"Es un precedente que va a ayudar a los docentes de escuelas fumigadas en Argentina"

Tras el histórico fallo del Tribunal de Concepción del Uruguay que condenó a los tres imputados por la fumigación de la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, la docente que impulsó la denuncia hizo hincapié en la importancia del precedente.

En diálogo con 97.1 La Red Paraná Mariela Leiva, conmovida, indicó que este no es el logro de una docente sino de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que, además de bregar por las mejoras salariales de los docentes de la provincia también luchan por un ambiente sano.

Leiva recordó cuando en diciembre de 2014 un viento norte les echó sobre la escuela los agrotóxicos que un avión fumigador debía dispersar en un campo de arroz lindero al predio del establecimiento educativo y los síntomas casi inmediatos sobre ella y sus alumnos.

Un médico del hospital de Santa Anita constató la intoxicación y a partir de su diagnóstico comenzó a gestarse la causa judicial que terminó con la condena de los tres imputados, el dueño de la empresa fumigadora, el productor agropecuario y el piloto del avión.

"Pasaron tres años y ahora los condenaron. Recién estoy cayendo sobre lo que se logró. Es un precedente que va a ayudar en la lucha de todos los docentes de escuelas rurales a los largo y a lo ancho del país", dijo emocionada.

Este martes se leyó el adelanto de sentencia por el cual se condenó a un año y medio de prisión al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al productor del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker y al piloto César Martín Visconti.

El fiscal Fernando Lombardi, en los alegatos, había aclarado que la solicitud de condena no era contra la actividad agropecuaria en sí sino la conducta negligente que, aunque involuntaria, causó un perjuicio contra las personas corroborado por un profesional médico.

También había quedado comprobado que no se cumplió el protocolo de avisar con 48 horas de anticipación de la actividad y que no se habían completado las planillas obligatorias con indicaciones que aseguraran una aplicación segura teniendo en cuenta las condiciones climáticas del viento.

Otro punto destacado por el fiscal, fue la falta de habilitación de la empresa fumigadora que tenía desde hacía casi un año y medio, o la falta de control sobre el avión fumigador que no estaba registrado para volar en la provincia, así como la falta de un ingeniero en el momento de realizar la actividad, algo requerido por la legislación vigente, resaltando que las leyes nacionales, provinciales y locales, están para ser cumplidas y la Justicia debe actuar para que esto suceda y proteger a la gente.

A lo largo del juicio se aportaron pruebas fílmicas y fotográficas, así también los testimonios de la médica y los policías que actuaron el día en que se produjo el hecho, por el llamado de la docente Mariela Leiva que se encontraba dando clases en la escuela.

Presiones

Desde Agmer se recalcó que, durante todo el proceso, no mermaron las presiones de distintos grupos de productores ruralistas para que la causa no avanzase. "Manifestamos nuestra conformidad con la sentencia dictada y entendemos que sienta un precedente a nivel provincial y nacional, significando el aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales, que ponen en peligro de la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente", se expresó tras el fallo.

Finalmente señalaron que la condena constituye "un aliento para todas las organizaciones que luchan a diario denunciando y promoviendo acciones para evitar el avance de estas prácticas inherentes al modelo productivo y sienta un precedente con una dura advertencia para los productores rurales, quienes deberán tomar nota de las exigencias de la ley".