Presos federales denunciaron malos tratos en la cárcel de Gualeguaychú

Un grupo de presos federales que se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 9 "El Potrero" de Gualeguaychú denunció malos tratos por parte del personal del Servicio Penitenciario. Por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, se determinó que las denuncias deben tramitarse en el fuero provincial. Una resolución reciente zanjó un conflicto territorial que involucró a juzgados federales y puso de manifiesto las complejas responsabilidades cuando detenidos federales están alojados en cárceles de provincia.

La denuncia

Los hechos comenzaron el pasado 10 de agosto de este año. Según supo UNO, ese día, un grupo de seis internos federales alojados en el Pabellón "Modulo E" de la Unidad Penal Nº 9 comunicó al oficial de la cárcel la existencia de malos tratos por parte de agentes penitenciarios. Además de las agresiones, los reclusos alertaron sobre notorias arbitrariedades en las requisas ordinarias de sus celdas.

Ante la gravedad del cuadro, el 27 de agosto, las Defensoras Públicas Oficiales, María José Bonifacino y Paulina Di Pretoro, solicitaron convocar de manera urgente a una audiencia virtual con las autoridades de la unidad penal. La presentación se enmarcó en múltiples expedientes penales bajo órbita federal en los que están imputados o condenados los denunciantes.

Las defensoras instaron a reunir al Director y al Jefe de Tratamiento del penal con delegados de los internos para encontrar soluciones al desamparo reinante. Expusieron que los detenidos carecen de atención psicológica o psiquiátrica, lo que provocó que varios presenten ataques de ansiedad, de pánico y severas alteraciones de conducta difíciles de contener en el pabellón. Denunciaron también una absoluta falta de respuesta del área de sanidad ante emergencias médicas y severas restricciones que dañaban la vida diaria y limitaban los derechos básicos de los reclusos.

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Ante la presentación, la jueza federal Subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, Analía Graciela Ramponi, le imprimió al caso el trámite de Habeas Corpus bajo la Ley Nº 23.098. Y consideró que lo relatado constituía una agravación ilegítima de las formas y condiciones de privación de la libertad de los internos de la UP N° 9.

No obstante, el mismo 27 de agosto, la jueza Ramponi declaró su incompetencia territorial para intervenir. En su resolución, sostuvo que debe actuar el juez que posea jurisdicción sobre el lugar físico donde la persona se encuentra recluida. Por ende, al estar el penal en Gualeguaychú, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal de dicha ciudad. El Fiscal General interino, José Ignacio Candioti, coincidió inicialmente en que al estar los internos alojados en Gualeguaychú, dicho juzgado federal era territorialmente competente para entender en las actuaciones por razones geográficas.

La Cámara Federal remitió las actuaciones a la Justicia provincial

El caso ascendió en consulta ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Estela Aranguren (Presidente), Mateo José Busaniche (Vicepresidente) y Cintia Graciela Gómez. los magistrados revisaron minuciosamente el planteo jurisdiccional y emitieron su resolución el 28 de agosto.

Según supo UNO, la Cámara desestimó que la competencia deba quedar en manos de un juez federal. Y es que del análisis de los hechos denunciados se determinó que, si bien los denunciantes son reclusos federales, las agravaciones y los tratos denunciados no emanaron de funcionarios o dependencias nacionales. Al contrario, el personal penitenciario denunciado por los tratos abusivos y las fallas médicas pertenece enteramente al Servicio Penitenciario Provincial, una fuerza dependiente del Gobierno de Entre Ríos.

Por tal motivo, la Cámara Federal de Paraná confirmó la declaración de incompetencia del juzgado federal de Concepción del Uruguay para intervenir en el fondo del asunto, pero revocó la competencia que se le pretendía atribuir al Juzgado Federal de Gualeguaychú. En su lugar, resolvió enviar las actuaciones a la Justicia Provincial de Gualeguaychú para que se designe al magistrado ordinario correspondiente para intervenir en la causa.

Orden al director de la cárcel

Pese a apartarse de la investigación directa, y debido a que los internos siguen estando a disposición del Juzgado de Concepción del Uruguay, la Cámara le ordenó formalmente al Director de la Unidad Penal Nº 9, Lucas Ariel Dufour, arbitrar con urgencia las medidas para garantizar plenamente la salud y la seguridad de los detenidos, debiendo informar de manera inmediata sobre los resguardos implementados al juzgado federal.