Los condenaron hace una semana por narcotráfico, pero ya están en sus casas

Hace una semana 10 personas fueron condenadas por integrar una red narco que operaba en la costa del Uruguay. Sin embargo todos ya están en sus casas junto a sus familias, algunos por estar enfermos y otros beneficiados por el tiempo que llevaban detenidos con prisión preventiva.

A ocho días de la condena, los policías federales Sergio Andrés García y José María Gómez; y el gendarme Carlos Francisco Acosta abandonaron la cárcel. El miércoles 7, los tres recibieron una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado, es decir, por brindar protección a la organización narco liderada por el concordiense Mario González, que gracias a ese amparo y a cambio de dinero se mantuvo prófugo de la Justicia por varios años.

Los tres funcionarios públicos, que no podrán integrar una fuerza de seguridad nunca más, accedieron a la libertad condicional por llevar dos años detenidos con prisión preventiva. A su vez, el Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó a 10 personas por integrar una red narco que vendía cocaína y marihuana en la costa del Uruguay.

Ahora los defensores y la Fiscalía tienen 10 días para presentar recursos de Casación si creen que el fallo es injusto.

Entre los 10 condenados están los líderes Mario Roberto González y Javier Alejandro Caire, que fueron sentenciados como organizadores de la asociación ilícita y recibieron penas de cinco años y seis meses de prisión. Ambos están reclamando la prisión domiciliaria por problemas de salud y se les concedió. El resto de la organización criminal, que fue desbaratada en dos tramos, primero en 2012 y luego en 2015, por los años de pena que recibió están libres.

Sobre la inocencia del comisario inspector Mario Alberto Núñez, de 45 años y 26 de carrera en la Policía de Entre Ríos, el Tribunal Oral Federal dijo que no sabía que hablaba con Mario González.

El veredicto dice: "En consecuencia, no queda explicitado que Núñez supiera que hablaba con el prófugo González, como lo afirmara el titular de la acción penal. No obstante esas comunicaciones, a diferencia de los otros funcionarios, no surge que Núñez le aportara datos a González acerca de procedimientos, de seguimientos, o le ofreciera informes sobre el accionar de sus compañeros de la Policía. El señor fiscal general mencionó que no existen elementos probatorios de que Núñez recibiera una contraprestación por su aporte; por supuesto, no hay pruebas de ninguna retribución, porque no hubo contribución con datos, o por lo

menos, en este proceso no se expusieron. Mario Núñez no podía tomar medidas para capturar a González que se desplazaba entre Concordia y Buenos Aires, pues estaba en funciones en esta ciudad, las tareas de inteligencia les correspondían a los funcionarios de aquella zona. En este contexto probatorio, los extremos objetivos y subjetivos para que pueda calificarse la conducta de Núñez como incumplimiento de sus deberes de funcionario público, en concurso real con encubrimiento, no se han acreditado. Por los fundamentos precedentes debe acogerse el pedido absolutorio expuesto por el abogado Rafael Briceño, al formular sus alegatos críticos, pues quedó establecido que la conducta desplegada por su defendido no reúne los elementos

y requisitos que propone la dogmática penal, pues para configurar un injusto que a un sujeto le sea reprochable, es necesario que se determine inexorablemente: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad".

Además, los jueces no le dan cabida a la acusación del exjefe de Operaciones de la Dirección Toxicología sobre una supuesta interna que lo terminó afectando. Núñez acusó directamente al subjefe de la Policía de Entre Ríos, José Lauman, de implicarlo en la causa.

En el punto 18, el Tribunal Oral Federal ordenó devolver el dinero oportunamente secuestrado a Mirta Noemí Sayavedra (26.800 pesos) condenada a un año de prisión efectiva y a los absueltos Santiago Javier Acosta (139.000 pesos) y a Néstor Javier Neuvirth (9.400 pesos). Mientras tanto que se decomisó la plata secuestrada a Mario Roberto González (23.900 pesos) y a Javier Alejandro Caire (61.200 pesos), más los vehículos que utilizaba la banda narco para movilizarse en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay. El dinero y los autos y camionetas secuestradas pasan manos del Poder Judicial de la Nación, que luego destina a la lucha contra el narcotráfico.