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Violencia de género

Por someter a su pareja al cautiverio y violencias, acordó 16 años de prisión

Juan Carlos Álvarez firmó la pena por mantener esclavizada y sometida a abusos a la mujer en una vivienda de Sauce Montrull en 2018.

Jueves 26 de Septiembre de 2019

Si la mujer no se animaba a ponerle un sedante en la comida a Juan Carlos Álvarez, quién sabe cuánto más iba a durar el infierno que estaba padeciendo desde hacía, por lo menos, un mes y medio. Gracias a esa maniobra, pudo salir corriendo de la vivienda ubicada en Sauce Montrull, en inmediaciones de la ruta nacional 12, a inicios de mayo de 2018. Lo que ella denunció y luego se descubrió en la causa judicial excedía la capacidad de asombro de los investigadores, policías y fiscales. Álvarez la había mantenido encerrada y maniatada, controlada por cámaras de vigilancia, que a la vez registraron los abusos sexuales a los que la sometía. Y todo esto adelante de los tres hijos menores de ambos.

Por estos hechos, según informaron fuentes judiciales a UNO, Álvarez acordó firmar un juicio abreviado con la Fiscalía, en el cual aceptó cumplir 16 años de prisión. Había argumentado que se encontraba poseído o que tenía alucinaciones, pero en la audiencia de ayer a la mañana, en los Tribunales de Paraná, manifestó su arrepentimiento y dijo que quería salir adelante por sus hijos. Tiene 35 años y cumplirá la condena pasando los 50.

Dicho acuerdo fue presentado por los fiscales Pablo Zoff y María Eugenia Smith, y el defensor de Álvarez, Juan Pablo Temón (quien asumió la defensa solo seis días antes), al Tribunal de Juicio integrado por Alejandro Cánepa (presidente), José María Chemez y Carolina Castagno, quienes analizarán los términos del abreviado para anunciar, la semana que viene, si lo homologan en una sentencia condenatoria.

Pruebas contundentes

El relato de la víctima en su declaración testimonial fue contundente y cada detalle que aportó a los fiscales fue corroborado en el allanamiento realizado por la Policía en la vivienda que habían alquilado. La mujer, por entonces de 28 años, dijo que había estado privada de su libertad, bajo condiciones de esclavitud: Álvarez la mantenía encadenada en la cama de la habitación, la drogaba con psicotrópicos y la abusaba sexualmente, además de golpearla en forma reiterada.

El hostigamiento y control a la víctima, con la finalidad de quebrar su voluntad, había llegado al punto de colocar dos cámaras en la habitación donde estaba maniatada, con las cuales la monitoreaba permanentemente para poder observar desde cualquier lugar los movimientos que la mujer pudiera realizar. Esto sirvió, más tarde, como evidencia fundamental para la causa, ya que en la memoria de los dispositivos quedaron registrados escenas siniestras.

Asimismo, con la misma finalidad, Álvarez había colocado señuelos en las ventanas y puertas de la vivienda. Entonces, cuando regresaba, no solo verificaba que la mujer no hubiera intentado escaparse, sino también chequeaba que esos elementos estuvieran en el mismo lugar para confirmar o descartar un intento de fuga. Esto coincide con lo manifestado por la víctima en su denuncia, donde describió que las aberturas estaban encadenadas, y en los allanamientos los policías hallaron pegamento y papeles.

La mujer explicó que antes de haber estado privada de su libertad habían existido episodios violentos en los cuales el hombre le prohibía relacionarse con otras personas, y la iba aislando cada día más.

Víctima y victimario tienen tres hijos pequeños, adelante de los cuales se producían todas las escenas violentas, el sometimiento, los golpes y los abusos.

A inicios de mayo de 2018 la mujer planeó la huida y la ejecutó: un día cocinó el almuerzo y le puso pastillas de clonazepam molidas en el puré. Cuando el hombre se durmió, ella agarró los tres chicos y salió corriendo desesperada a la ruta, a pedir auxilio. El conductor de un auto la trasladó hasta Paraná e incluso le sugirió realizar la denuncia inmediatamente.

Por la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encontraba se instrumentaron las medidas de protección con la intervención de la Dirección de Asistencia a la Víctima, mientras que los tres hijos quedaron al resguardo de los abuelos maternos.

Luego de la denuncia y el terrible relato de la víctima ante los fiscales, el Juzgado de Garantías dictó el pedido de captura inmediata de Álvarez. Pero la detención no fue tan sencilla.

Como el hombre ya sabía que la mujer se había escapado y que seguramente iba a ser denunciado, optó por esconderse en algún lugar donde nadie lo encontrara.

La localización estuvo a cargo de personal de la División Trata de la Dirección Investigaciones de la Policía provincial. En diversos allanamientos realizados en viviendas y lugares donde Álvarez frecuentaba, no lo encontraron.

Los investigadores consiguieron el número de su celular y lo llamaron reiteradamente para notificarlo de la resolución judicial, pero nunca atendió. Entonces, tiraron un anzuelo que Álvarez no tardó en morder.

Le enviaron un mensaje haciéndose pasar por una mujer que tenía intenciones de conocerlo y encontrarse con él. Enseguida Álvarez respondió. Pactaron como lugar de encuentro la esquina de calles Churruarín y Ayacucho, donde en esa época aún se encontraba la sede de la Dirección Investigaciones de la Policía.

El hombre fue puntual y cuando los policías de civil se acercaron, entendió todo: sabía que iba a quedar detenido y no saldría por mucho tiempo más. Lo arrestaron, lo identificaron en la División Antecedentes y lo trasladaron a la Alcaidía de Tribunales.

El acuerdo

Álvarez pretendió argumentar que sufría alucinaciones que lo condujeron a provocar los tormentos a su expareja. Sin embargo, se realizó una pericia psiquiátrica que fue contundente: el informe de la profesional que lo entrevistó, resultó totalmente incriminante y describió la personalidad perversa del acusado. En el legajo no había una sola prueba a favor del imputado.

El caso estuvo a punto de ir a un juicio oral, pero varias circunstancias llevaron a que las partes advirtieran que lo mejor era un acuerdo. Por un lado, para la acusación pública, más allá de que las pruebas reunidas son contundentes, posiblemente la víctima, al momento de brindar su testimonio, iba a atenuar lo sufrido, porque algo pasó en estos meses que llevó a la mujer a pretender una pena condicional. Por otro lado, la defensa sabía que esto no iba a alcanzar para lograr una pena menor y, en un debate, se iba a enfrentar a un pedido de pena de no menos de 20 años de cárcel. Por esto, finalmente en las negociaciones de último momento se llegó al acuerdo de pena de 16 años de prisión, por el delito de Privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y violencia de género.

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