Mazzaferri es el primer represor en pedir la domiciliaria por el Covid-19

Más de un centenar de represores condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina han aprovechado el contexto de la emergencia sanitaria para pedir irse a sus casas. En Entre Ríos, el primero fue Darío Mazzaferri, exagente de la Policía Federal Argentina condenado a 20 años de prisión por secuestros y torturas perpetrados durante la última dictadura cívico militar en Concepción del Uruguay, en los acontecimientos que se recuerdan como La Noche del Mimeógrafo. El argumento es el mismo que han planteado centenas de internos en toda la provincia y el país: el riesgo de contagio de coronavirus. Hasta ahora, la mayoría de las resoluciones han sido negativas, pero habrá que esperar los próximos días para conocer la respuesta del Tribunal Oral Federal de Paraná.

La Justicia Federal en la provincia está abocada prácticamente por completo a analizar y resolver sobre los pedidos de prisión domiciliaria, mayormente, y de libertad condicional, de parte de presos federales que en las cárceles locales rondan los 600. Fuentes de este fuero indicaron a UNO que a veces ingresan de a 10. Si bien hay varios pedidos de abogados particulares, principalmente es la Defensoría Pública Oficial la que ha presentado la mayor cantidad de estos planteos. En esto tuvo mucho que ver la resolución de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien recomendó a los defensores del país a agilizar los pedidos de libertad condicional o morigeración de condiciones de prisión por el riesgo de contagios en las abarrotadas unidades penales.

En el caso de los condenados por delitos contra la humanidad, corre a su favor la edad, ya que muchos son viejos debido a las décadas que demoró el Estado en hacer justicia. Sin embargo, esto solo no basta como argumento para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Mazzaferri tiene 67 años y recibió la sentencia hace dos años y medio que lo confinó a la larga pena de prisión por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Se acreditó en el juicio su activa participación en una patota de la delegación de la PFA de Concepción del Uruguay “que se dedicaba a irrumpir en domicilios sin orden judicial alguna, a secuestrar jóvenes de las calles de la ciudad o de sus propios hogares, a mantenerlos en cautiverio en condiciones de total indignidad y a aplicarles diversos tipos de tormentos tanto físicos como psíquicos”, como sostuvo el fiscal general José Ignacio Candioti.

Ayer ingresó su pedido de arresto domiciliario, fundado en el peligro de contraer Covid-19. Ahora tanto el fiscal como los querellantes deberán emitir sus dictámenes, y en los próximos días deberá resolver la jueza de Ejecución del TOF, Noemí Berros. En otros tribunales del país se registró más de un centenar de pedidos similares de represores. Según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en base a los informes de fiscales de todo el país, hasta el lunes eran 113 los presos que solicitaron poder irse a sus casas a cumplir su arresto. La titular de esta unidad fiscal de la Procuración General, Ángeles Ramos, dijo a Infobae: “Claramente todos ellos pertenecen a grupos de riesgo, pero hay que estudiar si en estos momentos cuentan con la atención médica que necesitan, en un escenario en donde el virus no ingresó a la cárcel y el Servicio Penitenciario Federal hizo buenos protocolos para evitar que eso suceda”, y agregó: “Si vamos a flexibilizar las detenciones, esclarezcamos por qué delitos vamos a empezar”.

Por otra parte, se informó a UNO que también el recluso Gustavo Alfonzo solicitó la domiciliaria. El condenado por explotación sexual de chicas en Concordia ya había pedido el beneficio de salidas laborales, pero se lo rechazaron poco antes de la declaración de la pandemia por mal comportamiento. Ahora la solicitud se basa en que conformaría el grupo de riesgo, ya que, como dijo en el juicio hace tres años, tiene diabetes.

Estos casos deberán contar, además, con la opinión de las víctimas de cada condenado, por la vigencia de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, cuya opinión debe ser tenida en cuenta al momento de resolver.

Sin embargo, la discusión parece que no pasa solamente por si el interno pertenece o no al grupo de riesgo determinado por la Organización Mundial de la Salud, sino que se plantea cuál es la diferencia de peligro estando en la cárcel o en su casa, ya que no se ha registrado ningún contagio en unidades penales de la provincia.

Esto ha sido planteado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, al responder la presentación de 66 hábeas corpus de procesados con prisión preventiva: “El traslado de los mismos en el marco de la pandemia por coronavirus Covid-19, implica un riesgo mayor al que se pretende conjurar mediante la reposición interpuesta”. A su vez, refirió que “el director de la Unidad Penal N° 1 informa que al día de la fecha no se han registrado internos afectados con coronavirus. Asimismo, -agregó en la resolución- comunica que se está acondicionando un pabellón de uso exclusivo de aislamiento preventivo en caso de surgir algún paciente con signos y síntomas de Covid-19, con medidas de bioseguridad acordes, como así también se ha reordenado el cronograma de labor a cada funcionario penitenciario, a fin de reducir el tránsito de los mismos dentro de la institución, reforzando también el cordón de seguridad, proveyéndoles diariamente a cada uno de los elementos de bioseguridad (barbijos, alcohol en gel, etc.)”, señala también la resolución, de fecha 3 de abril.

Según indicó canal 9 Litoral, Ríos rechazó el reclamo de los presos alojados en el pabellón 11 de la Unidad Penal Nº 1 que hicieron huelga de hambre denunciando abandono de persona y violación de sus derechos.