Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), Gabriel López recordó que en Entre Ríos “hay un abusador y femicida que sigue libre e impune”. Se refirió al caso de su hermana, Gisela, quien fue secuestrada y asesinada en Santa Elena, departamento La Paz, hace casi diez años.

“Hace 9 años y 7 meses Gisela López fue raptada y asesinada en Santa Elena. La investigación llevó a juicio a cuatro personas que salieron absueltas y hoy la causa está siendo tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el joven.

El caso

La noche del 22 de abril de 2016 Gisela López, de 19 años, volvía de la escuela a su casa del barrio 120 Viviendas, ubicado en el acceso a Santa Elena, pero nunca llegó. A pesar de los intensos rastrillajes que ya habían pasado por la zona, su cuerpo sin vida fue hallado recién 18 días después a solo 168 metros de su domicilio y desde entonces, el asesinato permanece impune, al igual que otros dos que ocurrieron en esa localidad: el de Malvina Soledad Torales (en 2003) y el de Patricia Gómez (en 2001).

En la investigación penal, el fiscal Santiago Alfieri imputó como responsables del femicidio a Matías Vega, Elvio Saucedo y Mario Saucedo -este último fallecido en enero de 2022-, pero todos absueltos por el Tribunal de Juicio y Apelaciones en mayo de 2017.

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El 25 de abril de 2018, la Cámara de Casación Penal de Paraná revocó el fallo y ordenó realizar un nuevo juicio. Las juezas Marcela Davite y Marcela Badano afirmaron que aquel Tribunal “para determinar el lugar del hecho, utilizó exclusivamente la prueba científica, a pesar de que un número importante de testigos justamente lo que afirmaron es que el hecho ocurrió en otro lugar. Pero además, cuando ponderó esa prueba científica, la fraccionó y solo tomó en consideración la información que servía a la hipótesis conforme a la cual el hecho ocurrió íntegramente en el lugar del hallazgo del cuerpo, sin explicar los motivos por los que omitió ponderar aquellos datos, también científicos, que indican como posible la hipótesis contraria”.

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Principalmente, ambas vocales sostuvieron, de acuerdo a lo declarado por el médico forense Walter Aguirre acerca del modo de ahorcamiento que le causó la muerte a Gisela, que fue una compresión manual además del cordón que tenía atado al cuello y a un alambrado. “Solo puede inferirse que se montó una escena”, aseveran en el fallo, en coincidencia con lo planteado por la Fiscalía.

A su vez, analizaron otra prueba: una bota de la víctima hallada en el lugar donde estaba el cuerpo, que no había sido vista en los rastrillajes y que estaba limpia, sin vestigios de tierra, por lo que entendieron que “los captores dispusieron del cadáver con suficiente tiempo como para elegir un lugar donde ocultarlo y luego la bota fue colocada en ese lugar, como un señuelo para que se encontrase”.

Quien no estuvo de acuerdo fue el entonces vocal Hugo Perotti: “Se podrá estar de acuerdo, o no, con el resultado que adoptó el Tribunal de Juicio. Pero no podemos afirmar que el mismo incurrió en ‘arbitrariedad’ al momento de fundar el fallo”, dijo en su voto.

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El fallo del STJ y la espera de la Corte

En 2019, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos concedió el recurso de queja interpuesto por el abogado defensor Roberto Alsina y revocó la sentencia de Casación.

Los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, fueron quienes por mayoría de 2 a 1 (Mizawak en disidencia), confirmaron la absolución de los imputados el miércoles 20 de marzo de 2019. Luego, el 7 de mayo de ese año, concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por Fiscalía para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra actualmente el expediente. Aún se espera que se expida el máximo tribunal nacional.