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El supuesto jefe de la banda narco de Gualeguaychú se entregó hoy ante la Justicia

Gustavo Torres concurrió, junto a su abogado defensor, a Tribunales. Ayer, su hermano Matías se abstuvo de declarar y seguirá detenido.

Domingo 07 de Junio de 2020

La causa por venta de drogas al menudeo en la ciudad de Gualeguaychú avanza a pasos agigantados. El supuesto jefe de la organización delictiva se entregó esta mañana ante la justicia.

Ayer la fiscal Martina Cedrés tomó declaración indagatoria a los siete detenidos mayores de edad, entre ellos Matías Torres que junto a su hermano, son considerados los líderes de la banda que vendía droga frente al Club Tigre.

Según fuentes judiciales consultadas por UNO, Torres se abstuvo de dar explicaciones ante Cedrés quien en los próximos días solicitará las medidas de coerción para los arrestados. Además, ayer se dictó arresto domiciliario para el menor de 17 años que fue aprehendido durante el operativo realizado el viernes por Gendarmería y la Policía entrerriana. Otro que por su edad podría ser beneficiado con una domiciliaria es el hombre de 70 años que está alojado en la Departamental local.

Según supo UNO ayer, hasta ayer había dos personas prófugas. Una era Gustavo Torres quien es considerado el cerebro de la banda junto a su hermano Matías. El hombre se presentó hoy ante la fiscal. Ayer sus abogados defensores José Ostolaza, Horacio Dargains y Federico Aloy presentaron un planteo cuestionando la orden de detención emitida por el juez de Garantías Tobías Podestá a pedido de Fiscalía. Tanto Ostoloza como Dargains fueron los defensores de la joven Nahir Galarza condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, acontecido en Gualeguaychú en diciembre de 2017.

El otro buscado es lo que se denomina en el mundo narco un “soldadito”. Hasta ahora no ha sido localizado por la fuerza de seguridad provincial, pero ya habría indicios de donde puede estar.

Además de Torres estuvieron ante la fiscal otras personas que cumplían roles menores en la venta de drogas. Todas fueron imputadas por el delito de Comercio de estupefaciente agravado por la intervención de más de tres personas, figura que tiene un mínimo de seis años de prisión, por lo que no cabe pena de ejecución condicional.

Hoy la fiscal solicitará las medidas de coerción correspondiente para cada uno de los acusados. Fiscalía tendrá que fundamentar porque pedirá la prisión preventiva en unidades penales. Se cree que hay elementos para hablar de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

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