Juzgan a un policía que mató a su primo de un tiro en la boca

Dos hombres, el mismo apellido, vidas muy diferentes y un final sangriento. Antonio Roberto Ayala, de 52 años, es un policía que en el año 2009 prestaba servicios en la comisaría 12ª de Paraná; Esteban Ramón Ayala tenía 29, en esa misma época acababa de cumplir una condena por asesinar a un policía y se fue a vivir a la casa de al lado de su primo, en calle Fraternidad al 500.
 

El suboficial de policía llevaba una vida normal de trabajo y la llegada de su primo hermano al barrio agudizó un conflicto familiar que tenía historia. Una tarde, en una de las tantas peleas, Antonio sacó su arma reglamentaria y mató a Esteban de un disparo en la boca, a corta distancia. Enseguida entregó la pistola a sus jefes y se puso a disposición de la Justicia.
 

Desde ayer, cuatro años y medio después de aquel 19 setiembre de 2009, Ayala es juzgado por el homicidio, y cuenta con la defensa de Marcos Rodríguez Allende. No solo enfrenta la acusación de la Fiscalía, representada por Carolina Castagno, sino también la querella de la otra parte de la familia, que nunca más se volvió a unir, con los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik. Además, los familiares de la víctima demandan civilmente al Estado provincial, ya que un funcionario de la provincia asesinó al joven con un arma que le dio el propio Estado.
 

El principal punto de discusión entre las partes es sobre las circunstancias en que el policía efectuó el disparo mortal: si fue una acción “calculada y fría”, como sostiene la acusación, o si se trató de un acto de legítima defensa ante el ataque de su primo con un arma blanca.

Versiones enfrentadas
 

Ayala no declaró ante el tribunal, pero se remitió a la declaración que dio en la instrucción de la causa: que esa tarde sintió ruidos en el techo de su casa y subió por la escalera a ver qué sucedía. En la losa de un balcón que estaba construyendo se encontró con el primo, en estado de ebriedad, que tenía en la mano un serrucho y pretendía cortar y robarse unos palos. El policía subió para evitarlo, discutieron unos minutos pero el joven sacó un cuchillo y lo atacó. El hombre sacó su pistola 9 milímetros y se defendió disparándole a la cabeza.
 

Muy distinta es la versión que dio un testigo pariente de la víctima ayer en el juicio: dijo que el joven no portaba ninguna arma blanca y que fue ultimado por el policía sin mediar una pelea.
 

Pero otros dos testigos, vecinos de la vivienda, aseguraron lo contrario: que el fallecido tenía un cuchillo con el que atacó a su primo, por lo que el mayor de los Ayala se defendió con su arma. El arma blanca fue secuestrada por la Policía en el lugar del hecho, al igual que el serrucho, y el médico que revisó al imputado constató dos cortes en un brazo.
 

La cuestión a dilucidar es que la víctima cayó sobre el techo de la casa vecina, no en el lugar donde comenzó la pelea. Por eso, hoy se realizará una inspección judicial en la vivienda.
 

El caso demuestra, entre otras cosas, las vueltas de la vida: un joven condenado por matar a un policía, terminó muerto de un tiro por otro uniformado. Y un efectivo cuyo fin era apresar a ladrones, ahora corre el riesgo de terminar tras las rejas.

La cifra
 

200.000 Pesos es el reclamo civil de Andrés Ayala, familiar de la víctima, al estado provincial, por el daño material y moral ocasionado por el asesinato de un agente policial.