Su hijo murió en un choque y fue víctima de “los caranchos”

José Amado/De la redacción de UNO

Mientras Elsa Tossolini afrontaba el dolor por la muerte de su hijo en un accidente de tránsito, se vio envuelta en un embrollo judicial por caer en manos de abogados inescrupulosos.

En la madrugada del 20 de marzo de 2010 Héctor Hernán Ramírez y Joel Wignier, conocidos como Nachi y Jopi, iban en una moto por la ruta 12, cerca de San Benito, y una camioneta conducida por un joven de Crespo, Exequiel Trembeki, a 175 kilómetros por hora, los atropelló y los mató. Al día siguiente, un conocido de la madre de Nachi le pasó el teléfono de un estudio de Buenos Aires y comenzó el calvario judicial, que duró más de tres años.

“Al otro día se presentó un abogado. Pero yo veía que no había resultado alguno, porque tenía contacto con la familia de Wignier y a ellos los llamaban pero a mí nunca nada”, recordó Elsa en diálogo con UNO. Además hubo otra cosa que le llamó la atención del abogado que contrató: “Vi como que sabía mucho, vida y obra de lo que hacía Trembeki, como que tenían relación entre ellos, entonces no me convenció”.

Sucedía que la madre quería accionar penalmente contra el conductor como querellante, pero el abogado se lo negaba, le decía que no era recomendable, “no querían saber nada con eso”.

Por ello tomó la decisión de cambiar el prestador del servicio judicial: “Entonces cuando vi que no había resultado, la jueza Elisa Zilli me recomendó que buscara un abogado de Paraná”. Así fue que Elsa visitó al mismo abogado que la familia de Wignier. Pero luego de quitarle el poder, los abogados porteños le reclamaron el pago de su “trabajo”: le pidieron la suma de 50.000 pesos. “Me llamaron para arreglar un precio por lo que hicieron, fue una suma exuberante que no era para eso, y después nos embargaron los sueldos”, contó la mujer.

Así estuvieron Elsa y su marido, atados al conflicto con quienes llamó “caranchos”. Desde marzo de 2010 hasta hace un mes, cuando finalmente arreglaron el pago de 27.500 pesos de honorarios. Encima el resultado de la causa penal por el choque fatal terminó de la manera menos esperada para ella: con la suspensión del juicio a prueba (probation) para Trembeki, debido a que la fiscalía desistió de la acción pública en su contra.

Confianza
El presidente la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), Lisandro Amavet, dijo a UNO que realizan campañas alertando a la población de los “estudios jurídicos caranchos, que están relacionados con las aseguradoras y las ART, que son nacionales”. En este sentido, el letrado explicó: “Los abogados para litigar en Paraná tienen que estar matriculados en el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Ellos (los caranchos) no litigan, no llegan a la instancia judicial, sino que únicamente se hacen apoderar para realizar la gestión ante la aseguradora”.

En este sentido, Amavet explicó que se trata de “estudios inmensos de Buenos Aires o Rosario que desarrollan con plata la actividad a través de policías, enfermeros, médicos, traumatólogos. Hay un negocio que se da mucho más en Buenos Aires, y en Paraná han llegado. No son abogados de acá, tienen algún ‘datero’ en el hospital, les aconsejan que no es importante seguir la acción penal, sino la plata que se le puede sacar a la aseguradora”.

Por ello, desde el CAER aconsejan a quien tiene un accidente o sus familiares: “Que busque un abogado de confianza en la familia, que lo haya conocido o alguna vez haya tenido algún trato, de manera que no se dejen trabajar de apuro por enfermeros, médicos o algún abogado que lo visite para que le haga firmar un poder. Porque hay tiempo para reclamar, civilmente, hasta dos años”.

Además, desde el Colegio de Abogados ofrecen como servicio a la comunidad un consultorio jurídico gratuito, que atiende de lunes a viernes de 9 a 11 en la sede de la institución, ubicada en calle Córdoba 264.