Silvio Díaz pide 570.000 pesos porque un policía le bajó un diente

José Amado / De la Redacción de UNO
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Ningún policía le puede pegar a nadie, salvo circunstancias excepcionales remarcadas por la Ley. Por esto, Darío Héctor Ferrero aceptó en un juicio abreviado pagar con dos años y medio de prisión condicional por haber entrado a la celda donde estaba alojado Silvio Díaz, el hombre que atropelló y mató a un niño, y darle una paliza. Sin embargo, la discusión estará en torno a la demanda civil, en la que no hubo acuerdo entre la querella y el Estado provincial. Díaz reclama 570.000 pesos por los daños físicos y morales padecidos con la golpiza, mientras que la Fiscalía de Estado rechazó esa suma por excesiva.

Ayer se realizó la audiencia en la que se expuso ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl el acuerdo arribado entre la fiscal Patricia Yedro y Ferrero, quien fue asistido por el defensor oficial Pascual Greca.

El hecho ocurrió el 1º de noviembre de 2014, cuando Díaz había sido detenido por segunda vez: la primera fue aquella mañana trágica del 6 de junio de ese año, en la que causó la muerte de Juan Manuel Martínez Zurbano, de 6 años, cuando estaba por entrar a la escuela Del Centenario. Tres meses después le dieron la excarcelación, pero a las pocas semanas incumplió con la restricción de no tomar alcohol ni drogas, por lo que lo detuvieron nuevamente en un bar de Paraná.

Esa madrugada lo trasladaron a la Alcaidía Contravencional de la comisaría quinta. Según lo planteado en la imputación de la Fiscalía, el policía Ferrero estaba cumpliendo funciones allí e ingresó al calabozo donde estaba Díaz esposado y lo golpeó en el rostro. Le causó varias lesiones y cortes en la nariz, los ojos y la boca, y como consecuencia le hizo perder una pieza dentaria.

La hija del detenido presentó la denuncia, y la Fiscalía investigó. Entre las pruebas halladas se encuentran los testimonios de los policías que estaban de turno en ese momento y ratificaron lo manifestado por Díaz y su hija. Además, en las filmaciones de las cámaras de vigilancia se observa el momento en que Ferrero entró y le pegó. El médico y el odontólogo forenses constató las heridas.

Así se imputó a Ferrero por el delito de Vejaciones, y unos meses después, en marzo de 2015, pidió la baja de la Policía de Entre Ríos. Actualmente se encuentra sin trabajo estable. 

El hombre estuvo en rebeldía durante cuatro meses, ya que cambió el domicilio sin avisar a la Justicia, lo que impidió que la causa avanzara. Por esto, tras ser buscado por la fuerza pública, Ferrero fue detenido hace cinco días, y ayer recuperó la libertad, tras firmar el acuerdo de juicio abreviado.

En el mismo, se cambió la calificación legal del delito a Severidades y Lesiones leves agravadas, por el cual deberá cumplir dos años y seis meses de prisión condicional, más las restricciones y reglas de conducta, como no beber alcohol ni molestar a Díaz ni a su familia.

En la audiencia, la abogada querellante Corina Beisel expresó que no existe de parte de Díaz “sentimiento de venganza ni revanchismo”, sino que lo que buscan es que “hechos de esta naturaleza no se repitan”.

El juez informó que analizará las pruebas del legajo y mañana dará a conocer la sentencia.

Otra causa, con pocas pruebas

Hay otra causa que tiene a Silvio Díaz como víctima de apremios ilegales: es por una denuncia que realizó contra personal del Servicio Penitenciario por una presunta golpiza sufrida en un pabellón. Los uniformados fueron citados y declararon su inocencia. Solo un preso había sido testigo y en su declaración no aportó nada para esclarecer el hecho. Las cámaras de vigilancia, al parecer, no andaban.  La denuncia, por la falta de pruebas, difícilmente se esclarezca.

La demanda

El fiscal adjunto del Estado provincial, Sebastián Trinadori, expresó en la audiencia: “En defensa del patrimonio del Estado, no presto conformidad al acuerdo porque hay una acción civil”, y agregó: “Me disconformo con los montos pretendidos en la demanda”. Según pudo saber UNO, la suma exigida en el reclamo realizado por la abogada Beisel, en representación de Díaz, es de 570.000 pesos de indemnización, para lo cual hizo una fundamentación exhaustiva respecto de las lesiones físicas padecidas por la víctima, así como por el daño moral ocasionado. La demanda va dirigida hacia el Estado, ya que el responsable del delito fue un agente en servicio.