Pericia balística complica a acusados de matar al policía López en Santa Elena

Un cartucho hallado en la casa de un imputado fue disparado con el arma secuestrada en el campo donde los cazadores furtivos balearon al cabo
6 de marzo 2018 · 08:46hs
Tras la muerte del cabo primero de la Policía entrerriana Sergio Martín López, la posible sanción para tres de los acusados es la prisión perpetua. El fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, les imputó el delito de Homicidio doblemente calificado, por tratarse la víctima de un policía, y por críminis causae (matar para resultar impune de otro delito). El cuarto implicado, por ser menor, recibiría una pena más leve. De todos modos, si bien la investigación está bastante avanzada, todavía quedan evidencias por producirse y no se descarta que la pena máxima termine recayendo en quien disparó la escopeta aquella tarde del 8 de febrero en la estancia Puerto Buey de Santa Elena, propiedad de un peruano.

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El juez federal Daniel Alonso, a cargo del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, resolvió “hacer lugar a la demanda interpuesta por una jubilada que solicitó que Arca cese el cobro del Impuesto a las Ganancias y la devolución de los importes cobrados.

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Los cuatro imputados tienen entre 21 y 23 años, y el menor 17, son changarines o ladrilleros, el más chico es hermano de uno de los mayores y también guardan relación de primos y amigos. Aquella noche, según confesaron tres de ellos, todos estuvieron en el lugar del hecho. No solo hay testigos presenciales, como el compañero de López y el capataz de la estancia, que los ubican en el campo huyendo de los policías, sino que al momento de ser citados a declarar, los tres que dieron sus versiones no negaron su presencia en el establecimiento rural. El cuarto decidió abstenerse de declarar.
Además, según indicó Alfieri a UNO, estando incomunicados, sin posibilidad de complotarse para una coartada, los tres que declararon señalaron al que guardó silencio como el autor del disparo.
En el caudal de pruebas reunidas en el legajo hay una que se destaca por su contundencia científica, analizada e informada por la División Scopometría de la Dirección Criminalística de la Policía. El fiscal explicó que se trata de una pericia balística que comparó una vaina servida hallada en la casa de uno de los imputados y otra que se encontraba en el interior de la escopeta que fue secuestrada en el campo donde ocurrió el asesinato. El resultado fue la correspondencia entre ambos elementos. Es decir que las dos vainas fueron disparadas con la misma arma de fuego, conclusión que se llega al comparar la marca que deja la percusión de la escopeta (que siempre es idéntica) en el culote de cada cartucho.
Como si fuera poco, esa vaina fue secuestrada en la casa del joven señalado como quien le disparó a López.
Esa escopeta fue secuestrada en el campo dos días después, durante los amplios rastrillajes en el campo, donde también encontraron un aire comprimido transformado en carabina (un arma ilegal), las que habían sido escondidas en diferentes lugares, y también se hallaron cinco mochilas.

La situación de cada uno
Según se pudo reconstruir en la investigación, en total eran cinco los cazadores furtivos que estaban en la mencionada estancia aquella tarde y que fueron vistos por el cuidador que llamó a la Policía. Primero arribaron al lugar López y su compañero, quienes junto al baqueano comenzaron la persecución por el monte. Al llegar a una cañada, los intrusos se parapetaron detrás de unos pajonales, y al acercarse López uno de ellos se apareció a unos ocho metros y le gritó algo así como "te mato milico de mierda". Le disparó y la perdigonada le destrozó la zona abdominal. Luego, la historia conocida: el cabo agonizó dos semanas y murió por una falla multiorgánica en el hospital San Martín de Paraná.
Unas horas después los cinco jóvenes que estaban en el campo fueron detenidos. El adolescente menor de edad quedó a cargo de su madre, con abordaje del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). El jueves, uno de los cuatro mayores fue desvinculado del homicidio, ya que había sido detenido antes de llegar a la cañada, donde se produjo el disparo, pero quedó imputado por el delito de Portación ilegal de arma de fuego. Los otros tres siguen con prisión preventiva, que el viernes fue prorrogada por 30 días más, en la Unidad Penal N° 1.
La imputación por Homicidio calificado se debe, por un lado, a la condición de integrante de fuerza de seguridad de la víctima, y por otro, a que el crimen fue cometido para salir impune del delito de Portación ilegítima de arma de fuego. Más allá de que uno fue el que disparó, los cuatro que estaban allí en ese momento se iban a ver beneficiados del disparo para salir impunes.
De momento, según informó Alfieri: "Más allá del señalamiento de los acusados, no surgió objetivamente nada que permita inexorablemente determinar quién disparó".
El fiscal espera para los próximos días otras medidas de prueba que solicitó, como la distancia y el ángulo del disparo, el dermotest y el análisis de rastros sobre camisas y pantalones secuestrados en las viviendas de los sospechosos.

¿Precedente o reacción demagógica por una publicación?

En un hecho inédito, un empleado público quedó sin trabajo por una publicación en Facebook. Autoridades provinciales y del Iosper rescindieron el contrato del empleado que se burló de la muerte del policía Sergio Martín López, y también había expresado polémicos dichos tras el fallecimiento del niño Tiziano Cáceres.
"Alguien sabe quién es el cazador? Le tengo qe (Sic) mandar sus $25 pesitos por el trabajo jaja", escribió Misael Aranda.
Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de la abogada Rosario Romero, resaltaron "esta decisión de la obra social provincial, de la que la Policía también es parte y abogamos porque el respeto a la dignidad humana sean condición de toda persona que trabaje en el Estado".
Habrá que ver si esta medida marca un precedente o solo resulta una reacción demagógica por el escándalo de la aberrante publicación del desubicado empleado público en una red social. Cabe recordar que funcionarios públicos y muchas personas, entre ellas empleados del Estado, han escrito en sus redes sociales repudiables palabras ante hechos como la entonces desaparición de Santiago Maldonado o la ejecución de Rafael Nahuel en el sur del país. Incluso cuando ocurre un crimen en una zona marginal de Paraná, se pueden leer comentarios discriminatorios tales como "uno menos" o "crimen ecológico", lo que también se ha escuchado en conocidos medios de Paraná sin que jamás haya existido sanción ni escándalo.

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