Rechazan un abreviado para empleado de Uader que quiso cobrar horas extras de más

El ardid fue descubierto por personal administrativo que constató la anomalía en los papeles, previo a la rendición de los haberes, en mayo del año pasado. Esto fue denunciado y llegó a la Justicia. El fiscal Álvaro Piérola investigó el hecho: solicitó procedimientos, secuestro de documentos y tomó declaraciones testimoniales, que fueron confirmando la hipótesis. Por esto, se avanzó hacia la imputación del empleado público provincial, por el delito de Defraudación en perjuicio de la administración pública.

De los mismos, surgió el listado de personal de planta no docente que habría realizado guardias en distintos sectores del establecimiento durante esos meses, pero se constató que se habían adulterado los porcentajes que debían percibir algunas personas, entre ellas el imputado, su esposa y cinco empleados más. Para esto, calcó la firma de la directora del establecimiento educativo y luego se presentaron los listados para su liquidación y posterior pago el 11 de mayo de 2017 en el Departamento Personal de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader. El mismo consistió en la confesión del acusado, quien admitió ante la magistrada haber cometido el delito, y el cumplimiento de la pena de dos años de prisión en suspenso. Pero con un cambio de la calificación legal: el mismo delito pero en grado de tentativa. Es decir, se comprende que no llegó a concretarse la sustracción del dinero mediante el cobro indebido de las sumas que el hombre quiso acreditarse.
De este modo, se evitaba la inhabilitación absoluta para ocupar empleos públicos, por lo cual podría quedar sin trabajo luego de 27 años de carrera sin antecedentes.
El abogado defensor indicó que va a apelar la decisión de la magistrada, ya que se ven afectadas las garantías constitucionales de la defensa en juicio, y debido a que la jueza bien podría haber dictado de oficio tal inconstitucionalidad. Asimismo, observó que, respecto a la inhabilitación absoluta, que esa pena tramita en un proceso aparte en la instrucción sumaria en el Estado provincial.