La Fiscalía reclamó duras condenas para cinco narcos

Para la fiscalía no hay dudas de que los cinco concordienses procesados por la venta de drogas en esa ciudad entrerriana conformaban una banda de narcotraficantes que compraba cocaína en Buenos Aires y la vendía en la Capital del Citrus. Así lo dejó aclarado en los alegatos y en las severas penas que solicitó para los acusados. Por su parte, los defensores exigieron nulidades y la absolución de sus representados.

El fiscal federal José Candioti expuso ante el tribunal y durante más de una dos horas desarrolló su hipótesis del accionar de la banda que durante dos año fue seguida por la Gendarmería Nacional y que terminó con la imputación de cinco personas. Pidió penas que fueron desde los seis años hasta los nueve.

La condena más importante estuvo dirigida a la supuesta jefa, Norma Beatriz Cabrera, que desde su casa en calle Urdinarrain, manejaba la organización. Para ella exigió una pena de nueve años de cárcel, mientras que para el hijo de Cabrera, José María Rey, otra pieza clave en la organización requirió ocho años de prisión y el cese de la libertad en forma inmediata. El hijo de la jefa era el encargado de realizar la compra de dólares en Salto, Uruguay, y de realizar las cobranzas.

Para los supuestos vendedores de la droga Juan José Martínez y Natalia Bonazzola la fiscalía exigió una condena de seis años y seis meses de cárcel. El matrimonio tenía en kiosco donde, según la fiscalía, se vendía la cocaína que Cabrera hacía traer desde Buenos Aires. Para la mula, Silvio Blanco el fiscal pidió la menor pena: seis años de prisión.

Por otra parte, la fiscalía pidió que se investigue si existe alguna complicidad policial (Norma Bonazzola declaró como arrepentida y acusó a un policía entrerriano de obligarla a vender droga). En caso de existir, dijo, que se aplique una reducción de la condena tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 23.737: "...el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación".

Los abogados defensores son Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que representan al matrimonio Bonazzola-Martínez; y los concordienses Juan José Buktenica y Francisco Azcué, defienden a Cabrera y su hijo José María Rey. Mario Franchi, defensor oficial representa a Blanco.

Los abogados Buktenica, Azcué y Franchi plantearon nulidades con respecto al secuestro del estupefaciente y realizaron evaluaciones a favor de sus representados.

Primero Buktenica planteó que es falso lo que dice Gendarmería acerca de que observaron en el listado de pasajeros que Blanco viajaba de Buenos Aires a Concordia en un colectivo de la empresa Flecha Bus porque no está asentado. Entonces se preguntó ¿cómo puede saber que Blanco iba a viajar? Por su parte, Franchi sostuvo que Gendarmería hizo un procedimiento selectivo cuando paró el colectivo y detuvo a Blanco, ya que fueron directamente a él. Para responder estos planteos de nulidad, el Tribunal dispuso que el juicio continúe el jueves. Ese día responderá la fiscalía al planteo y el Tribunal deberá resolver.

A su turno, Vartorelli reclamó la absolución de Martínez por considerar que es ajeno a la venta de estupefaciente que realizaba su esposa. Afirmó que su cliente no sabía y que no está probado que haya participado en la comercialización de cocaína. A su vez explicó que el teléfono de su cliente no tiene mensajes ni nada que lo involucre al delito.

Miguel Cullen ejerció la defensa de Bonazzola. El abogado pidió que se aplique la figura del arrepentido establecida en el artículo 29 ter de la Ley 23.737. En ese orden solicitó o la absolución o una disminución de la pena, ya que ella colaboró y aportó datos de interés arriesgando su propia vida y la de sus hijos. Sin embargo, para que se aplique esta figura, Bonazzola debe esperar que la revelación que ella realizó se compruebe.

Bonazzola contó que un policía entrerriano que cumplía funciones como custodia en la puerta el jardín maternal Frutillitas ubicado en Dr. Sauré y calle 60 la presionaba para vender cocaína. La mujer dio nombre y apellido y aportó los mensajes que supuestamente le enviaba este uniformado. Según reveló la mujer, el supuesto policía en cuestión, iba asiduamente a su vivienda y la amenazaba para que siguiera con el negocio del comercio de estupefacientes, la extorsionaba con el dinero y otras cuestiones, e incluso le llevaba la droga para fraccionar y vender. Además, el presunto policía le pedía plata argumentando que tenía que pagarle a sus superiores de la Jefatura Departamental de Concordia, incluso "hasta el juez". Ante esta denuncia, el tribunal integrado por Noemí Berros -presidenta-, Lilia Carnero y Roberto López Arango ofició al jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, a informar si en un período anterior de dos años a la fecha mencionada, hubo un policía trabajando en la guardia de custodia de dicho jardín, y en tal caso cuál era su nombre, para luego avanzar en la investigación que confirme o descarte los dichos de Bonazzola.

El 23 de mayo de 2014 y tras dos años de investigación Gendarmería interceptó en Puerto Yeruá un colectivo en el que viajaba Silvio Blanco, a quien le secuestraron dos kilos de cocaína y quedó detenido. Momentos más tarde se hicieron los allanamientos para terminar de desbaratar la banda: uno en la casa de Cabrera y su hijo, y otro en el kiosco (que era la pantalla del negocio) donde vivían Martínez y Bonazzola.

La droga secuestrada equivalía a 30.000 dosis de cocaína, lo que a valores de hoy se podría estimar en medio millón de pesos.

Esta investigación se inició como una de las líneas que surgieron luego de que explotara en Concordia la cocina de cocaína en 2011, por la cual fue condenado Rafael Benítez. Un hombre que aparecía vinculado a esta organización que fabricaba estupefacientes era Mariano Barrios, marido de Cabrera. Cuando Gendarmería estaba tras sus pasos, Barrios volcó en Misiones en una camioneta con 200 kilos de marihuana y quedó detenido. Pero la pesquisa continuó y llegó a Cabrera y los demás acusados.

El sargento de la Gendarmería Carlos Francisco Acosta fue uno de los que dirigió la investigación. El hombre está preso, procesado por el delito de Asociación ilícita con narcotraficantes en Concordia. Es uno de los cuatro integrantes de fuerzas de seguridad (más dos de la Policía Federal y uno de la entrerriana) implicados en la megacausa que se inició hace un año y tres meses, que tiene a 14 personas imputadas. Acosta, en su declaración de ayer, dijo que el proveedor de La Peti era un hombre radicado en Buenos Aires que le decían El Gordo, de nombre Roberto. Casualmente, el narco que lideraba la banda con la que Acosta colaboraba era Mario Roberto González, alias El Gordo.

El fiscal Federal, José Candioti cerró su alegato destacando la investigación realizada por Gendarmería que llevó más de dos años de trabajo y exigió que "no quede impune".