La Justicia reclama un trabajo conjunto por las personas en situación de calle

En los tribunales de Paraná se desarrolló esta mañana el segundo encuentro convocado por la Defensoría General a fin de que se ajusten todos los aspectos para una mejor atención y contención de las personas en situación de calle en la capital entrerriana.

La situación de las personas que viven en la calle en la ciudad de Paraná fue motivo de una primera reunión que se realizó este martes por la mañana, convocada por el Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez.

A partir de un caso concreto, de un ciudadano en deplorable estado de salud, presentado por la Defensoría del Pueblo de Paraná ante la Justicia, se retomó la problemática que involucra a decenas de personas que deambulan por la ciudad y que ha generado una serie de acciones en la última década – iniciadas en su mayoría desde esta institución- sin que todavía se hayan instrumentado medidas de fondo.

La reunión se llevó a cabo en el edificio de Tribunales, en Laprida 255, y participaron el defensor Maximiliano Benítez y la secretaria de la Defensoría General Lorena Calí; el Defensor del Pueblo, Luis Garay; el director del Hospital San Martín, Fernando Giménez, junto a integrantes del nosocomio, y Fernanda Ferrando y Martín Turriani por la Dirección de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos.

El de hoy fue el primer encuentro que tendrá continuidad el próximo 24 de mayo en Tribunales, para el que desde la Defensoría General se reiterarán las invitaciones a las áreas pertinentes de la Municipalidad de Paraná y de la provincia. También se convocarán a otras organizaciones.

Benítez abrió el encuentro planteando la necesidad de que el Estado atienda la situación de las personas que viven en extrema vulnerabilidad y para ello, planteó que se vuelve imperioso que las distintas áreas se pongan de acuerdo y coordinen acciones. Para eso, propuso la posibilidad de diseñar un protocolo de intervención que garantice la atención en ese ámbito, en el convencimiento de que la judicialización de ese tipo de casos no redunda en soluciones de fondo.

Seguidamente, el Defensor del Pueblo de Paraná informó que la problemática viene siendo una profunda preocupación de la institución desde hace más de una década. Explicó que la posición que mantiene la Defensoría -y que ha expresado en distintas oportunidades a lo largo del tiempo- se basa en el pedido de aplicación de medidas de fondo e integrales, que atiendan no sólo la falta de un lugar para alojarse, comida y abrigo, sino que también -y fundamentalmente- el estado emotivo y psicológico, las razones que hacen que "una persona un día deje de dormir en su casa para irse a la calle".

En ese sentido, mencionó la existencia de la ordenanza municipal Nº 8.932, que está vigente desde 2010 pero que no se ha instrumentado todavía, por la que se crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en el ámbito de la Ciudad de Paraná. La aplicación de esta norma viene siendo un pedido reiterado de parte de la institución junto a organizaciones sociales, de voluntarios que trabajan en la atención de las personas que están en la calle.

Por su parte, el director del Hospital San Martín se refirió al procedimiento que se lleva adelante en el nosocomio y fundamentó la necesidad de que se aborde, en una primera instancia, la atención mediante agentes sanitarios. Describió la alta demanda que tiene el hospital y expuso, como una situación social también de alta vulnerabilidad que tiene impacto en el establecimiento, la existencia de personas con obra social y parientes que pese a tener el alta médico permanecen internadas porque no tiene dónde ir.

El tema de los ciudadanos en situación de calle ocupa a la Defensoría del Pueblo desde prácticamente el inicio de la institución en 2003. En diciembre de ese año impulsó un proyecto de ordenanza que proponía la creación de un albergue, entre otras medidas. La casa denominada Hogar Madre Teresa de Calcuta se instauró en 2007, pero casi enseguida dejó de atender a la franja de ciudadanos para la que había sido creada y se dedicó a otra, también con necesidades.

En marzo de 2013, la institución emitió una Recomendación instando a "los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes, a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle". Y en abril de 2015, la Defensoría elevó otra Recomendación, por la que solicitó al Ejecutivo municipal que reglamente la ordenanza 8.932 e instruya su implementación.