Evasión de Waigel: la pericia dejó cerca el procesamiento

Javier Aragón/ De la Redacción de UNO
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Es más que complejo el panorama para los integrantes de la familia Waigel que están siendo investigados simultáneamente en la Justicia provincial como Federal por los delitos de quiebra fraudulenta e insolvencia fiscal, respectivamente. En medio de las diligencias de las extensas causas, se conoció que los abogados querellantes en representación de la AFIP pidieron nuevamente el procesamiento de una parte de los imputados luego de que se conociera una pericia clave que determinó las irregularidades.
 

Los integrantes de la quebrada empresa Waigel de Crespo, siguen acumulando causas en su contra, tras las maniobras irregulares que se detectaron para provocar la crisis económica y financiera con el fin de no cumplir con las obligaciones salariales y de acreedores por casi 40 millones de pesos. Se sabe que antes de la investigación judicial en el juzgado de Elvio Garzón, ya existía una causa en la Justicia Federal en la cual la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció a los integrantes del exdirectorio por el delito de Insolvencia fraudulenta, por entender que son maniobras ilegales de traspaso de bienes entre familiares directos con el fin de evitar el pago de los tributos.
 

En la actualidad en el Juzgado de Garzón se encuentran imputadas 20 personas entre familiares, abogados, contadores y escribanos. En tanto que en la Justicia Federal de Paraná hay tres imputados.
 

En esta causa el juez Federal Leandro Ríos tiene para resolver el pedido de la AFIP para que se procese a Miguel Artemio Waigel, Daniel Campos y Silvina Vargas. El reclamo de los querellantes aun no fue resuelto, pero sí se dispuso de parte de la Justicia imputar al resto de los integrantes del ex directorio, como también de profesionales que participaron en las maniobras delictivas, muy similares a las que se investigan en el Juzgado de Garzón.

Pericia clave
¿Por qué la AFIP reclamó el procesamiento de los primeros acusados?, sencillamente porque hace pocas semanas se conoció el informe de los peritos oficiales de la justicia que detectaron maniobras que provocaron la insolvencia fraudulenta.
 

Hay que alertar que por distintas maniobras dilatorias de los abogados de los acusados, esta causa que se inició en el año 2.006, recién por estos días está avanzando firme en la Justicia Federal. La AFIP reclamó en esa instancia la imputación por entender que se descubrieron en distintas inspecciones actos preparatorios de desapoderamiento mediante la transferencia a accionistas de varios inmuebles.
 

Ocurrido esto, se descubrió que el 25 de agosto de 2009 la apertura del concurso preventivo de la persona jurídica mencionada, siendo acreedor el Fisco nacional de la suma de 4.714.921,80 pesos y que forman parte de la sindicatura de los contadores Cerini, que a posteriore permitieron la causa penal en la justicia provincial.
 

En lo que se investiga en la Justicia Federal, de la verificación en los sistemas informáticos de la AFIP, se detectó que los compradores familiares y parientes directos no poseían la capacidad económica para adquirir los inmuebles. Por ello llamó la atención que algunos se encontraban inscriptos como monotributistas en la categoría más baja, u otros que no poseían inmuebles registrables, ni movimientos bancarios, e incluso uno se inscribió en fecha cercana a las maniobras en el impuesto a las ganancias donde declaró una adquisición.
 

Para los abogados de la AFIP como el fiscal de la justicia federal de Paraná, la maniobra de los Waigel, en especial de Miguel Artemio, habría consistido en simular el traspaso de bienes mediante un negocio oneroso de compraventa, usando idénticas e interpósitas personas y la intervención de los mismos escribanos. Todas las operaciones de transferencia de dominio habrían sido realizadas con la intervención de dos escribanos y contadores de la capital entrerriana, de Crespo y de un par de abogados de la capital santafesina.
 

En las actas públicas, se detectaron las maniobras de transferencias de determinados inmuebles, revocándose luego el negocio simulado en de agosto de 2009.
 

Se acusó que Miguel Artemio avanzó con las medidas prohibidas a partir del 16 de julio de 2007, y pese a tener conocimiento de la deuda fiscal, avanzó con el desapoderamiento de 16 inmuebles, buscando encubrir las maniobras aludidas concursando la firma en el mismo año.
 

De la investigación de la AFIP se determinó al igual que en la Justicia provincial, que se provocó el vaciamiento de la firma ya que no habían cancelado ninguna de las obligaciones fiscales, tributarias y provisionales infligiendo de esta manera la Ley Penal Tributaria.
 

Para el organismo como la fiscalía, Miguel Artemio Waigel, pese a conocer el tenor de las deudas, inició el concurso preventivo un mes más tarde al desapoderamiento de los bienes inmuebles, a efectos de crear una incapacidad patrimonial para hacer frente a dicha deuda.
 

“La dilapidación de la cantidad de bienes que resultan significativos, si tenemos en cuenta el patrimonio de la firma, valiéndose de interpósitas personas con incapacidades económicas para comprar bienes inmuebles, debe ser entendida como una Insolvencia fiscal fraudulenta”, se hizo notar en la denuncia impulsada.
 

Esta figura penal, es aquella que se reprime a quien mediante conductas ilícitas tendientes a disminuir su patrimonio frustra el cobro de obligaciones exigidas por el fisco nacional.
 

En esta causa, desde la Justicia Federal, no solo se cree que Miguel Artemio Waigel es responsable de las maniobras como titular del director de la firma, luego quebrada, sino que se apuntalan las sospechas al resto de los ejecutores de las maniobras por considerarlos partícipes necesarios.
 

A las autoridades judiciales, no les fue un dato menor en que algunos de los sospechados, en especial Daniel Campos y Silvina Vargas, que eran cónyuges entre sí, ambos fueron destinatarios de las transferencias para las cuales no tenían capacidad económica suficiente, tan es así que se habrían dado de alta en impuestos.

De Laprida a 25 de Mayo
Se hizo saber a UNO desde la Justicia Federal que el procesamiento se resolverá en un corto plazo, pero una vez que se los indague al resto de los imputados familiares como profesionales que también deberán comenzar a comparecer en los tribunales Federales de Paraná.
 

De esta manera, gran parte de los imputados en los tribunales de provinciales de calle Laprida, deberán presentarse en fechas a determinar en las próximas semanas por el edificio de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana.

En tanto, en Crespo llamativamente se observó en los últimos meses un enfriamiento llamativo de la comunidad. Se hizo notar que por motivos que se desconocen las movilizaciones y exteriorizaciones de malestar en los medios de comunicación local dejaron de aparecer.