Luego de cuatro maratónicos plenarios que demandaron la sesión sobre transporte, convocada por la presidencia del Concejo Deliberante paranaense, se sancionó este lunes el texto normativo mediante el cual se establece que la planificación, organización, implementación, control y explotación del Sistema Integral de este servicio público queda sujeto a las disposiciones de dicha ordenanza y normas complementarias "que dicte la autoridad municipal y leyes nacionales en materia de tránsito, laboral, tributario o previsional".
Qué dice la nueva ordenanza de transporte público
Hubo tres demandas de los usuarios que no quedaron plasmadas en la norma regulatoria que aprobó el Concejo Deliberante de Paraná este lunes.
12 de septiembre 2016 · 19:27hs
Foto UNO/Diego Arias
A través de este Marco Regulatorio "se crea con carácter permanente el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema, que tendrá a su cargo el seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión".
La norma, que servirá al Departamento Ejecutivo Municipal como marco de referencia jurídico para la elaboración de los pliegos con vistas a la próxima concesión del servicio, establece "que ésta se otorgará por el término máximo de ocho años, pudiendo el ejecutivo prorrogarlo en su vencimiento por cuatro años más, previo dictamen no vinculante del Órgano de Seguimiento del Sistema Integral del Transporte Urbano de Pasajeros".
El proyecto llegado al parlamento municipal paranaense para su tratamiento y que fuera elaborado por el bloque oficialista de Cambiemos, que receptó la opinión el intendente Sergio Varisco, logró el voto unánime de las tres bancadas que integran el parlamento municipal al tratarse el mismo en general.
Sobre su articulado inicial se introdujeron alrededor de 30 modificaciones, muchas de ellas logradas a través de acuerdo con la oposición, pero al tratarse en particular surgieron en el recinto visiones encontradas entre los ediles de los distintos bloques, generando en algunos casos álgidos debates.
Entre los puntos más polémicos estuvieron tres demandas que finalmente no quedaron plasmadas en la ordenanza: la participación ciudadana en el órgano de control, la obligación de radicación del parque automotor de la futura concesión en la ciudad de Paraná y la incorporación del boleto estudiantil gratuito primario y secundario en el marco regulatorio del transporte.
