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Droga en la cárcel: piden condena por 7 gramos de marihuana

La Fiscalía Federal lo acusa por más que la droga sea para consumo personal. La defensa pidió la absolución. El juez Alonso debe resolver.

Sábado 17 de Octubre de 2020

Las cárceles están lejos de su objetivo de ser un ámbito de resocialización, y uno de los problemas que se observa día a día es el ingreso, venta y consumo de droga. En algunas causas hay agentes penitenciarios acusados o condenados por la complicidad con quienes las distribuyen en dentro los penales, pero también hay internos acusados por tener escasas cantidades, aunque sean para consumo personal.

Tal es el caso de P.B., quien cumple una condena por un homicidio ocurrido en un barrio de la zona norte de Paraná, en el marco de un enfrentamiento entre dos familias, en un contexto de vulnerabilidad social. Al joven le encontraron 7 gramos de marihuana en el bolsillo de una bermuda dentro de su celda. Luego de tres años de proceso judicial, la Fiscalía Federal lo imputó, el viernes se hizo el juicio y ahora pidió condenarlo a dos meses de prisión efectiva. La defensa pidió la absolución lisa y llana.

En Argentina la tenencia de drogas para consumo personal está permitida en cualquier lugar, pero la Fiscalía exceptúa a las cárceles e imputa a los presos que tengan en su poder sustancias para uso propio. Hace un año, un dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, por un caso ocurrido en Entre Ríos, planteó que dentro de una unidad penitenciaria un interno no cuenta con el ámbito de privacidad como si estuviera en su casa, por lo cual expone al riesgo la salud de los otros presos (ver recuadro). La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún debe resolver sobre esa causa, mientras se siguen tramitando otros procesos en la Justicia Federal con la impronta de la acusación pública.

Requisa, castigo y proceso

El 1° de junio de 2017, durante una requisa de rutina en el pabellón Primer Patio B de la Unidad Penal 1 de Paraná, los agentes penitenciarios entraron en el rancho de P.B. (la celda 11), revisaron sus pertenencias y en el bolsillo de una bermuda de jean encontraron un envoltorio blanco con marihuana, que pesó 6,9 gramos. Se labró un acta que fue enviada a la Fiscalía Federal, mientras al preso le impusieron una dura sanción administrativa: 15 días en el calabozo de aislamiento. El Ministerio Público (primero el fiscal Mario Silva y luego el subrogante Carlos García Escalada) avanzó con la imputación e insistió en enviar a juicio al interno, en un proceso que demandó tres años.

Tras ser procesado por el Juzgado Federal, el abogado defensor Juan Pablo Temón apeló la medida. En la Cámara Federal de Apelaciones, se confirmó la resolución con voto dividido: la camarista Beatriz Aranguren hizo lugar al pedido de declarar inconstitucional la persecución penal contra una persona que tenga droga para consumo personal, más allá de que esté en una cárcel, y dictó el sobreseimiento. Pero Mateo Busaniche y Cintia Gómez opinaron lo contrario y consideraron que el caso debía ir a juicio. Finalmente, esta instancia llegó el viernes pasado.

La audiencia de debate se realizó en el despacho del juez Correccional Federal Daniel Alonso, y fue seguido por P.B. a través de videoconferencia desde la cárcel. Declararon como testigos los penitenciarios que actuaron en la requisa, hace más de tres años, con lógicos olvidos.

El fiscal García Escalada, siguiendo las indicaciones del procurador Casal, argumentó que el preso puso en peligro la salud pública, ya que las condiciones carcelarias no constituyen un ámbito de intimidad. Por esto, queda excluido del criterio de la Corte Suprema que habilita el consumo de drogas exclusivamente en ámbitos privados. Solicitó dos meses de prisión efectiva.

Por su parte, el defensor Temón sostuvo que el secuestro de la sustancia se produjo dentro del espacio de uso exclusivo de P.B.. Opinó que así como se debe perseguir e investigar a los productores y proveedores de droga en vez de a los consumidores, más aún dentro de las cárceles a quienes lo ingresan y distribuyen, y dijo que se debe discutir cómo llegó esa droga al preso, en vez de si este tiene una responsabilidad penal.

Además, cuestionó que el peligro para la salud de terceros no se demostró.

También el defensor refirió que el imputado ya recibió un castigo por la mencionada sanción disciplinaria. Agregó que el joven es consumidor de marihuana según los informes médicos, y que vivió siembre en una absoluta marginalidad, en una casilla de chapa que encima fue destruida.

El miércoles, el juez Alonso adelantará el veredicto de un caso que podría sentar otro precedente para este tipo de circunstancias que llegan a la Justicia.

Otro caso de Entre Ríos será el que defina la discusión

Hace un año, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la tenencia de estupefacientes por parte de personas que se hallan detenidas en cárceles no constituye una acción privada, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, aunque lo sea para su consumo personal. Lo hizo en el marco de la causa que tiene como imputado a un preso de la Unidad Penal N° 8 de Federal, provincia Entre Ríos. El acusado fue sorprendido en posesión 16,72 gramos de marihuana en el interior de un porta termo con doble fondo, en el Sector Unidad Familiar.

Hasta ahora, todas las instancias, desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay hasta la Cámara Federal de Casación Penal, se pronunciaron por el sobreseimiento del interno, porque no se había podido acreditar que la conducta imputada hubiese colocado en peligro concreto o causado daños a bienes jurídicos o derechos de terceros, ni que el destino del estupefaciente fuera otro que el de su consumo.

Incluso, le denegaron al Ministerio Público Fiscal el recurso extraordinario ante la Corte, por lo cual la acusación se presentó en queja ante el máximo tribunal del país. Así fue que en octubre de 2019, Casal emitió un dictamen por el cual revirtió el criterio de su predecesora Alejandra Gilsa Carbó. El funcionario sostuvo que las cárceles son establecimientos donde las personas se encuentran obligadas a convivir en espacios compartidos, es decir, en condiciones tales que hacen que sea prácticamente imposible que la tenencia, y más aun, el consumo de estupefacientes puedan no tener trascendencia a terceros.

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