos, a los que podrían agregarse otros, evidencian el carácter “más” militar que civil de la última dictadura y explican por qué prefiero la denominación dictadura militar a la de cívico-militar.
