Probation por ofrecer servicio de psicología sin el título

A través de Facebook, una mujer se promocionaba con cursos y servicios varios a personas, entre ellas asistencia en psicología. La publicación llegó al Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, que constató que no se trataba de una profesional habilitada. Por esto radicaron la denuncia ante la Fiscalía, que inició la investigación. En la causa no hubo mayores contrapuntos y, en breve, el caso terminó con una suspensión del juicio a prueba otorgada el miércoles por la Justicia. El Coper expresó su disconformidad porque pretendían un debate oral y una condena, no obstante les explicaron que la regla en estos casos donde se trata de un delito con una pena mínima leve y de una persona sin antecedentes, es la probation.

El caso no tiene una trama ni una investigación intrincadas. Fue simplemente la presentación realizada por el presidente del Colegio de los profesionales de la psicología, Eduardo Daniel Cuaranta, en la Unidad Fiscal de Paraná. El fiscal Martín Wasinger la recibió y dictó las medidas para esclarecer la denuncia.

Se pudo identificar a la mujer que ofrecía el servicio de atención psicológica y la notificaron de la acusación que presentaba en su contra. La misma se presentó en la Fiscalía junto a su abogado defensor, Pedro Fontanetto D’Ángelo, donde la imputaron formalmente por el delito de Ejercicio ilegal de una profesión. No se pudo establecer si la mujer había atendido a “pacientes”, ni si hubo personas damnificadas.

Sabiendo que en este tipo de casos puede aplicarse la suspensión del juicio a prueba, la defensa lo solicitó al Juzgado de Garantías, a cargo de Elisa Zilli, en una audiencia realizada el miércoles. Allí el fiscal acompañó la petición, más allá de que su opinión al respecto no valga, ya que es una medida que adopta la Justicia más allá de la postura del Ministerio Público Fiscal. Wasinger pidió que dentro de la reparación económica, que es un requisito de la probation, como no hay víctimas, que el aporte se realice a alguna institución de bien público.

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La mujer no puso reparos al respecto, por el contrario, ofreció entregar alimentos a comedores, en una cantidad muy superior a lo que se pretendía. Además, la mujer deberá cumplir con tareas comunitarias.

Sin embargo, en la audiencia también se hicieron presentes dos abogados, en representación del Colegio de Psicólogos provincial, quienes expresaron su oposición a la suspensión del juicio a prueba. Manifestaron que pretendían que la imputada sea llevada a un juicio oral y que en esta instancia reciba una condena, eventualmente de prisión condicional, por el delito que le endilgaron.

La jueza Zilli rechazó esta petición, y explicó que se trataba de una solicitud desmesurada y que no era viable en esta instancia. Además, señaló que en caso de que la acusada no cumpla con las medidas dispuestas, se revocaría el beneficio y se seguiría adelante con la causa penal.

Ayer el Coper publicó en las redes sociales su disconformidad con la resolución judicial, particularmente con un aspecto de las medidas que debe cumplir la imputada: “Desde el Colegio no estamos de acuerdo con dicho trabajo comunitario otorgado en la probation, ya que consideramos preocupante que esta persona entre en contacto con poblaciones vulnerables”.

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“Desde el Colegio buscamos mantener el ejercicio profesional dentro de los límites éticos y legales que nuestra profesión requiere. Por eso no dudamos en denunciar personas que ejercen sin título, buscando hacerse pasar por psicólogos/as sin serlo, poniendo en riesgo la salud mental de nuestra sociedad”, agrega el comunicado.

Otros casos

Este no es el único caso de ejercicio ilegal de la Psicología. Hace unos años se imputó a una mujer, que también debió cumplir con una probation.

La situación fue más grave, ya que surgió en el marco de una causa por abuso sexual, donde la víctima dijo que asistía a terapia con una psicóloga. Citaron a la supuesta profesional para que declarara en la causa, pero evadía los llamados de la Justicia. Hasta que supieron que no era psicóloga y se inició una causa de oficio: allanaron su domicilio y la citaron a la Fiscalía. El caso culminó con la suspensión del juicio a prueba.

El caso de mayor repercusión fue el del médico Francisco Javier Marín, quien en 2019 fue condenado a tres años de prisión condicional, pero además del delito de ejercicio ilegal de una profesión (la Psicología), fue culpable de Homicidio culposo por la muerte de su paciente Horacio Martín Eyssartier. Aún así recibió una pena que no fue de prisión efectiva.